Francia se prepara para la salida de prisión de casi medio millar de radicalizados
El Gobierno reforzará los servicios para que los yihadistas estén sometidos a vigilancia “paso a paso”
Silvia Ayuso
París, El País
Antes de que acabe 2019, por las calles de Francia caminarán, libres, unos 450 presos radicalizados que habrán cumplido su condena. De ellos, medio centenar fueron encarcelados por delitos de terrorismo islamista, según ha confirmado este miércoles la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Se trata, de acuerdo con el fiscal general, François Molins, de un “riesgo mayor” ante el cual el Gobierno está preparando nuevas medidas, como una “unidad de coordinación” que se asegure de que los individuos potencialmente peligrosos estén sometidos a un seguimiento efectivo y un “refuerzo” de los servicios encargados de esta vigilancia.
De las 70.000 personas encarceladas en Francia, hay en estos momentos más de 500 personas cumpliendo una condena por terrorismo islamista y otros 1.200 presos que, aunque se encuentran en prisión por delitos comunes, están considerados radicalizados -o bien se radicalizaron en prisión o ya lo estaban antes de ser condenados-. La salida de prisión este año de 20 condenados por delitos calificados de terrorismo islamista, y el que viene, otros 30, aparte de alrededor de 400 presos comunes radicalizados, según Belloubet, no es por tanto más que el comienzo de un problema a largo plazo. “Corremos un riesgo mayor, que es ver salir de prisión cuando cumplan sus penas a personas que no están para nada arrepentidas, que incluso podrían estar más endurecidas aún tras su paso por prisión”, advirtió Molins la semana pasada. Sin embargo, en una entrevista en la emisora BFM TV este miércoles, la ministra de Justicia quiso lanzar un llamamiento a la calma: “El Gobierno está volcado en el seguimiento de esas personas”, aseguró Belloubet.
Hace tiempo que se toman medidas para realizar un seguimiento de los radicalizados. La vigilancia comienza en las mismas cárceles. En febrero, el Gobierno presentó un nuevo plan contra el contagio extremista en las prisiones que, entre otros, prevé la creación de 1.500 plazas adicionales en las prisiones para aislar a los presos radicalizados y evitar así el contagio de otros detenidos, así como la dispersión de los condenados por terrorismo en cárceles de todo el país. Además, se va a ampliar a hasta seis el número de “cuarteles de evaluación de la radicalización”, unas unidades en las propias cárceles donde un equipo multidisciplinar realiza una evaluación de la peligrosidad de los presos radicalizados durante varios meses.
Francia no ve motivos para intervenir en los juicios contra ciudadanos franceses acusados de pertenecer al Estado Islámico (ISIS) que están teniendo lugar en países como Irak, donde la semana pasada una francesa de 27 años, Mélina Boughedir, fue condenada a cadena perpetua por haberse unido al grupo yihadista. “En este estadio, no hay razón para intervenir”, dijo Belloubet. La ministra de Justicia y otros miembros del Gobierno llevan meses indicando que, salvo el caso de una condena a muerte, incompatible con la legislación francesa, están dispuestos a dejar que países como Irak juzguen y encarcelen a ciudadanos franceses detenidos por terrorismo. “Siempre hemos sido claros, las personas que parten a zonas de combate son responsables de sus actos, tomaron la decisión de partir y son juzgadas por un Estado que reconocemos”, declaró Belloubet. Boughedir, tres de cuyos cuatro hijos han sido ya repatriados a Francia, es la segunda francesa condenada a cadena perpetua en Irak tras Djamila Boutoutaou, de 29 años, hace dos meses. Las dos aseguran que solo siguieron, engañadas, a sus maridos, que permanecen desaparecidos. Según AFP, hay varias decenas de franceses detenidos en Irak y Siria bajo sospecha de haberse unido al ISIS. Les acompañan varias decenas más de menores.
Belloubet anunció este miércoles que, además, “los servicios de inteligencia que desempeñan un papel esencial serán considerablemente reforzados”. Según adelantó, el plan es reclutar a ptras cien personas para el servicio de inteligencia penitenciaria, creado en febrero de 2017 y que actualmente sigue a unas 3.000 personas, así como “desplegar los medios para aislar mejor a los detenidos radicalizados”.
Desde julio de 2016, las personas condenadas por delitos terroristas son inscritas automáticamente en el Fichero judicial nacional automatizado para autores de delitos terroristas (FIJAIT, por sus siglas en francés) y están obligadas a declarar cualquier cambio de domicilio y desplazamiento al extranjero como tarde 15 días antes de su partida, según la agencia France Presse. Además, son registradas en el Fichero de personas investigadas (FPR).
Pese a todo, sigue habiendo “ángulos muertos” que pueden provocar que se les pierda la pista. Para evitar esto, se va a crear una unidad de coordinación entre los diversos servicios de inteligencia dedicada exclusivamente a los exconvictos radicalizados. Según Le Parisien, esta nueva célula estará integrada en la Unidad de coordinación de lucha antiterrorista (Uclat) del Ministerio de Interior. Le Monde explica por su parte de que no se encargará del “seguimiento operacional”, sino de realizar un “control de calidad” para asegurarse de que cada preso salido de prisión es asignado al servicio de inteligencia más adecuado para su vigilancia.
“La ventaja de su detención es que sabemos cuándo van a salir a la calle”, señaló hoy Belloubet. Y eso permite “anticipar” medidas y planificar su seguimiento gracias a los “expedientes de inteligencia penitenciaria” que se crean durante su encarcelación y que, una vez liberados, “son entregados a los servicios de seguridad interior o a la inteligencia territorial”, explicó. “Los seguimos paso a paso”, insistió.
París, El País
Antes de que acabe 2019, por las calles de Francia caminarán, libres, unos 450 presos radicalizados que habrán cumplido su condena. De ellos, medio centenar fueron encarcelados por delitos de terrorismo islamista, según ha confirmado este miércoles la ministra de Justicia, Nicole Belloubet. Se trata, de acuerdo con el fiscal general, François Molins, de un “riesgo mayor” ante el cual el Gobierno está preparando nuevas medidas, como una “unidad de coordinación” que se asegure de que los individuos potencialmente peligrosos estén sometidos a un seguimiento efectivo y un “refuerzo” de los servicios encargados de esta vigilancia.
De las 70.000 personas encarceladas en Francia, hay en estos momentos más de 500 personas cumpliendo una condena por terrorismo islamista y otros 1.200 presos que, aunque se encuentran en prisión por delitos comunes, están considerados radicalizados -o bien se radicalizaron en prisión o ya lo estaban antes de ser condenados-. La salida de prisión este año de 20 condenados por delitos calificados de terrorismo islamista, y el que viene, otros 30, aparte de alrededor de 400 presos comunes radicalizados, según Belloubet, no es por tanto más que el comienzo de un problema a largo plazo. “Corremos un riesgo mayor, que es ver salir de prisión cuando cumplan sus penas a personas que no están para nada arrepentidas, que incluso podrían estar más endurecidas aún tras su paso por prisión”, advirtió Molins la semana pasada. Sin embargo, en una entrevista en la emisora BFM TV este miércoles, la ministra de Justicia quiso lanzar un llamamiento a la calma: “El Gobierno está volcado en el seguimiento de esas personas”, aseguró Belloubet.
Hace tiempo que se toman medidas para realizar un seguimiento de los radicalizados. La vigilancia comienza en las mismas cárceles. En febrero, el Gobierno presentó un nuevo plan contra el contagio extremista en las prisiones que, entre otros, prevé la creación de 1.500 plazas adicionales en las prisiones para aislar a los presos radicalizados y evitar así el contagio de otros detenidos, así como la dispersión de los condenados por terrorismo en cárceles de todo el país. Además, se va a ampliar a hasta seis el número de “cuarteles de evaluación de la radicalización”, unas unidades en las propias cárceles donde un equipo multidisciplinar realiza una evaluación de la peligrosidad de los presos radicalizados durante varios meses.
Francia no ve motivos para intervenir en los juicios contra ciudadanos franceses acusados de pertenecer al Estado Islámico (ISIS) que están teniendo lugar en países como Irak, donde la semana pasada una francesa de 27 años, Mélina Boughedir, fue condenada a cadena perpetua por haberse unido al grupo yihadista. “En este estadio, no hay razón para intervenir”, dijo Belloubet. La ministra de Justicia y otros miembros del Gobierno llevan meses indicando que, salvo el caso de una condena a muerte, incompatible con la legislación francesa, están dispuestos a dejar que países como Irak juzguen y encarcelen a ciudadanos franceses detenidos por terrorismo. “Siempre hemos sido claros, las personas que parten a zonas de combate son responsables de sus actos, tomaron la decisión de partir y son juzgadas por un Estado que reconocemos”, declaró Belloubet. Boughedir, tres de cuyos cuatro hijos han sido ya repatriados a Francia, es la segunda francesa condenada a cadena perpetua en Irak tras Djamila Boutoutaou, de 29 años, hace dos meses. Las dos aseguran que solo siguieron, engañadas, a sus maridos, que permanecen desaparecidos. Según AFP, hay varias decenas de franceses detenidos en Irak y Siria bajo sospecha de haberse unido al ISIS. Les acompañan varias decenas más de menores.
Belloubet anunció este miércoles que, además, “los servicios de inteligencia que desempeñan un papel esencial serán considerablemente reforzados”. Según adelantó, el plan es reclutar a ptras cien personas para el servicio de inteligencia penitenciaria, creado en febrero de 2017 y que actualmente sigue a unas 3.000 personas, así como “desplegar los medios para aislar mejor a los detenidos radicalizados”.
Desde julio de 2016, las personas condenadas por delitos terroristas son inscritas automáticamente en el Fichero judicial nacional automatizado para autores de delitos terroristas (FIJAIT, por sus siglas en francés) y están obligadas a declarar cualquier cambio de domicilio y desplazamiento al extranjero como tarde 15 días antes de su partida, según la agencia France Presse. Además, son registradas en el Fichero de personas investigadas (FPR).
Pese a todo, sigue habiendo “ángulos muertos” que pueden provocar que se les pierda la pista. Para evitar esto, se va a crear una unidad de coordinación entre los diversos servicios de inteligencia dedicada exclusivamente a los exconvictos radicalizados. Según Le Parisien, esta nueva célula estará integrada en la Unidad de coordinación de lucha antiterrorista (Uclat) del Ministerio de Interior. Le Monde explica por su parte de que no se encargará del “seguimiento operacional”, sino de realizar un “control de calidad” para asegurarse de que cada preso salido de prisión es asignado al servicio de inteligencia más adecuado para su vigilancia.
“La ventaja de su detención es que sabemos cuándo van a salir a la calle”, señaló hoy Belloubet. Y eso permite “anticipar” medidas y planificar su seguimiento gracias a los “expedientes de inteligencia penitenciaria” que se crean durante su encarcelación y que, una vez liberados, “son entregados a los servicios de seguridad interior o a la inteligencia territorial”, explicó. “Los seguimos paso a paso”, insistió.
