Procurador: advirtieron a Mesa que su decreto sobre Quiborax era ilegal

Menacho sostiene que la empresa intentó arreglar el problema con el Gobierno del expresidente. Hoy se conoció un documento que revela que Bolivia pudo pagar solo tres millones

Jesús Reynaldo Alanoca Paco
El Deber
El procurador General del Estado, Pablo Menacho, afirmó hoy que los asesores del expresidente Carlos Mesa le advirtieron que el decreto supremo para la reversión de las concesiones mineras de Quiborax podía convertirse en un "problema internacional para Bolivia", pero no hizo nada y procedió a expulsar a esa empresa del país.


"Su propio canciller Juan Ignacio Siles y sus equipos técnicos advirtieron a Carlos Mesa que su Decreto Supremo 27589 era ilegal y que la revocatoria de concesiones a empresas chilenas podía convertirse en un "problema internacional para Bolivia". Y no hizo nada", escribió en su cuenta en Twitter la autoridad.

Esta jornada el también vocero de la causa marítima calificó de "lapidario" un informe difundido por este medio que revela que en 2008 se pudo lograr un acuerdo con la transnacional para el pago de solo tres millones de dolares; no se aceptó esa oferta y se terminó pagando 42,6 millones tras una derrota en un arbitraje.

Sin embargo, Menacho sostiene que "recibió cinco solicitudes de consultas amistosas por las empresas chilenas Quiborax y NMM y no hizo nada para resolver la controversia internacional surgida por la emisión de su ilegal Decreto Supremo 27589".

El procurador sostiene que "el tratado internacional usado por las empresas chilenas para demandar a Bolivia fue suscrito en la gestión del socio político de Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada. Si no hubieran suscrito ese tratado, no existiría el Laudo", en referencia a las normas que ampararon la acción judicial internacional de Quiborax.

Se instauró un proceso contra Mesa por la forma en la que se revirtieron los intereses de esa firma extranjera, considerando que no actuó conforme a norma; la proposición acusatoria fue presentada por el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, e incluye a tres exministros de la gestión del expresidente.

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