Represión en Nicaragua: el Parlamento creó una "Comisión de la Verdad", cuestionada por la oposición y organismos de DDHH
El régimen de Daniel Ortega estableció esa comisión para investigar las 45 muertes que se produjeron durante las protestas de las últimas semanas
Infobae
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, estableció este domingo una "Comisión de la Verdad" para investigar la muerte de unas 45 personas durante las protestas antigubernamentales de las últimas semanas.
Denominada de "la Verdad, Justicia y Paz", la comisión quedó integrada por cinco miembros que según el presidente del parlamento, el oficialista Gustavo Porras, actuarán al margen de ese poder de Estado y "están totalmente libres de hacer las investigaciones que crean".
Los integrantes de la comisión son "notables nicaragüenses de diferentes sectores que están de acuerdo con el diálogo y paz", sostuvo Porras al realizar la juramentación, tras una sesión plenaria de 20 minutos.
Deberán informar de los resultados de sus investigaciones en un plazo de tres meses, el presidente parlamentario.
Las protestas iniciadas por estudiantes el 18 de abril y que se extendieron a otros sectores, contra una reforma al sistema de pensiones, dejaron unos 45 muertos y 400 heridos en todo el país, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), un organismo independiente, por la brutal represión del régimen de Ortega.
El mandatario revocó la reforma, que entre otras medidas aumentaba la cuota patronal y laboral, y reducía la pensión a jubilados, a la vez que convocó a un diálogo con mediación de la Iglesia católica, cuya fecha de inicio aún no ha sido definida.
La Asamblea Nacional de 92 escaños, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene mayoría absoluta, aprobó la instancia investigadora con el voto de 74 diputados y ninguno en contra. El opositor Partido Liberal decidió no participar.
La comisión quedó integrada por el economista Cairo Amador, la exrectora de Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Mirna Cunninhgam, el vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Jairo López, el sacerdote Uriel Molina y uno de los miembros de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, Adolfo Jarquin.
El cuerpo de investigación ya era cuestionado antes de su juramentación por opositores al gobierno y organismos independientes de derechos humanos.
La Iglesia católica, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos reclaman una investigación independiente con presencia internacional para determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas en cinco días de protestas.
Pero el gobierno rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar de forma urgente una visita al país para evaluar la situación en el terreno.
El Ejecutivo nicaragüense pidió a la CIDH, ente autónomo de la OEA, esperar el resultado del diálogo y la creación de la Comisión de la Verdad.
El Parlamento de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, estableció este domingo una "Comisión de la Verdad" para investigar la muerte de unas 45 personas durante las protestas antigubernamentales de las últimas semanas.
Denominada de "la Verdad, Justicia y Paz", la comisión quedó integrada por cinco miembros que según el presidente del parlamento, el oficialista Gustavo Porras, actuarán al margen de ese poder de Estado y "están totalmente libres de hacer las investigaciones que crean".
Los integrantes de la comisión son "notables nicaragüenses de diferentes sectores que están de acuerdo con el diálogo y paz", sostuvo Porras al realizar la juramentación, tras una sesión plenaria de 20 minutos.
Deberán informar de los resultados de sus investigaciones en un plazo de tres meses, el presidente parlamentario.
Las protestas iniciadas por estudiantes el 18 de abril y que se extendieron a otros sectores, contra una reforma al sistema de pensiones, dejaron unos 45 muertos y 400 heridos en todo el país, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), un organismo independiente, por la brutal represión del régimen de Ortega.
El mandatario revocó la reforma, que entre otras medidas aumentaba la cuota patronal y laboral, y reducía la pensión a jubilados, a la vez que convocó a un diálogo con mediación de la Iglesia católica, cuya fecha de inicio aún no ha sido definida.
La Asamblea Nacional de 92 escaños, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene mayoría absoluta, aprobó la instancia investigadora con el voto de 74 diputados y ninguno en contra. El opositor Partido Liberal decidió no participar.
La comisión quedó integrada por el economista Cairo Amador, la exrectora de Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Mirna Cunninhgam, el vicepresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Jairo López, el sacerdote Uriel Molina y uno de los miembros de la estatal Procuraduría de Derechos Humanos, Adolfo Jarquin.
El cuerpo de investigación ya era cuestionado antes de su juramentación por opositores al gobierno y organismos independientes de derechos humanos.
La Iglesia católica, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos reclaman una investigación independiente con presencia internacional para determinar la responsabilidad por las muertes ocurridas en cinco días de protestas.
Pero el gobierno rechazó una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar de forma urgente una visita al país para evaluar la situación en el terreno.
El Ejecutivo nicaragüense pidió a la CIDH, ente autónomo de la OEA, esperar el resultado del diálogo y la creación de la Comisión de la Verdad.
