Persisten los casos de racismo pese a ley y jornada destinada a combatir este mal
Mañana se celebrará el Día Nacional Contra el Racismo en Bolivia, declarado con motivo de la humillante vejación que sufrieron campesinos en Sucre el 24 de mayo de 2008.
Página Siete Digital / La Paz
Mañana se recuerda el Día Nacional Contra el Racismo en Bolivia y a casi ocho años de la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en octubre del año 2010, aún no se frenó este tipo de actos que todavía son repetitivos y se generan en espacios académicos, públicos y privados, como ocurrió en el último tiempo, sobre todo en Santa Cruz.
El Día Nacional Contra el Racismo en Bolivia se instauró a raíz de lo sucedido en Sucre en 2008. La capital vivió una jornada de violencia marcada por la humillación y vejámenes hacia un grupo de campesinos que fueron capturados por una turba de seguidores del opositor Comité Institucional y fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales en la plaza 25 de Mayo.
Pese a los esfuerzos del Gobierno por combatir este tipo de actitudes, los casos de racismo y discriminación persisten, y son por lo general denunciados en las redes sociales. Es el caso del video de una mujer oriunda de Santa Cruz que discriminó a una señora de pollera al interior de un micro en esa ciudad.
El audiovisual salió a la luz pública el pasado 13 de marzo y en ella se veía cómo la agresora impedía que la otra mujer se siente a su lado utilizando calificativos despectivos sobre su vestimenta y origen.
Las autoridades se pronunciaron al respecto, condenaron y sancionaron cualquier acto de esta similitud. El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, dijo que este tipo de agresión debe “ser erradicado y sancionado con todo el peso de la ley”. También aseguró que “el racismo es el mal heredado del colonialismo”.
Días después salió otro caso, esta vez en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz, donde tres estudiantes de la carrera de Derecho denunciaron al docente Juan Carlos Herrera por incurrir en expresiones racistas.
Según las denunciantes, este hecho ocurrió el jueves 29 de abril y otro estudiante subió a las redes sociales un audio en el que se escucha al docente gritar a sus alumnos e insultar a los que eran procedentes del occidente del país. “Los collas de m… nos roban a los cambas. Los collas de m… que son de La Paz, nos roban, nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, hijos de p… nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas de m… sí lo son”, se escucha en el audio.
Sobre este caso, el defensor de Pueblo, David Tezanos Pinto, pidió un informe escrito al Rectorado de la UAGRM con relación a los hechos acontecidos para posteriormente constituirse en parte querellante. El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió la destitución del docente. La universidad suspendió a éste el 3 de abril.
Hoy, Wendoli Jiménez, víctima del acto racista del docente, expresó su molestia y su indignación debido a que ya pasó más de un mes y cinco citaciones para que se consiguiera que Juan Carlos Herrera declarara ante la Fiscalía, además del hecho de que el docente universitario fue suspendido de su cargo sin goce de haberes, y a la fecha continúa recibiendo su salario.
Pero los casos siguen y suman. Para el proyectista de la ley contra el racismo, el exdiputado Jorge Medina, los espacios donde hay racismo y discriminación también están en el sector público, puso como ejemplo la Alcaldía de Coroico, donde el año pasado hubo un acto discriminatorio de parte de una funcionaria contra una niña afroboliviana, razón por la cual, a través de un cabildo, se exigió disculpas y su retiro de la institución.
“Los casos continúan, no obstante lo importante es que el Gobierno ha trabajado normas y políticas destinadas a combatir estos males, antes no había eso, entonces si bien no se podrá acabar con estas malas prácticas en lo inmediato, cuando menos se ha creado leyes e instituciones para combatirlas. Eso es un avance”, expresó.
Sólo un caso de racismo con sentencia en El Alto
En los ocho años de vigencia de la Ley 045 hubo una sola sentencia en El Alto. Rosa Vera Laura y Magda Barrionuevo Cruz fueron sentenciadas a tres años y seis meses de cárcel por incitar al racismo y discriminación contra Y. C. M, un adolescente que, según la justicia, fue agredido cuando estaba en el último año de escolaridad en el colegio Consejo Nacional de Vivienda para Fabriles Constructores y Gráficos.
Se trata de la primera sentencia por racismo y discriminación dictado en la ciudad de El Alto. El hecho ocurrió en mayo de 2014, cuando los padres de familia encabezadas por estas dos madres, incitaron a tomar el colegio y no dejar pasar clases exigiendo la expulsión del adolescente, además de ser sometido a malos tratos e insultos hasta sufrir agresiones físicas.
Mañana se recuerda el Día Nacional Contra el Racismo en Bolivia y a casi ocho años de la promulgación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en octubre del año 2010, aún no se frenó este tipo de actos que todavía son repetitivos y se generan en espacios académicos, públicos y privados, como ocurrió en el último tiempo, sobre todo en Santa Cruz.
El Día Nacional Contra el Racismo en Bolivia se instauró a raíz de lo sucedido en Sucre en 2008. La capital vivió una jornada de violencia marcada por la humillación y vejámenes hacia un grupo de campesinos que fueron capturados por una turba de seguidores del opositor Comité Institucional y fueron obligados a marchar semidesnudos en medio de agresiones físicas y verbales en la plaza 25 de Mayo.
Pese a los esfuerzos del Gobierno por combatir este tipo de actitudes, los casos de racismo y discriminación persisten, y son por lo general denunciados en las redes sociales. Es el caso del video de una mujer oriunda de Santa Cruz que discriminó a una señora de pollera al interior de un micro en esa ciudad.
El audiovisual salió a la luz pública el pasado 13 de marzo y en ella se veía cómo la agresora impedía que la otra mujer se siente a su lado utilizando calificativos despectivos sobre su vestimenta y origen.
Las autoridades se pronunciaron al respecto, condenaron y sancionaron cualquier acto de esta similitud. El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, dijo que este tipo de agresión debe “ser erradicado y sancionado con todo el peso de la ley”. También aseguró que “el racismo es el mal heredado del colonialismo”.
Días después salió otro caso, esta vez en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz, donde tres estudiantes de la carrera de Derecho denunciaron al docente Juan Carlos Herrera por incurrir en expresiones racistas.
Según las denunciantes, este hecho ocurrió el jueves 29 de abril y otro estudiante subió a las redes sociales un audio en el que se escucha al docente gritar a sus alumnos e insultar a los que eran procedentes del occidente del país. “Los collas de m… nos roban a los cambas. Los collas de m… que son de La Paz, nos roban, nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, hijos de p… nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas de m… sí lo son”, se escucha en el audio.
Sobre este caso, el defensor de Pueblo, David Tezanos Pinto, pidió un informe escrito al Rectorado de la UAGRM con relación a los hechos acontecidos para posteriormente constituirse en parte querellante. El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió la destitución del docente. La universidad suspendió a éste el 3 de abril.
Hoy, Wendoli Jiménez, víctima del acto racista del docente, expresó su molestia y su indignación debido a que ya pasó más de un mes y cinco citaciones para que se consiguiera que Juan Carlos Herrera declarara ante la Fiscalía, además del hecho de que el docente universitario fue suspendido de su cargo sin goce de haberes, y a la fecha continúa recibiendo su salario.
Pero los casos siguen y suman. Para el proyectista de la ley contra el racismo, el exdiputado Jorge Medina, los espacios donde hay racismo y discriminación también están en el sector público, puso como ejemplo la Alcaldía de Coroico, donde el año pasado hubo un acto discriminatorio de parte de una funcionaria contra una niña afroboliviana, razón por la cual, a través de un cabildo, se exigió disculpas y su retiro de la institución.
“Los casos continúan, no obstante lo importante es que el Gobierno ha trabajado normas y políticas destinadas a combatir estos males, antes no había eso, entonces si bien no se podrá acabar con estas malas prácticas en lo inmediato, cuando menos se ha creado leyes e instituciones para combatirlas. Eso es un avance”, expresó.
Sólo un caso de racismo con sentencia en El Alto
En los ocho años de vigencia de la Ley 045 hubo una sola sentencia en El Alto. Rosa Vera Laura y Magda Barrionuevo Cruz fueron sentenciadas a tres años y seis meses de cárcel por incitar al racismo y discriminación contra Y. C. M, un adolescente que, según la justicia, fue agredido cuando estaba en el último año de escolaridad en el colegio Consejo Nacional de Vivienda para Fabriles Constructores y Gráficos.
Se trata de la primera sentencia por racismo y discriminación dictado en la ciudad de El Alto. El hecho ocurrió en mayo de 2014, cuando los padres de familia encabezadas por estas dos madres, incitaron a tomar el colegio y no dejar pasar clases exigiendo la expulsión del adolescente, además de ser sometido a malos tratos e insultos hasta sufrir agresiones físicas.
