EE UU advierte a Nicaragua: “Este es el comienzo de las sanciones, no el fin”
La Casa Blanca condena la violencia y el “abuso contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega”
Antonia Laborde
Washington, El País
Estados Unidos no le quita los ojos de encima a Nicaragua. La Casa Blanca advirtió este lunes que continuarán las sanciones al régimen de Daniel Ortega. La Administración de Donald Trump reiteró su condena a la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno nicaragüense desde hace tres meses. Sostuvo que la responsabilidad “en última instancia” radica en el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Nicaragua incluyen la revocación de visas a los funcionarios relacionados con la violencia policial en contra de los manifestantes; el bloqueo al sistema financiero estadounidense y el congelamiento de los activos de tres altos cargos por violación a los derechos humanos; la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que han sido utilizados para reprimir violentamente las protestas pacíficas; y la paralización de las ventas y donaciones de equipos que las fuerzas de seguridad de Ortega puedan usar indebidamente. “Este es el comienzo de las sanciones, no el final”, rezaba el comunicado.
Una vez más, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el adelanto de las elecciones en el país centroamericano. Sin embargo, la semana pasada, Ortega descartó esta opción en una entrevista a la cadena de televisión amiga de Trump, Fox News. Argumentó que eso generaría “inestabilidad”. La Casa Blanca remarcó que los manifestantes nicaragüenses exigen reformas democráticas “después de años de elecciones fraudulentas y represión de la oposición”. "Estas demandas se han encontrado con violencia indiscriminada, con más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos falsamente calificados de 'golpistas' y 'terroristas' que han sido encarcelados, torturados o han desaparecido ", denunció la Administración.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que solicita al Gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. El texto "pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones".
Las protestas, que fueron desencadenadas por un plan de Ortega para recortar los beneficios de las pensiones, han avanzado en una dirección sangrienta desde su inicio. La comunidad internacional ha condenado la violencia del Gobierno de Ortega y de manera conjunta, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha exhortado al mandatario nicaragüense a adelantar las elecciones.
EE UU trabaja actualmente con otros países para responsabilizar a los culpables de la violencia, según el comunicado. La mediación de la Iglesia ha logrado que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en Nicaragua para documentar el nivel de violencia, pero su papel de negociador se ha visto cada vez más vapuleado por el Gobierno, que ahora los llama "golpistas" y rechaza sus propuestas, como el demandado adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
Washington, El País
Estados Unidos no le quita los ojos de encima a Nicaragua. La Casa Blanca advirtió este lunes que continuarán las sanciones al régimen de Daniel Ortega. La Administración de Donald Trump reiteró su condena a la violencia y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno nicaragüense desde hace tres meses. Sostuvo que la responsabilidad “en última instancia” radica en el presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Nicaragua incluyen la revocación de visas a los funcionarios relacionados con la violencia policial en contra de los manifestantes; el bloqueo al sistema financiero estadounidense y el congelamiento de los activos de tres altos cargos por violación a los derechos humanos; la devolución de los vehículos donados a la Policía Nacional de Nicaragua que han sido utilizados para reprimir violentamente las protestas pacíficas; y la paralización de las ventas y donaciones de equipos que las fuerzas de seguridad de Ortega puedan usar indebidamente. “Este es el comienzo de las sanciones, no el final”, rezaba el comunicado.
Una vez más, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el adelanto de las elecciones en el país centroamericano. Sin embargo, la semana pasada, Ortega descartó esta opción en una entrevista a la cadena de televisión amiga de Trump, Fox News. Argumentó que eso generaría “inestabilidad”. La Casa Blanca remarcó que los manifestantes nicaragüenses exigen reformas democráticas “después de años de elecciones fraudulentas y represión de la oposición”. "Estas demandas se han encontrado con violencia indiscriminada, con más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos falsamente calificados de 'golpistas' y 'terroristas' que han sido encarcelados, torturados o han desaparecido ", denunció la Administración.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que solicita al Gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. El texto "pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones".
Las protestas, que fueron desencadenadas por un plan de Ortega para recortar los beneficios de las pensiones, han avanzado en una dirección sangrienta desde su inicio. La comunidad internacional ha condenado la violencia del Gobierno de Ortega y de manera conjunta, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha exhortado al mandatario nicaragüense a adelantar las elecciones.
EE UU trabaja actualmente con otros países para responsabilizar a los culpables de la violencia, según el comunicado. La mediación de la Iglesia ha logrado que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en Nicaragua para documentar el nivel de violencia, pero su papel de negociador se ha visto cada vez más vapuleado por el Gobierno, que ahora los llama "golpistas" y rechaza sus propuestas, como el demandado adelanto de las elecciones para marzo de 2019.
