Quiborax: Mesa pide rechazar proposición acusatoria y procesar a actuales autoridades
El expresidente pidió a la Fiscalía abrir proceso penal a todas las autoridades del actual gobierno por la “pésima defensa” en el laudo arbitral contra Quiborax.
Página Siete Digital / La Paz
El expresidente Carlos Mesa pidió hoy a la Fiscalía General del Estado rechazar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría por el caso Quiborax, debido a que hay una “falta de materia justiciable” y, más al contrario, abra un proceso penal en contra de las autoridades del actual gobierno nacional que han intervenido en defensa de Bolivia en el laudo arbitral contra la firma chilena.
Ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, informó que recibió del Ministerio Público la proposición acusatoria contra el expresidente Mesa y tres exministros, el cual se encuentra en análisis en la Sala Penal y que podría derivar en un juicio de responsabilidades. Mesa es acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
A través de un memorial, Mesa argumenta la decisión de su gobierno de recuperar la reserva fiscal de la totalidad del Salar de Uyuni que había sido reducida en 1998 y permitía a la empresa Non Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación, explotar y depredar los recursos del Salar de manera arbitraria, con una inversión y capital insignificantes en comparación con las ventajas y beneficios económicos.
Además menciona que la decisión fue compartida por los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales, que no se opusieron a su decisión de revertir la concesión de la empresa chilena y de expulsarla del territorio nacional.
“Si su autoridad decidiera que esta Proposición Acusatoria absurda y encubridora, tiene materia justiciable, tendría que requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de los ex Presidentes Carlos de Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual Presidente Juan Evo Morales Ayma, ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non Metallic Minerals S.A.-Quiborax del Salar de Uyuni para preservar los intereses de Bolivia frente a acciones expoliadoras de nuestros recursos naturales estratégicos”, señala Mesa.
En esa línea, el expresidente pidió al Fiscal General, Ramiro Guerrero, rechazar la proposición acusatoria y disponer el archivo de obrados, además de ordenar el “procesamiento penal de todas las autoridades del actual gobierno nacional que han intervenido de manera directa o indirecta en la defensa formal de Bolivia en el respectivo proceso arbitral, por haber causado daño económico al Estado, al haber ejercido una pésima defensa de los intereses del pueblo boliviano en el citado proceso arbitral”.
Y es que, para Mesa, el proceso que le inició la Procuraduría ante la justicia responde a la “pésima defensa” que hizo en el laudo arbitral que abrió Quiborax ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ratificó recientemente que Bolivia pague 57 millones de dólares por las concesiones revertidas a Quiborax; este monto incluye intereses y costas (gastos por honorarios).
El expresidente Carlos Mesa pidió hoy a la Fiscalía General del Estado rechazar la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría por el caso Quiborax, debido a que hay una “falta de materia justiciable” y, más al contrario, abra un proceso penal en contra de las autoridades del actual gobierno nacional que han intervenido en defensa de Bolivia en el laudo arbitral contra la firma chilena.
Ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, informó que recibió del Ministerio Público la proposición acusatoria contra el expresidente Mesa y tres exministros, el cual se encuentra en análisis en la Sala Penal y que podría derivar en un juicio de responsabilidades. Mesa es acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y la ley, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
A través de un memorial, Mesa argumenta la decisión de su gobierno de recuperar la reserva fiscal de la totalidad del Salar de Uyuni que había sido reducida en 1998 y permitía a la empresa Non Metallic Minerals, en la que Quiborax tenía participación, explotar y depredar los recursos del Salar de manera arbitraria, con una inversión y capital insignificantes en comparación con las ventajas y beneficios económicos.
Además menciona que la decisión fue compartida por los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y de Evo Morales, que no se opusieron a su decisión de revertir la concesión de la empresa chilena y de expulsarla del territorio nacional.
“Si su autoridad decidiera que esta Proposición Acusatoria absurda y encubridora, tiene materia justiciable, tendría que requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de los ex Presidentes Carlos de Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual Presidente Juan Evo Morales Ayma, ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non Metallic Minerals S.A.-Quiborax del Salar de Uyuni para preservar los intereses de Bolivia frente a acciones expoliadoras de nuestros recursos naturales estratégicos”, señala Mesa.
En esa línea, el expresidente pidió al Fiscal General, Ramiro Guerrero, rechazar la proposición acusatoria y disponer el archivo de obrados, además de ordenar el “procesamiento penal de todas las autoridades del actual gobierno nacional que han intervenido de manera directa o indirecta en la defensa formal de Bolivia en el respectivo proceso arbitral, por haber causado daño económico al Estado, al haber ejercido una pésima defensa de los intereses del pueblo boliviano en el citado proceso arbitral”.
Y es que, para Mesa, el proceso que le inició la Procuraduría ante la justicia responde a la “pésima defensa” que hizo en el laudo arbitral que abrió Quiborax ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ratificó recientemente que Bolivia pague 57 millones de dólares por las concesiones revertidas a Quiborax; este monto incluye intereses y costas (gastos por honorarios).
