Víctimas de Bataclan denuncian la inacción de los militares durante el atentado
Los demandantes exigen saber por qué nunca se permitió intervenir a los soldados que acudieron
Silvia Ayuso
París, El País
Víctimas y familiares de asesinados en el atentado yihadista contra la sala de conciertos parisina Bataclan el 13 de noviembre de 2015 han presentado este viernes ante la Fiscalía una denuncia por “no asistencia a personas en peligro”. Según sus abogados, con este gesto buscan ante todo una respuesta a la pregunta que nadie les ha sabido o querido contestar con claridad en los dos últimos años y medio, pese a reiterados intentos: “¿Por qué se impidió que ocho militares de la Operación Centinela que estaban delante del teatro Bataclan desde los primeros segundos del asalto intervinieran para intentar neutralizar a los terroristas?”
La demanda, presentada por un bufete de abogados en nombre de una treintena de personas, aunque no se descarta que se adhieran más víctimas y familiares, está interpuesta “contra X”, sin especificar a un responsable concreto. “No nos interesa que rueden cabezas, sino obtener respuestas”, ha explicado una de las abogadas de los demandantes, Samia Maktouf, en declaraciones a la emisora France info.
La noche del 13 de noviembre de 2015, tres comandos terroristas sembraron el terror en la capital de Francia, en alerta máxima ya desde que los atentados en enero contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío, también en París. En una noche que acabó dejando un saldo de 130 muertos y otros 400 heridos, la peor parte se la llevaron los asistentes a un concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal en Bataclan, una de las salas de conciertos más míticas de París. Allí, tres terroristas asesinaron a 90 personas e hirieron a un centenar más.
Entre las primeras fuerzas del orden que llegaron a la zona de Bataclan se encontraban ocho militares del primer regimiento de cazadores de Thierville que formaban parte de la Operación Centinela, el contingente de más de 10.000 soldados desplegados por toda Francia tras los atentados de enero. Un policía que también había llegado de los primeros a la zona del ataque relató a la comisión de investigación parlamentaria creada para estudiar la actuación durante el 13-N que solicitó que se permitiera intervenir a los militares “para detener al terrorista emboscado detrás de la salida de emergencia”. La respuesta de la Prefectura de Policía de París —los militares de la Operación Centinela estaban bajo órdenes de la autoridad civil— fue contundente: “Negativo, no impliquen a los militares, no estamos en zona de guerra”. Cuando los policías, que no tenían armas adecuadas para enfrentarse a los terroristas con fusiles automáticos, le pidieron a los militares que les prestaran sus armas, estos les indicaron que tampoco tenían permiso para ello.
El presidente de la comisión parlamentaria que investigó el 13-N, Georges Fenech, ya calificaba en 2016 como “de una pasividad inexplicable” la actuación de los militares y de sus superiores. “Es sin duda el punto más inexplicable que amerita aclaraciones”, declaró.
En un comunicado emitido este viernes por los abogados de las víctimas y familiares demandantes, se califica como “inaceptable” la respuesta “fría y violenta” que en su momento dio el gobernador militar de París, el general Bruno Le Ray, a los parlamentarios que también le preguntaron por qué no intervinieron los militares: “Es impensable poner a soldados en peligro con la esperanza hipotética de salvar a otras personas”, replicó el responsable militar a los diputados.
La nueva acción judicial busca “establecer claramente todas las responsabilidades y saber de forma precisa cuáles son las misiones de [la Operación] Centinela, si no lo es intervenir cuando se ataca a civiles con armas de guerra”, subraya el comunicado de los abogados.
No es la primera vez que las familias de víctimas del Bataclan acuden a la justicia para que les ayude a aclarar este punto. Según recuerda el diario Le Parisien, un abogado penalista, Gérard Chemla, ya intentó en 2016 en nombre de cuatro víctimas que los jueces de instrucción investigaran este hecho, pero los magistrados replicaron que no era su trabajo realizar esa pesquisa. Una corte de apelaciones rechazó después revisar esa decisión.
París, El País
Víctimas y familiares de asesinados en el atentado yihadista contra la sala de conciertos parisina Bataclan el 13 de noviembre de 2015 han presentado este viernes ante la Fiscalía una denuncia por “no asistencia a personas en peligro”. Según sus abogados, con este gesto buscan ante todo una respuesta a la pregunta que nadie les ha sabido o querido contestar con claridad en los dos últimos años y medio, pese a reiterados intentos: “¿Por qué se impidió que ocho militares de la Operación Centinela que estaban delante del teatro Bataclan desde los primeros segundos del asalto intervinieran para intentar neutralizar a los terroristas?”
La demanda, presentada por un bufete de abogados en nombre de una treintena de personas, aunque no se descarta que se adhieran más víctimas y familiares, está interpuesta “contra X”, sin especificar a un responsable concreto. “No nos interesa que rueden cabezas, sino obtener respuestas”, ha explicado una de las abogadas de los demandantes, Samia Maktouf, en declaraciones a la emisora France info.
La noche del 13 de noviembre de 2015, tres comandos terroristas sembraron el terror en la capital de Francia, en alerta máxima ya desde que los atentados en enero contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío, también en París. En una noche que acabó dejando un saldo de 130 muertos y otros 400 heridos, la peor parte se la llevaron los asistentes a un concierto de la banda estadounidense Eagles of Death Metal en Bataclan, una de las salas de conciertos más míticas de París. Allí, tres terroristas asesinaron a 90 personas e hirieron a un centenar más.
Entre las primeras fuerzas del orden que llegaron a la zona de Bataclan se encontraban ocho militares del primer regimiento de cazadores de Thierville que formaban parte de la Operación Centinela, el contingente de más de 10.000 soldados desplegados por toda Francia tras los atentados de enero. Un policía que también había llegado de los primeros a la zona del ataque relató a la comisión de investigación parlamentaria creada para estudiar la actuación durante el 13-N que solicitó que se permitiera intervenir a los militares “para detener al terrorista emboscado detrás de la salida de emergencia”. La respuesta de la Prefectura de Policía de París —los militares de la Operación Centinela estaban bajo órdenes de la autoridad civil— fue contundente: “Negativo, no impliquen a los militares, no estamos en zona de guerra”. Cuando los policías, que no tenían armas adecuadas para enfrentarse a los terroristas con fusiles automáticos, le pidieron a los militares que les prestaran sus armas, estos les indicaron que tampoco tenían permiso para ello.
El presidente de la comisión parlamentaria que investigó el 13-N, Georges Fenech, ya calificaba en 2016 como “de una pasividad inexplicable” la actuación de los militares y de sus superiores. “Es sin duda el punto más inexplicable que amerita aclaraciones”, declaró.
En un comunicado emitido este viernes por los abogados de las víctimas y familiares demandantes, se califica como “inaceptable” la respuesta “fría y violenta” que en su momento dio el gobernador militar de París, el general Bruno Le Ray, a los parlamentarios que también le preguntaron por qué no intervinieron los militares: “Es impensable poner a soldados en peligro con la esperanza hipotética de salvar a otras personas”, replicó el responsable militar a los diputados.
La nueva acción judicial busca “establecer claramente todas las responsabilidades y saber de forma precisa cuáles son las misiones de [la Operación] Centinela, si no lo es intervenir cuando se ataca a civiles con armas de guerra”, subraya el comunicado de los abogados.
No es la primera vez que las familias de víctimas del Bataclan acuden a la justicia para que les ayude a aclarar este punto. Según recuerda el diario Le Parisien, un abogado penalista, Gérard Chemla, ya intentó en 2016 en nombre de cuatro víctimas que los jueces de instrucción investigaran este hecho, pero los magistrados replicaron que no era su trabajo realizar esa pesquisa. Una corte de apelaciones rechazó después revisar esa decisión.
