Carlos Mesa: El caso Quiborax es una acción canalla
La Paz, FidesEl expresidente Carlos Mesa afirmó que el caso Quiborax es una flagrante “acción canalla” de un Gobierno con funcionarios cómplices de una empresa “pirata” a la cual le regalaron 42,6 millones de dólares.
“Es difícil encontrar un caso más flagrante de la acción canalla de un gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera, que defendieron de manera vergonzosa los intereses del país, con probadas irregularidades en el proceso internacional de más de una década y que, de la manera más descarada, tratan -basados en su impunidad y en el manejo de la justicia como una oficina servil a sus intereses- de endilgarme, sin el menor respaldo jurídico, su responsabilidad, la de regalarle 42,6 millones de dólares a unos empresarios y a una empresa pirata”, escribió Mesa en su blog.
Mesa está investigado y puede ser llevado a juicio de responsabilidades, por su Decreto Supremo con el cual expulsó a Quiborax de su concesión para explotar ulexita en el Salar de Uyuni. Según la acusación, el expresidente habría cometido ilegalidades para esa decisión y eso le costó al país los 42,6 millones en indemnización, previo un arbitraje internacional.
Según Mesa, el argumento principal de la acusación en su contra es que en el Decreto Supremo uso la figura de “revocar”, cuando debió utilizar el término de anular.
Justificó que haya usado “revocar” bajo el argumento de que esa figura jurídica correspondía cuando haya vicios en actos administrativos. Asimismo, señaló que la Superintendencia de Minas “anuló” las concesiones de Quiborax lo cual subsanaría el presunto error del Decreto.
El Gobierno también acusa a Mesa porque no realizó auditorías previas para sustentar la expulsión de Quiborax. Al respecto, el vocero de la causa marítima explicó que hubo “bloqueo expreso por parte de la empresa auditada que se negó a proveer la información solicitada, o que simple y llanamente cerró sus puertas a los funcionarios de gobierno”.
Sin embargo, Mesa señaló que las auditorías no eran necesarias porque “la anulación se hizo al comprobarse la ilegalidad absoluta de las concesiones”.
