La batalla por la política migratoria se recrudece en la Unión Europea
Los ministros del Interior chocan al intentar pactar la reforma del sistema común de asilo
Lucía Abellán
Bruselas, El País
Europa se polariza ante la migración. Los ministros del Interior de la UE mantuvieron este martes una dura discusión sobre el enigma no resuelto que los enfrenta desde 2015: cómo gestionar los flujos de llegadas al club comunitario. Con la subida de tono marcada el domingo por el nuevo ministro italiano, Matteo Salvini —“Italia no puede ser el campo de refugiados de la UE”, proclamó—, algunos países expresaron posturas extremas sobre la protección de fronteras y la acogida de asilados.
Si Europa viviera un influjo de refugiados comparable al récord alcanzado en 2015, las herramientas para gestionarlo de manera conjunta serían las mismas. Tres años después de que arrancara la mayor crisis de llegadas experimentada nunca por la UE —más de 1,5 millones de personas arribaron a las costas europeas entre 2015 y 2016—, los países miembros se muestran incapaces de acordar un sistema común de asilo. Lejos de suavizar posturas, los titulares de Interior aprovecharon su encuentro en Luxemburgo para expresar posiciones de máximos, según las fuentes consultadas.
Los postulados de Theo Francken, el polémico responsable belga de Migración, apenas tenían eco entre el resto de sus colegas al principio de la crisis. Pero con la llegada al poder del populismo en Italia, los incentivos para expresar esas ideas crecen. Aunque Salvini, recién estrenado en el Gobierno italiano, no acudió al encuentro, Francken saludó sus propuestas y abogó por no dejar entrar a los migrantes que llegan en barco a las costas de la UE. “Primero tenemos que cerrar las puertas de entrada; a partir de ahí podremos encontrar un compromiso”, sentenció el secretario de Estado en declaraciones a la prensa.
En la sala de reuniones, también algunas intervenciones subieron de tono. Países como Austria, que tiene a la extrema derecha como socio menor del Gobierno liderado por el democristiano Sebastian Kurz, e incluso Dinamarca, insistieron en la necesidad de blindar las fronteras exteriores de la UE. El argumento empleado por algunos ministros fue que “los ciudadanos europeos piden seguridad”. Esas justificaciones obvian el problema más concreto que la UE prometió resolver para junio: cómo crear un sistema de asilo común en el que cada país asuma ciertas dosis de solidaridad (con la acogida de refugiados) y de responsabilidad (aportando recursos y experiencia al control de fronteras).
“El sistema de Dublín [nombre con el que se conoce la política de asilo en la UE] está muerto. Pero su reforma, no. Algunas declaraciones no ayudan, aunque seguiremos cooperando”, destacó el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, al término del encuentro de ministros. El debate deberán retomarlo los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de junio. Con la enorme distancia que existe entre las diferentes posturas —superior a la expresada en lo más crudo de la crisis—, resulta poco probable que los Veintiocho alcancen un consenso, como les instó a hacer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
La principal prueba de que había poco margen para la conciliación fueron las declaraciones de Alemania. La principal potencia de la UE, que suele mostrar moderación a la hora de pronunciarse sobre dosieres conflictivos, consideró “inaceptable” la propuesta presentada por Bulgaria, que ejerce la presidencia de turno de la UE. “Hasta el Gobierno alemán critica puntos específicos del actual estado de la negociación”, aseguró Stephan Mayer, secretario de Estado en el Ministerio del Interior germano, informa France Presse.
Posturas antagónicas
La reforma del asilo cuenta con dos bloques antagónicos. Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia se oponen rotundamente a cualquier propuesta que incluya el reparto automático de refugiados, aunque sea como medida de último recurso ante llegadas masivas. Para tratar de vencer esas resistencias, la diplomacia búlgara optó por un leve toque cosmético. En lugar de emplear el controvertido término reubicación (traslado de demandantes de asilo desde los países más presionados hasta el resto de la UE), incluyó en los documentos de discusión la palabra ubicación. Las posturas no se modificaron un ápice. Y los países bálticos se aproximan al rechazo de los cuatro Estados anteriores.
El otro frente, más reciente, es el del sur. Italia, España, Grecia, Malta y Chipre rechazan la idea que presentó la Comisión Europea de que los Estados de primera línea debían registrar a los demandantes de asilo y responsabilizarse de su suerte para siempre. Para atraerse a este flanco, la última propuesta búlgara rebajó ese periodo de responsabilidad a un máximo de ocho años. Grecia, Malta y Chipre habrían aceptado esa cifra; para España e Italia seguía siendo excesiva y eso —entre otros muchos rechazos— impidió avanzar más. Al igual que Italia, tampoco España estuvo representada por ningún ministro porque los nombramientos del nuevo Gobierno se producirán hoy.
A medio camino se sitúan países con posturas más matizadas (entre ellos Francia, Alemania y Suecia). Berlín, que ha recibido la mayor afluencia de los demandantes de asilo que accedieron al territorio europeo por Grecia e Italia, insiste en que hace falta un mecanismo común para compartir la gestión de ese colectivo.
Fuentes diplomáticas de uno de los grandes países de la UE tratan de quitar hierro al alejamiento de las posturas. Al tener la certeza de que el consenso era inalcanzable, los países decidieron expresar ideas maximalistas para no perder terreno frente a la próxima negociación, argumentan.
Aun así, hasta la presidencia búlgara admite que el retraso en pactar esta reforma es excesivo. “Estoy impresionado de que hayamos tardado más de dos años”, admitió el ministro de ese país, Valentin Radev, que omitió la segunda parte del lamento: el acuerdo aún queda lejos.
Bruselas, El País
Europa se polariza ante la migración. Los ministros del Interior de la UE mantuvieron este martes una dura discusión sobre el enigma no resuelto que los enfrenta desde 2015: cómo gestionar los flujos de llegadas al club comunitario. Con la subida de tono marcada el domingo por el nuevo ministro italiano, Matteo Salvini —“Italia no puede ser el campo de refugiados de la UE”, proclamó—, algunos países expresaron posturas extremas sobre la protección de fronteras y la acogida de asilados.
Si Europa viviera un influjo de refugiados comparable al récord alcanzado en 2015, las herramientas para gestionarlo de manera conjunta serían las mismas. Tres años después de que arrancara la mayor crisis de llegadas experimentada nunca por la UE —más de 1,5 millones de personas arribaron a las costas europeas entre 2015 y 2016—, los países miembros se muestran incapaces de acordar un sistema común de asilo. Lejos de suavizar posturas, los titulares de Interior aprovecharon su encuentro en Luxemburgo para expresar posiciones de máximos, según las fuentes consultadas.
Los postulados de Theo Francken, el polémico responsable belga de Migración, apenas tenían eco entre el resto de sus colegas al principio de la crisis. Pero con la llegada al poder del populismo en Italia, los incentivos para expresar esas ideas crecen. Aunque Salvini, recién estrenado en el Gobierno italiano, no acudió al encuentro, Francken saludó sus propuestas y abogó por no dejar entrar a los migrantes que llegan en barco a las costas de la UE. “Primero tenemos que cerrar las puertas de entrada; a partir de ahí podremos encontrar un compromiso”, sentenció el secretario de Estado en declaraciones a la prensa.
En la sala de reuniones, también algunas intervenciones subieron de tono. Países como Austria, que tiene a la extrema derecha como socio menor del Gobierno liderado por el democristiano Sebastian Kurz, e incluso Dinamarca, insistieron en la necesidad de blindar las fronteras exteriores de la UE. El argumento empleado por algunos ministros fue que “los ciudadanos europeos piden seguridad”. Esas justificaciones obvian el problema más concreto que la UE prometió resolver para junio: cómo crear un sistema de asilo común en el que cada país asuma ciertas dosis de solidaridad (con la acogida de refugiados) y de responsabilidad (aportando recursos y experiencia al control de fronteras).
“El sistema de Dublín [nombre con el que se conoce la política de asilo en la UE] está muerto. Pero su reforma, no. Algunas declaraciones no ayudan, aunque seguiremos cooperando”, destacó el comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, al término del encuentro de ministros. El debate deberán retomarlo los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de junio. Con la enorme distancia que existe entre las diferentes posturas —superior a la expresada en lo más crudo de la crisis—, resulta poco probable que los Veintiocho alcancen un consenso, como les instó a hacer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
La principal prueba de que había poco margen para la conciliación fueron las declaraciones de Alemania. La principal potencia de la UE, que suele mostrar moderación a la hora de pronunciarse sobre dosieres conflictivos, consideró “inaceptable” la propuesta presentada por Bulgaria, que ejerce la presidencia de turno de la UE. “Hasta el Gobierno alemán critica puntos específicos del actual estado de la negociación”, aseguró Stephan Mayer, secretario de Estado en el Ministerio del Interior germano, informa France Presse.
Posturas antagónicas
La reforma del asilo cuenta con dos bloques antagónicos. Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia se oponen rotundamente a cualquier propuesta que incluya el reparto automático de refugiados, aunque sea como medida de último recurso ante llegadas masivas. Para tratar de vencer esas resistencias, la diplomacia búlgara optó por un leve toque cosmético. En lugar de emplear el controvertido término reubicación (traslado de demandantes de asilo desde los países más presionados hasta el resto de la UE), incluyó en los documentos de discusión la palabra ubicación. Las posturas no se modificaron un ápice. Y los países bálticos se aproximan al rechazo de los cuatro Estados anteriores.
El otro frente, más reciente, es el del sur. Italia, España, Grecia, Malta y Chipre rechazan la idea que presentó la Comisión Europea de que los Estados de primera línea debían registrar a los demandantes de asilo y responsabilizarse de su suerte para siempre. Para atraerse a este flanco, la última propuesta búlgara rebajó ese periodo de responsabilidad a un máximo de ocho años. Grecia, Malta y Chipre habrían aceptado esa cifra; para España e Italia seguía siendo excesiva y eso —entre otros muchos rechazos— impidió avanzar más. Al igual que Italia, tampoco España estuvo representada por ningún ministro porque los nombramientos del nuevo Gobierno se producirán hoy.
A medio camino se sitúan países con posturas más matizadas (entre ellos Francia, Alemania y Suecia). Berlín, que ha recibido la mayor afluencia de los demandantes de asilo que accedieron al territorio europeo por Grecia e Italia, insiste en que hace falta un mecanismo común para compartir la gestión de ese colectivo.
Fuentes diplomáticas de uno de los grandes países de la UE tratan de quitar hierro al alejamiento de las posturas. Al tener la certeza de que el consenso era inalcanzable, los países decidieron expresar ideas maximalistas para no perder terreno frente a la próxima negociación, argumentan.
Aun así, hasta la presidencia búlgara admite que el retraso en pactar esta reforma es excesivo. “Estoy impresionado de que hayamos tardado más de dos años”, admitió el ministro de ese país, Valentin Radev, que omitió la segunda parte del lamento: el acuerdo aún queda lejos.
