Mesa enumera 8 irregularidades en el caso Quiborax y dice que temen su candidatura
Lo hizo a través de una publicación en su blog. El procurador, Pablo Menacho, adelantó que puede haber un juicio de responsabilidades. El TSE estima que la convocatoria a elecciones sería en enero de 2019
Rafael Veliz
El Deber
El caso Quiborax, sobre el que la Fiscalía General del Estado deberá emitir un pronunciamiento a inicios de julio, representa para el expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Diego de Mesa Gisbert, un emblema de la forma autoritaria e irresponsable del funcionamiento del gobierno del presidente Morales, ante lo cual publicó en su blog ocho irregularidades que identificó en el proceso.
"La combinación del delito flagrante de falsificación del documento (de Quiborax) madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja (debido a que no contaban con un plan de inversiones), hacían inverosímil el reclamo de la cifra astronómica ($us 42,6 millones) que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la Procuraduría, Bolivia acabó pagando.
Esta es la publicación
Las 8 irregularidades, según Mesa:
1. Las acciones penales por el decreto (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, prescribieron, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma sería ilegal.
2. El expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005.
3. Los defectos de forma fueron subsanados mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM)
4. Antes de iniciar el proceso arbitral en el CIADI, Bolivia y Quiborax habían a un acuerdo de conciliación en 2008, por el que Bolivia pagaría solo $us 3 millones.
5. Los propietarios de Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista, falsificaron el acta de constitución de la empresa. Esa falsificación alteró su composición accionaria.
6. La Procuraduría afirmó con anterioridad que el decreto de Revocatoria (27589, del Gobierno de Mesa) se adoptó sobre la Ley 2564 y no es ilegal.
7. Se conoció que autoridades de la Subprocuraduría y abogados y funcionarios chilenos de Quiborax, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana.
8. Como resultado de las negociaciones de la actual gestión, "el falsificador confeso David Moscoso", dueño del 49% de Quiborax, recibirá $us 20,8 millones del Estado que lo condenó a dos años de cárcel.
El Deber
El caso Quiborax, sobre el que la Fiscalía General del Estado deberá emitir un pronunciamiento a inicios de julio, representa para el expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Diego de Mesa Gisbert, un emblema de la forma autoritaria e irresponsable del funcionamiento del gobierno del presidente Morales, ante lo cual publicó en su blog ocho irregularidades que identificó en el proceso.
"La combinación del delito flagrante de falsificación del documento (de Quiborax) madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja (debido a que no contaban con un plan de inversiones), hacían inverosímil el reclamo de la cifra astronómica ($us 42,6 millones) que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la Procuraduría, Bolivia acabó pagando.
Esta es la publicación
Las 8 irregularidades, según Mesa:
1. Las acciones penales por el decreto (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, prescribieron, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma sería ilegal.
2. El expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado DS, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005.
3. Los defectos de forma fueron subsanados mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM)
4. Antes de iniciar el proceso arbitral en el CIADI, Bolivia y Quiborax habían a un acuerdo de conciliación en 2008, por el que Bolivia pagaría solo $us 3 millones.
5. Los propietarios de Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista, falsificaron el acta de constitución de la empresa. Esa falsificación alteró su composición accionaria.
6. La Procuraduría afirmó con anterioridad que el decreto de Revocatoria (27589, del Gobierno de Mesa) se adoptó sobre la Ley 2564 y no es ilegal.
7. Se conoció que autoridades de la Subprocuraduría y abogados y funcionarios chilenos de Quiborax, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana.
8. Como resultado de las negociaciones de la actual gestión, "el falsificador confeso David Moscoso", dueño del 49% de Quiborax, recibirá $us 20,8 millones del Estado que lo condenó a dos años de cárcel.
