Acuerdo con Quiborax no se firmó por la oposición de su socio boliviano
El ministro Héctor Arce informó que David Moscoso, socio de Quiborax, se opuso al acuerdo de pago de 27 millones de dólares.
Ivan Paredes Tamayo
El Deber
Fue un acuerdo frustrado por David Moscoso, socio boliviano de Quiborax. El Estado boliviano y el consorcio minero chileno llegaron a un convenio de una indemnización de 27.272.113,98 dólares, al menos $us 15,4 millones menos del monto final que desembolsó a favor de la empresa, que al final recibió 42,6 millones de dólares. Ese pacto fue obstaculizado por Moscoso, dueño de Non Metallic Minerals (NMM).
El ministro de Justicia, Héctor Arce, en contacto con el EL DEBER, informó que Moscoso le mandó una carta fechada el 19 de diciembre de 2016 rechazando el acuerdo por "problemas societarios" entre Quiborax y NMM. Ese obstáculo impidió que se rubrique la firma y poder ahorrar al Estado.
"¿Por qué no se firma el acuerdo de los 27 millones (de dólares)? Porque tuvieron nuevamente problemas societarios los de la empresa. Tenían un socio boliviano, el señor David Moscoso, el que fue procesado y sancionado penalmente. Esta persona se oponía al acuerdo y nos presenta esta carta el 19 de diciembre de 2016", detalló Arce en una entrevista con este medio hace unos días.
La carta de Moscoso a Arce detalla que la indemnización económica deber ser pagada "única y exclusivamente" a la empresa NMM y no así a la chilena Quiborax. "¿Con el proceso de anulación en curso, sin el proceso terminado, volver a pagar 27 millones cuando hay un socio que se oponía? No es viable. Si yo firmaba (ese acuerdo), era grave", remarcó el ministro.
Arce destacó que la empresa Quiborax se molestó tras la oposición de Moscoso y decidió esperar la resolución de anulación, que salió en el mes de mayo. "Aún así, se abrió la negociación a la cabeza del jefe de área, en este caso el ministerio de Minería", dijo la autoridad.
"Cualquier indemnización es mala, pero pagar la mitad es un ahorro para el Estado, y nuestra idea, que no es secreta ni reservada, era ahorrarle la mitad al Estado, no pagar los 54 y pagar 27 millones de dólares, pero no se pudo por culpa del señor Moscoso", añadió Arce.
En 2006, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de nueve años de conflicto, determinó que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax por haber caducado una concesión en el salar de Uyuni, en Potosí.
El Estado boliviano apeló la decisión, pero aún así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Al final, Bolivia acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero Quiborax tras ser derrotado en el proceso del Ciadi. Este pago se dio tras conocer la información de que en 2008 la compañía chilena negoció terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de 3 millones de dólares, según un informe oficial del Gobierno al que tuvo acceso este medio la semana pasada. Ese acuerdo no tuvo éxito y fue en la gestión de Héctor Arce en el Ministerio de Defensa Legal.
El Deber
Fue un acuerdo frustrado por David Moscoso, socio boliviano de Quiborax. El Estado boliviano y el consorcio minero chileno llegaron a un convenio de una indemnización de 27.272.113,98 dólares, al menos $us 15,4 millones menos del monto final que desembolsó a favor de la empresa, que al final recibió 42,6 millones de dólares. Ese pacto fue obstaculizado por Moscoso, dueño de Non Metallic Minerals (NMM).
El ministro de Justicia, Héctor Arce, en contacto con el EL DEBER, informó que Moscoso le mandó una carta fechada el 19 de diciembre de 2016 rechazando el acuerdo por "problemas societarios" entre Quiborax y NMM. Ese obstáculo impidió que se rubrique la firma y poder ahorrar al Estado.
"¿Por qué no se firma el acuerdo de los 27 millones (de dólares)? Porque tuvieron nuevamente problemas societarios los de la empresa. Tenían un socio boliviano, el señor David Moscoso, el que fue procesado y sancionado penalmente. Esta persona se oponía al acuerdo y nos presenta esta carta el 19 de diciembre de 2016", detalló Arce en una entrevista con este medio hace unos días.
La carta de Moscoso a Arce detalla que la indemnización económica deber ser pagada "única y exclusivamente" a la empresa NMM y no así a la chilena Quiborax. "¿Con el proceso de anulación en curso, sin el proceso terminado, volver a pagar 27 millones cuando hay un socio que se oponía? No es viable. Si yo firmaba (ese acuerdo), era grave", remarcó el ministro.
Arce destacó que la empresa Quiborax se molestó tras la oposición de Moscoso y decidió esperar la resolución de anulación, que salió en el mes de mayo. "Aún así, se abrió la negociación a la cabeza del jefe de área, en este caso el ministerio de Minería", dijo la autoridad.
"Cualquier indemnización es mala, pero pagar la mitad es un ahorro para el Estado, y nuestra idea, que no es secreta ni reservada, era ahorrarle la mitad al Estado, no pagar los 54 y pagar 27 millones de dólares, pero no se pudo por culpa del señor Moscoso", añadió Arce.
En 2006, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), después de nueve años de conflicto, determinó que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa chilena Quiborax por haber caducado una concesión en el salar de Uyuni, en Potosí.
El Estado boliviano apeló la decisión, pero aún así el dictamen fue contrario al interés nacional.
Al final, Bolivia acordó pagar $us 42,6 millones al consorcio minero Quiborax tras ser derrotado en el proceso del Ciadi. Este pago se dio tras conocer la información de que en 2008 la compañía chilena negoció terminar la demanda de arbitraje a cambio de un pago de 3 millones de dólares, según un informe oficial del Gobierno al que tuvo acceso este medio la semana pasada. Ese acuerdo no tuvo éxito y fue en la gestión de Héctor Arce en el Ministerio de Defensa Legal.
