Polémica en EE UU por la separación de padres e hijos inmigrantes en la frontera
Las autoridades han segregado a cientos de familias tras cruzar al país. Y han perdido la pista de 1.500 menores entregados a tutores
Joan Faus
Washington, El País
A Donald Trump le ha estallado su polémica decisión de separar a familias de inmigrantes indocumentados. No hay cifras exactas, pero se calcula que más de 1.300 niños han sido separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. La nueva política ha desatado críticas de demócratas y republicanos pese al intento del presidente estadounidense de culpar falsamente a los progresistas de la ruptura de familias en la frontera. Los reproches a Trump se han avivado tras saberse que, a finales de 2017, la Administración perdió la pista de unos 1.500 menores indocumentados que fueron entregados a familias de acogida tras llegar solos a EE UU.
Cada endurecimiento de la política migratoria es culpa del Partido Demócrata. Este es el argumentario de Trump, que atiza la retórica contra la inmigración cuando cree convenirle políticamente y se esfuerza en dibujar un paisaje caótico. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Es Trump quien ha decidido abrazar la mano dura fronteriza y una de las leyes que más condiciona la respuesta migratoria de su Gobierno fue impulsada en 2008 durante el mandato del republicano George W. Bush.
“Presiona a los demócratas para acabar con la ley horrible que separa a hijos de sus padres cuando cruzan la frontera hacia EE UU”, escribió Trump el sábado en Twitter. En el mismo mensaje acusó a la oposición de “proteger” a las bandas violentas salvadoreñas y volvió a pedir fondos para el muro fronterizo con México, emblema de su campaña electoral pero que carece de financiación completa. Al día siguiente, la Casa Blanca sostuvo que el rechazo de los demócratas a cerrar “resquicios” en la política migratoria ha causado la separación de familias de indocumentados.
No fueron los demócratas sino el Gobierno de Trump el que decidió, el pasado 7 de mayo, dar un paso polémico que se había resistido a tomar hasta ese momento. El fiscal general, Jeff Sessions, anunció una política de persecución judicial del “100 por ciento” en la frontera. En un intento de disuadir la llegada de inmigrantes indocumentados, que ha crecido en los últimos meses, el Departamento de Justicia decidió presentar cargos delictivos contra cualquier persona que cruce ilegalmente de México a EE UU al margen de cuál sea su situación personal, por ejemplo si solicita asilo.
Esa decisión de “tolerancia cero” implica convertir en práctica habitual la separación de padres e hijos de una misma familia de inmigrantes cuando son detenidos por la guardia fronteriza al entrar sin permiso a EE UU. Si sus padres son capturados, los niños no pueden ser encarcelados y pasan a ser considerados menores no acompañados a los que la Administración debe proteger. La separación puede durar pocos días o mucho más dependiendo de si los adultos salen del centro de detención tras su arresto mientras esperan a que se resuelva en los tribunales su situación migratoria. “Si no quiere ser separado de su hijo, entonces no los traiga ilegalmente a la frontera. No es nuestra culpa que alguien haga eso”, proclamó Sessions, referente del discurso antimigración.
El Gobierno reconoció en abril que, desde el pasado octubre, unos 700 menores han sido separados de sus padres. Y la semana pasada, un alto cargo de la policía de fronteras explicó que, entre el 6 y el 19 de mayo, fueron fichados 638 adultos para ser acusados de un delito y que iban acompañados por un total de 658 menores. Con la nueva política, las cifras presumiblemente se dispararán en las próximas semanas.
Uno de los argumentos de los críticos con la inmigración es el riesgo de que los adultos que viajan con menores no sean en realidad sus padres. Así lo manifestó el domingo el congresista republicano Mark Meadows, uno de los mayores aliados de Trump en el Capitolio, pero también advirtió de que todo el espectro político cree que la “mejor estrategia es mantener a una familia unida”. Destacados demócratas, como el congresista Joaquín Castro, han pedido “acabar con la deshumanidad” de separar familias.
La Administración dice actuar basándose en una ley de 2008 que establece, que en las primeras 48 horas tras ser aprehendido, un inmigrante indocumentado menor de edad pasa a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero la ley no decreta nada sobre la separación de familias.
El objetivo de la norma, aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Congreso hace 10 años, era luchar contra el tráfico de menores. Establece que los niños que viajan solos, y no son de México y Canadá (países con los que hay acuerdos especiales), deben ser liberados del modo “menos restrictivo” posible mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Trump asegura que esa ley facilita la liberación de indocumentados pero también influyen otros factores, como la lentitud de los tribunales migratorios, sentencias judiciales o los límites de camas en centros de detención de inmigrantes.
Tras ser liberados, los niños son transferidos a un refugio, a un tutor o a familiares en el país. Existe el riesgo de que los menores no se presenten a las citas judiciales. También de que pasen a estar desaparecidos en las estadísticas oficiales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos desató una polémica cuando reconoció en abril que ha perdido el rastro de 1.475 menores que fueron entregados a familias de acogida porque no ha podido contactar con los tutores. No es la primera vez que esto ocurre, lo que ha acentuado las voces que piden regular mejor ese departamento y advierten del peligro de que los niños caigan en redes de tráfico de personas.
Washington, El País
A Donald Trump le ha estallado su polémica decisión de separar a familias de inmigrantes indocumentados. No hay cifras exactas, pero se calcula que más de 1.300 niños han sido separados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. La nueva política ha desatado críticas de demócratas y republicanos pese al intento del presidente estadounidense de culpar falsamente a los progresistas de la ruptura de familias en la frontera. Los reproches a Trump se han avivado tras saberse que, a finales de 2017, la Administración perdió la pista de unos 1.500 menores indocumentados que fueron entregados a familias de acogida tras llegar solos a EE UU.
Cada endurecimiento de la política migratoria es culpa del Partido Demócrata. Este es el argumentario de Trump, que atiza la retórica contra la inmigración cuando cree convenirle políticamente y se esfuerza en dibujar un paisaje caótico. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Es Trump quien ha decidido abrazar la mano dura fronteriza y una de las leyes que más condiciona la respuesta migratoria de su Gobierno fue impulsada en 2008 durante el mandato del republicano George W. Bush.
“Presiona a los demócratas para acabar con la ley horrible que separa a hijos de sus padres cuando cruzan la frontera hacia EE UU”, escribió Trump el sábado en Twitter. En el mismo mensaje acusó a la oposición de “proteger” a las bandas violentas salvadoreñas y volvió a pedir fondos para el muro fronterizo con México, emblema de su campaña electoral pero que carece de financiación completa. Al día siguiente, la Casa Blanca sostuvo que el rechazo de los demócratas a cerrar “resquicios” en la política migratoria ha causado la separación de familias de indocumentados.
No fueron los demócratas sino el Gobierno de Trump el que decidió, el pasado 7 de mayo, dar un paso polémico que se había resistido a tomar hasta ese momento. El fiscal general, Jeff Sessions, anunció una política de persecución judicial del “100 por ciento” en la frontera. En un intento de disuadir la llegada de inmigrantes indocumentados, que ha crecido en los últimos meses, el Departamento de Justicia decidió presentar cargos delictivos contra cualquier persona que cruce ilegalmente de México a EE UU al margen de cuál sea su situación personal, por ejemplo si solicita asilo.
Esa decisión de “tolerancia cero” implica convertir en práctica habitual la separación de padres e hijos de una misma familia de inmigrantes cuando son detenidos por la guardia fronteriza al entrar sin permiso a EE UU. Si sus padres son capturados, los niños no pueden ser encarcelados y pasan a ser considerados menores no acompañados a los que la Administración debe proteger. La separación puede durar pocos días o mucho más dependiendo de si los adultos salen del centro de detención tras su arresto mientras esperan a que se resuelva en los tribunales su situación migratoria. “Si no quiere ser separado de su hijo, entonces no los traiga ilegalmente a la frontera. No es nuestra culpa que alguien haga eso”, proclamó Sessions, referente del discurso antimigración.
El Gobierno reconoció en abril que, desde el pasado octubre, unos 700 menores han sido separados de sus padres. Y la semana pasada, un alto cargo de la policía de fronteras explicó que, entre el 6 y el 19 de mayo, fueron fichados 638 adultos para ser acusados de un delito y que iban acompañados por un total de 658 menores. Con la nueva política, las cifras presumiblemente se dispararán en las próximas semanas.
Uno de los argumentos de los críticos con la inmigración es el riesgo de que los adultos que viajan con menores no sean en realidad sus padres. Así lo manifestó el domingo el congresista republicano Mark Meadows, uno de los mayores aliados de Trump en el Capitolio, pero también advirtió de que todo el espectro político cree que la “mejor estrategia es mantener a una familia unida”. Destacados demócratas, como el congresista Joaquín Castro, han pedido “acabar con la deshumanidad” de separar familias.
La Administración dice actuar basándose en una ley de 2008 que establece, que en las primeras 48 horas tras ser aprehendido, un inmigrante indocumentado menor de edad pasa a estar bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero la ley no decreta nada sobre la separación de familias.
El objetivo de la norma, aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Congreso hace 10 años, era luchar contra el tráfico de menores. Establece que los niños que viajan solos, y no son de México y Canadá (países con los que hay acuerdos especiales), deben ser liberados del modo “menos restrictivo” posible mientras su caso entra en el lento circuito judicial migratorio. Trump asegura que esa ley facilita la liberación de indocumentados pero también influyen otros factores, como la lentitud de los tribunales migratorios, sentencias judiciales o los límites de camas en centros de detención de inmigrantes.
Tras ser liberados, los niños son transferidos a un refugio, a un tutor o a familiares en el país. Existe el riesgo de que los menores no se presenten a las citas judiciales. También de que pasen a estar desaparecidos en las estadísticas oficiales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos desató una polémica cuando reconoció en abril que ha perdido el rastro de 1.475 menores que fueron entregados a familias de acogida porque no ha podido contactar con los tutores. No es la primera vez que esto ocurre, lo que ha acentuado las voces que piden regular mejor ese departamento y advierten del peligro de que los niños caigan en redes de tráfico de personas.
