Colombia registra el asesinato de un líder social cada tres días desde la firma de la paz con las FARC
Santos ordena actuar “con toda contundencia” ante la ola de violencia contra los defensores de derechos humanos
Francesco Manetto
Bogotá, El País
Cada tres días se produce en Colombia el asesinato de un líder social. Se cuentan 178, según cálculos de la Policía, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016. En la última semana hubo al menos cuatro, en el Pacífico, en el Caribe y en el departamento de Antioquia. Ante esta nueva ola de violencia contra representantes de las comunidades y defensores de los derechos humanos, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, ordenó este jueves a las fuerzas de seguridad actuar “con toda contundencia” para dar con los responsables. La vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, recordó que en dos años y medio han sido asesinados 311 activistas, según la Defensoría del Pueblo. “Exigimos protección a líderes de restitución de tierras, a los que participan en política y a comunales que protestan contra economías ilegales”, afirmó.
El coronel José Restrepo, director de la unidad de élite de la Policía encargada de investigar estos crímenes, señaló a Caracol Radio que por ahora “se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”. En su mayoría, indicó, pertenecen a frentes disidentes de las FARC, que actúan como cárteles mafiosos disputándose el control de la producción de hoja de coca, y al Clan del Golfo, la principal organización criminal, de facto un grupo paramilitar, dedicada al narcotráfico de Colombia.
Este miércoles fue asesinada en el municipio de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cortés, coordinadora local de la campaña electoral del candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un disparo en la puerta de su casa. Hasta ese puerto del Pacífico se trasladó Santos, que ante la emergencia convocó para el próximo martes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. “Ya le di instrucción al ministro de Defensa para que enviara inspectores de la Policía y del Ejército para que se trasladaran aquí al departamento de Nariño y también al departamento del Cauca para supervisar qué está sucediendo y cómo está reaccionando la fuerza pública”, afirmó.
Estos asesinatos son un reflejo dramático de la precaria situación por la que todavía atraviesa el campo colombiano. A la habitual indefensión de los líderes comunitarios, en el punto de mira de caciques locales y redes mafiosas, se suman desde la firma de la paz los problemas derivados de los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos armados por el control del territorio. Los cultivos de hoja de coca aumentaron un 11% en 2017 y superaron las 200.000 hectáreas –más de 23.000 están concentradas en Tumaco–. Es decir, batieron un nuevo récord, según la Oficina de Control Antidroga de Estados Unidos.
Bogotá, El País
Cada tres días se produce en Colombia el asesinato de un líder social. Se cuentan 178, según cálculos de la Policía, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016. En la última semana hubo al menos cuatro, en el Pacífico, en el Caribe y en el departamento de Antioquia. Ante esta nueva ola de violencia contra representantes de las comunidades y defensores de los derechos humanos, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, ordenó este jueves a las fuerzas de seguridad actuar “con toda contundencia” para dar con los responsables. La vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, recordó que en dos años y medio han sido asesinados 311 activistas, según la Defensoría del Pueblo. “Exigimos protección a líderes de restitución de tierras, a los que participan en política y a comunales que protestan contra economías ilegales”, afirmó.
El coronel José Restrepo, director de la unidad de élite de la Policía encargada de investigar estos crímenes, señaló a Caracol Radio que por ahora “se han registrado 165 capturas de presuntos responsables de estas afectaciones”. En su mayoría, indicó, pertenecen a frentes disidentes de las FARC, que actúan como cárteles mafiosos disputándose el control de la producción de hoja de coca, y al Clan del Golfo, la principal organización criminal, de facto un grupo paramilitar, dedicada al narcotráfico de Colombia.
Este miércoles fue asesinada en el municipio de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cortés, coordinadora local de la campaña electoral del candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Acción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un disparo en la puerta de su casa. Hasta ese puerto del Pacífico se trasladó Santos, que ante la emergencia convocó para el próximo martes la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. “Ya le di instrucción al ministro de Defensa para que enviara inspectores de la Policía y del Ejército para que se trasladaran aquí al departamento de Nariño y también al departamento del Cauca para supervisar qué está sucediendo y cómo está reaccionando la fuerza pública”, afirmó.
Estos asesinatos son un reflejo dramático de la precaria situación por la que todavía atraviesa el campo colombiano. A la habitual indefensión de los líderes comunitarios, en el punto de mira de caciques locales y redes mafiosas, se suman desde la firma de la paz los problemas derivados de los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos armados por el control del territorio. Los cultivos de hoja de coca aumentaron un 11% en 2017 y superaron las 200.000 hectáreas –más de 23.000 están concentradas en Tumaco–. Es decir, batieron un nuevo récord, según la Oficina de Control Antidroga de Estados Unidos.
