Argentina acuerda un rescate del FMI por 50.000 millones de dólares
El Gobierno de Mauricio Macri se compromete a alcanzar el superávit fiscal en 2021
Federico Rivas Molina
Buenos Aires, El País
El Fondo Monetario Internacional salió al rescate de Argentina. En sólo cuatro semanas, el directorio del organismo, con el visto bueno de su titular, Christine Lagarde, aprobó un blindaje de 50.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 10% del PIB argentino, para sostener a la economía del país sudamericano. A cambio, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió a convertir el déficit fiscal de 2018 en superávit en 2021. El dinero del FMI, considerado como una línea de crédito preventiva ante eventuales turbulencias, llega luego de un mayo negro, en el que el peso argentino perdió 22 puntos de su valor y las tasas de interés treparon hasta 40%. El acuerdo es un gran éxito para Macri, que ratifica así el apoyo internacional a su política de apertura económica. Pero lo pone también ante la obligación de aplicar un duro ajuste que coincidirá con un año electoral y una oposición peronista cada vez más unida.
"El FMI nos puede ayudar, pero la solución a nuestros problemas depende de los argentinos. Vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la que pensábamos a principios de año", advirtió en una rueda de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a cargo del anuncio junto con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Lo cierto es que el dinero del Fondo dará oxígeno a Macri, pero a cambio de grandes esfuerzos de ahorro, con metas fiscales más ambiciosas. La de 2019 pasará de 2,2% del PIB a 1,3%, la meta de 1,3% de 2020 bajará a cero y en 2021 se alcanzará el superávit, según el compromiso asumido por Argentina ante el FMI. El dinero estará disponible a partir del 20 de junio y habrá un desembolso inmediato de 15.000 millones de dólares. "El resto estará disponible según las necesidades", dijo Dujovne.
Pese a la trascendencia del anuncio, Macri no aparecerá hasta el fin de semana, cuando coincidirá con Lagarde en la Cumbre del G7 que se celebrará en Canadá. La agenda no prevé un encuentro entre ambos, pero la intención del Gobierno es que haya una foto de apretón de manos que sirva de cierre al acuerdo. "Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo", dijo el presidente antes de la comparecencia de sus ministros. Luego levantó una copa de cava ante la prensa acreditada en Casa Rosada, que este jueves celebró el día del periodista.
"Va a ser un gran acuerdo para los argentinos", dijo el presidente Macri.
El mundo aún abre los brazos a Macri, pero el presidente encontrará resistencias en el frente interno. La magnitud del monto es la cara visible de un acuerdo que a cambio compromete a Macri a ajustar las cuentas del Estado hasta 1,4 puntos del PIB en 2019. Macri siempre se negó a un recorte abrupto porque consideró que los índices de pobreza que heredó, superiores al 30%, no dejaban espacio para ello. Se trató, en el fondo, de no alimentar el malestar social, el verdugo de todos los gobiernos no peronistas que gobernaron Argentina desde el regreso a la democracia, en 1983. Aplicó entonces lo que llamó “gradualismo”, es decir una contenida reducción del déficit pero que financió con endeudamiento externo. Cortado el flujo de dinero del exterior, Macri tuvo que acudir al FMI como prestamista de última instancia y acelerar los recortes.
Para evitar sorpresas en al calle, Dujovne aclaró que el acuerdo prevé "clausulas de salvaguardas social inéditas", que permitirán a Argentina relajar la meta de déficit para aplicar una porción del gasto adicional en programas sociales". En cualquier caso, las provincias serán las que más sufrirán. Buenos Aires bajará los giros a los gobiernos regionales, una jugada peligrosa que pondrá en riesgo el apoyo político de los gobernadores en el Senado, donde están representados. También habrá recortes en los “gastos de la política”, es decir en los salarios de los empleados públicos.
La presión de la CGT
El anuncio del acuerdo siguió en unas pocas horas a otro de gran trascendencia política. El Gobierno recibió en la Casa Rosada a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un intento de última hora por desactivar una inminente huelga general. Los jefes sindicales habían amenazado con parar el país en cuanto se hiciese oficial el acuerdo con el FMI, pero Macri logró una tregua.
El problema es que las subidas salariales de 15% pactadas a inicios de año han quedado rezagadas ante una inflación que este año superará los 25 puntos, según los cálculos más optimistas. La CGT se llevó de la Casa Rosada la promesa de aumentos extras de hasta 5% entre julio y agosto, que se tomarán a cuenta de los acuerdos que se puedan alcanzar en septiembre, cuando se abre de nuevo la temporada de negociaciones de los salarios. Sobre una posible huelga, Macri logró posponer cualquier decisión al menos hasta la semana que viene, cuando habrá otra reunión con la CGT. “Acordamos continuar el diálogo. Consideramos que Argentina seguirá creciendo y habrá creación de empleo. Eso le transmitimos a la CGT”, dijo Dujovne
Si se cumplen las expectativas de estabilidad del Gobierno, el problema ya no será económico sino político. El año que viene, Argentina celebrará elecciones presidenciales y Macri tiene aspiraciones reeleccionistas. Un ajuste fiscal no es el mejor escenario para una campaña exitosa. El rescate del FMI, además, abroqueló al peronismo opositor, dividido hasta ahora en tres corrientes internas que parecían irreconciliables. La primera advertencia para el Gobierno fue el voto del peronismo unificado de una ley que anuló los aumentos de los servicios públicos y obligó a Macri a vetarla. La próxima batalla parlamentaria será en septiembre, cuando se discutirá el presupuesto de 2019. En ese texto estará el detalle de las partidas que serán reducidas y cuáles sectores serán los más perjudicados.
Federico Rivas Molina
Buenos Aires, El País
El Fondo Monetario Internacional salió al rescate de Argentina. En sólo cuatro semanas, el directorio del organismo, con el visto bueno de su titular, Christine Lagarde, aprobó un blindaje de 50.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 10% del PIB argentino, para sostener a la economía del país sudamericano. A cambio, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió a convertir el déficit fiscal de 2018 en superávit en 2021. El dinero del FMI, considerado como una línea de crédito preventiva ante eventuales turbulencias, llega luego de un mayo negro, en el que el peso argentino perdió 22 puntos de su valor y las tasas de interés treparon hasta 40%. El acuerdo es un gran éxito para Macri, que ratifica así el apoyo internacional a su política de apertura económica. Pero lo pone también ante la obligación de aplicar un duro ajuste que coincidirá con un año electoral y una oposición peronista cada vez más unida.
"El FMI nos puede ayudar, pero la solución a nuestros problemas depende de los argentinos. Vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la que pensábamos a principios de año", advirtió en una rueda de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a cargo del anuncio junto con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Lo cierto es que el dinero del Fondo dará oxígeno a Macri, pero a cambio de grandes esfuerzos de ahorro, con metas fiscales más ambiciosas. La de 2019 pasará de 2,2% del PIB a 1,3%, la meta de 1,3% de 2020 bajará a cero y en 2021 se alcanzará el superávit, según el compromiso asumido por Argentina ante el FMI. El dinero estará disponible a partir del 20 de junio y habrá un desembolso inmediato de 15.000 millones de dólares. "El resto estará disponible según las necesidades", dijo Dujovne.
Pese a la trascendencia del anuncio, Macri no aparecerá hasta el fin de semana, cuando coincidirá con Lagarde en la Cumbre del G7 que se celebrará en Canadá. La agenda no prevé un encuentro entre ambos, pero la intención del Gobierno es que haya una foto de apretón de manos que sirva de cierre al acuerdo. "Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo", dijo el presidente antes de la comparecencia de sus ministros. Luego levantó una copa de cava ante la prensa acreditada en Casa Rosada, que este jueves celebró el día del periodista.
"Va a ser un gran acuerdo para los argentinos", dijo el presidente Macri.
El mundo aún abre los brazos a Macri, pero el presidente encontrará resistencias en el frente interno. La magnitud del monto es la cara visible de un acuerdo que a cambio compromete a Macri a ajustar las cuentas del Estado hasta 1,4 puntos del PIB en 2019. Macri siempre se negó a un recorte abrupto porque consideró que los índices de pobreza que heredó, superiores al 30%, no dejaban espacio para ello. Se trató, en el fondo, de no alimentar el malestar social, el verdugo de todos los gobiernos no peronistas que gobernaron Argentina desde el regreso a la democracia, en 1983. Aplicó entonces lo que llamó “gradualismo”, es decir una contenida reducción del déficit pero que financió con endeudamiento externo. Cortado el flujo de dinero del exterior, Macri tuvo que acudir al FMI como prestamista de última instancia y acelerar los recortes.
Para evitar sorpresas en al calle, Dujovne aclaró que el acuerdo prevé "clausulas de salvaguardas social inéditas", que permitirán a Argentina relajar la meta de déficit para aplicar una porción del gasto adicional en programas sociales". En cualquier caso, las provincias serán las que más sufrirán. Buenos Aires bajará los giros a los gobiernos regionales, una jugada peligrosa que pondrá en riesgo el apoyo político de los gobernadores en el Senado, donde están representados. También habrá recortes en los “gastos de la política”, es decir en los salarios de los empleados públicos.
La presión de la CGT
El anuncio del acuerdo siguió en unas pocas horas a otro de gran trascendencia política. El Gobierno recibió en la Casa Rosada a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un intento de última hora por desactivar una inminente huelga general. Los jefes sindicales habían amenazado con parar el país en cuanto se hiciese oficial el acuerdo con el FMI, pero Macri logró una tregua.
El problema es que las subidas salariales de 15% pactadas a inicios de año han quedado rezagadas ante una inflación que este año superará los 25 puntos, según los cálculos más optimistas. La CGT se llevó de la Casa Rosada la promesa de aumentos extras de hasta 5% entre julio y agosto, que se tomarán a cuenta de los acuerdos que se puedan alcanzar en septiembre, cuando se abre de nuevo la temporada de negociaciones de los salarios. Sobre una posible huelga, Macri logró posponer cualquier decisión al menos hasta la semana que viene, cuando habrá otra reunión con la CGT. “Acordamos continuar el diálogo. Consideramos que Argentina seguirá creciendo y habrá creación de empleo. Eso le transmitimos a la CGT”, dijo Dujovne
Si se cumplen las expectativas de estabilidad del Gobierno, el problema ya no será económico sino político. El año que viene, Argentina celebrará elecciones presidenciales y Macri tiene aspiraciones reeleccionistas. Un ajuste fiscal no es el mejor escenario para una campaña exitosa. El rescate del FMI, además, abroqueló al peronismo opositor, dividido hasta ahora en tres corrientes internas que parecían irreconciliables. La primera advertencia para el Gobierno fue el voto del peronismo unificado de una ley que anuló los aumentos de los servicios públicos y obligó a Macri a vetarla. La próxima batalla parlamentaria será en septiembre, cuando se discutirá el presupuesto de 2019. En ese texto estará el detalle de las partidas que serán reducidas y cuáles sectores serán los más perjudicados.