La justicia mexicana investiga supuestos nexos entre el cártel de Los Zetas y organizaciones de derechos humanos
Integrantes de esa organización narco detenidos confesaron que hacían pagos semanales para que hicieran denuncias a funcionarios del Ejército y la Marina
Infobae
A partir de las declaraciones de integrantes de "Los Zetas" detenidos y encarcelados en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República investiga supuestos pagos de este grupo delictivo a organismos de derechos humanos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El diario nacional Excélsior publicó este jueves que el cártel de "Los Zetas" habría pagado 5.000 dólares semanales al representante de un organismo de derechos humanos por promover denuncias en contra de elementos de la Marina y el Ejército por supuesto casos de desaparición de jóvenes.
El pasado 30 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México informó de al menos 23 desapariciones forzadas de jóvenes, en las que habrían participado fuerzas federales.
El organismo de la ONU reportó que esas desapariciones –de 21 hombres y dos mujeres– ocurrieron en Nuevo Laredo, entre el 16 de febrero y mayo.
Ahora, a partir de la investigación de la PGR, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), son Los Zetas quienes acusan a organismos de derechos humanos de actuar contra las fuerzas federales.
En la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, que se inició el 23 de marzo de 2015 con la detención de Ramiro Pérez Moreno, el "Ramas", se asienta que el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, habría recibido semanalmente 5.000 dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares.
El "Ramas" –también identificado como "7-4" o "El Rama"– es señalado por las autoridades como jefe de plaza de Nuevo Laredo y sucesor directo de Omar Óscar Treviño Morales, conocido como "Z-42" o "L-42" y quien fue detenido el 4 de marzo de 2013 en Nuevo Laredo.
Según la información, las declaraciones del "Ramas" están sustentadas también en los testimonios de Carlos Norberto Hernández Quilantar, el "Pato", y Humberto Eleuterio Gutiérrez Martínez, el "Sonrics", jefes operativos de Los Zetas en Nuevo Laredo.
Una copia publicada de la declaración de Pérez Moreno detalla que ante el Ministerio Público de la Federación, este hombre declaró el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la Secretaría de Marina.
"La Marina no se la iba acabar con Raymundo Ramos, el licenciado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que a él le cubre la cantidad de 5.000 dólares cada semana, para que promueva denuncias en contra de la Marina y de otras Fuerzas Federales y que no tarda en manifestarse en las instalaciones que tienen en la base de operaciones en el campo de beisbol de la Marina", declaró el "Ramas" según el documento.
El "Ramas" está procesado por el asesinato de más de 32 personas, por delincuencia organizada, secuestros, extorsiones y contrabando en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, por traficar drogas a Estados Unidos y armas a México.
En su declaración sobre la supuesta protección que les brindaba Raymundo Ramos en Nuevo Laredo, afirmó que el funcionario escondía a personas de "Los Zetas" en sus oficinas, ya que es el único lugar donde regularmente las Fuerzas Federales no ingresan, "porque inmediatamente les hace un escándalo", mencionó.
Agregó que las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, son "con el fin de presionar al gobierno federal para que se retiren las Fuerzas Federales".
El diario agrega que entre los casos de desaparición forzada que documentó la ONU y ya entregó a la PGR, 14 denuncias fueron presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezado por Raymundo Ramos.
Entre estas 14 denuncias hay tres casos que llamaron la atención. Corresponden a Dafny Tamara Báez, desaparecida el 3 de febrero del presente año en las calles de Jesús Carranza y Zaragoza; César Eduardo Samaniego, quien desapareció el 8 de mayo cuando manejaba su auto Ford Mustang por el bulevar Paseo Colón, y Glarifo Vázquez Hinojosa, desaparecido el 7 de marzo.
"Estas tres personas en sus perfiles de redes sociales tienen fotografías posando con armas de grueso calibre, droga, aparatos de radiocomunicación e incluso chalecos tácticos y se dicen pertenecientes al Cártel del Noreste", anota la información.
A partir de las declaraciones de integrantes de "Los Zetas" detenidos y encarcelados en Tamaulipas, la Procuraduría General de la República investiga supuestos pagos de este grupo delictivo a organismos de derechos humanos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El diario nacional Excélsior publicó este jueves que el cártel de "Los Zetas" habría pagado 5.000 dólares semanales al representante de un organismo de derechos humanos por promover denuncias en contra de elementos de la Marina y el Ejército por supuesto casos de desaparición de jóvenes.
El pasado 30 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México informó de al menos 23 desapariciones forzadas de jóvenes, en las que habrían participado fuerzas federales.
El organismo de la ONU reportó que esas desapariciones –de 21 hombres y dos mujeres– ocurrieron en Nuevo Laredo, entre el 16 de febrero y mayo.
Ahora, a partir de la investigación de la PGR, abierta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), son Los Zetas quienes acusan a organismos de derechos humanos de actuar contra las fuerzas federales.
En la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015, que se inició el 23 de marzo de 2015 con la detención de Ramiro Pérez Moreno, el "Ramas", se asienta que el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, habría recibido semanalmente 5.000 dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares.
El "Ramas" –también identificado como "7-4" o "El Rama"– es señalado por las autoridades como jefe de plaza de Nuevo Laredo y sucesor directo de Omar Óscar Treviño Morales, conocido como "Z-42" o "L-42" y quien fue detenido el 4 de marzo de 2013 en Nuevo Laredo.
Según la información, las declaraciones del "Ramas" están sustentadas también en los testimonios de Carlos Norberto Hernández Quilantar, el "Pato", y Humberto Eleuterio Gutiérrez Martínez, el "Sonrics", jefes operativos de Los Zetas en Nuevo Laredo.
Una copia publicada de la declaración de Pérez Moreno detalla que ante el Ministerio Público de la Federación, este hombre declaró el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la Secretaría de Marina.
"La Marina no se la iba acabar con Raymundo Ramos, el licenciado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que a él le cubre la cantidad de 5.000 dólares cada semana, para que promueva denuncias en contra de la Marina y de otras Fuerzas Federales y que no tarda en manifestarse en las instalaciones que tienen en la base de operaciones en el campo de beisbol de la Marina", declaró el "Ramas" según el documento.
El "Ramas" está procesado por el asesinato de más de 32 personas, por delincuencia organizada, secuestros, extorsiones y contrabando en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, por traficar drogas a Estados Unidos y armas a México.
En su declaración sobre la supuesta protección que les brindaba Raymundo Ramos en Nuevo Laredo, afirmó que el funcionario escondía a personas de "Los Zetas" en sus oficinas, ya que es el único lugar donde regularmente las Fuerzas Federales no ingresan, "porque inmediatamente les hace un escándalo", mencionó.
Agregó que las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, son "con el fin de presionar al gobierno federal para que se retiren las Fuerzas Federales".
El diario agrega que entre los casos de desaparición forzada que documentó la ONU y ya entregó a la PGR, 14 denuncias fueron presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, encabezado por Raymundo Ramos.
Entre estas 14 denuncias hay tres casos que llamaron la atención. Corresponden a Dafny Tamara Báez, desaparecida el 3 de febrero del presente año en las calles de Jesús Carranza y Zaragoza; César Eduardo Samaniego, quien desapareció el 8 de mayo cuando manejaba su auto Ford Mustang por el bulevar Paseo Colón, y Glarifo Vázquez Hinojosa, desaparecido el 7 de marzo.
"Estas tres personas en sus perfiles de redes sociales tienen fotografías posando con armas de grueso calibre, droga, aparatos de radiocomunicación e incluso chalecos tácticos y se dicen pertenecientes al Cártel del Noreste", anota la información.
