Mesa: El Gobierno quiere enjuiciarme para ocultar la desastrosa defensa del caso Quiborax
'Me quieren enjuiciar por haber preservado y ampliado la propiedad fiscal en el Salar de Uyuni, que es la joya de la corona de los recursos naturales de Bolivia', dijo.
Página Siete Digital / La Paz
El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que el Gobierno quiere procesarle por la "desastrosa defensa" que realizó la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax.
"La Procuraduría quiere que el Ministerio Público me inicie un proceso para ocultar la desastrosa negociación, la desastrosa defensa que la Procuraduría ha hecho muy mal en contra de Quiborax en el laudo arbitral", afirmó.
"Esta negociación comenzó en el Gobierno de Evo Morales y terminó en el Gobierno de Morales y le va a costar a Bolivia más de 48 millones de dólares. Este hecho, que es pésimo por parte de la Procuraduría, pretende ser ocultado y pretende trasladar acusaciones hacia mí", dijo Mesa en entrevista con Página Siete.
Ayer, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdió un laudo internacional con la empresa chilena Quiborax.
Puede leer también: Procuraduría pide investigar a Mesa por el caso Quiborax
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y ahora el Estado deberá pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax.
Según Mesa, esa responsabilidad no puede ser atribuida a su Gobierno, cuando la misma Procuraduría en la fase de defensa ante la Ciadi ponderó la decisión asumida por el entonces Presidente de la República. "Me quieren enjuiciar por haber preservado y ampliado la propiedad fiscal en el Salar de Uyuni, que es la joya de la corona de los recursos naturales de Bolivia", dijo.
"En el mundo al revés en el que funciona el gobierno del Presidente Morales, las nacionalizaciones que ha hecho y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario, en tanto la expulsión de una empresa extranjera y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé actual Agente de Bolivia en La Haya y Carlos Diego de Mesa Gisbert Portavoz de la Demanda Marítima contra una empresa chilena, que vulnerando toda norma, explotaba riquezas de nuestro Salar de Uyuni, deben ser investigadas y tipificadas como delitos" escribió también el historiador.
Según el vocero de la causa marítima, que también ha sido señalado por el caso Camargo-Correa por una comisión legislativa del MAS, hay una estrategia de demolición de su imagen, pero "como he hecho siempre, respondo a la infamia sin rodeos y sin victimismo alguno".
"El Procurador Pablo Menacho ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo,en la desastrosa negociación llevada a cabo por la Procuraduría del gobierno del Presidente Morales, que obliga al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la compañía chilena Non MetallicMinerals-Quiborax, empresa que invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales bolivianos".
La Procuradoría acusa al expresidente (2003-2005) de haber promulgado la ley 2564 de 9 de diciembre de 2003 que recuperó la Reserva Fiscal de la totalidad de la Costra Salina del Gran Salar de Uyuni y que había sido reducida arbitrariamente en 1998 por la Ley 1854, conocida también como la Ley Valda.
También acusa a Mesa de haber expulsado mediante el DS 27589 de 23 de junio de 2004 a la empresa chilena Non MetallicMinerals-Quiboraxy recuperado los recursos que explotaba por las siguientes razones, según explica el vocero de la causa marítima, por "negarse a dar información al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional, impidiendo las auditorias dispuestas por Ley", "haber hecho declaraciones fraudulentas de sus exportaciones de ulexita extraída del salar y transportada por ENFE, demostradas por las auditorias de Sergeomin y Comibol, y "la evidencia del daño económico al Estado y la contravención a normas del Código Tributario".
No obstante, indica, que el Procurador del Estado "omite que el DS 28527 de 16 de diciembre de 2005 emitido por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, derogó mi DS por deficiencias jurídicas pero que, con un impecable criterio patriótico, mantuvo la expulsión de la citada compañía expresando textualmente: “las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non MetallicMinerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan Estado”.
Según el Gobierno, el Decreto de Mesa adolecía de muchas irregularidades.
"El Procurador ha afirmado que mi Decreto fue ilegal, término que repitió varias veces en su presentación pública el día 24 de mayo de 2018. Una mentira flagrante que contradice el texto de la Procuraduría que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional de 16 de septiembre de 2015 en su página 71,que dice textualmente: 'Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria [mi DS 27589]se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones…fueron actos legítimosy adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)'".
"Esos argumentos son abundantemente justificados por la Procuraduría de Bolivia en las páginas 71 a 75 del citado Laudo" indica Mesa y considera que "si el Presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas".
El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, afirmó hoy que el Gobierno quiere procesarle por la "desastrosa defensa" que realizó la Procuraduría General del Estado en el caso Quiborax.
"La Procuraduría quiere que el Ministerio Público me inicie un proceso para ocultar la desastrosa negociación, la desastrosa defensa que la Procuraduría ha hecho muy mal en contra de Quiborax en el laudo arbitral", afirmó.
"Esta negociación comenzó en el Gobierno de Evo Morales y terminó en el Gobierno de Morales y le va a costar a Bolivia más de 48 millones de dólares. Este hecho, que es pésimo por parte de la Procuraduría, pretende ser ocultado y pretende trasladar acusaciones hacia mí", dijo Mesa en entrevista con Página Siete.
Ayer, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdió un laudo internacional con la empresa chilena Quiborax.
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y ahora el Estado deberá pagar 48,6 millones de dólares a Quiborax.
Según Mesa, esa responsabilidad no puede ser atribuida a su Gobierno, cuando la misma Procuraduría en la fase de defensa ante la Ciadi ponderó la decisión asumida por el entonces Presidente de la República. "Me quieren enjuiciar por haber preservado y ampliado la propiedad fiscal en el Salar de Uyuni, que es la joya de la corona de los recursos naturales de Bolivia", dijo.
"En el mundo al revés en el que funciona el gobierno del Presidente Morales, las nacionalizaciones que ha hecho y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario, en tanto la expulsión de una empresa extranjera y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé actual Agente de Bolivia en La Haya y Carlos Diego de Mesa Gisbert Portavoz de la Demanda Marítima contra una empresa chilena, que vulnerando toda norma, explotaba riquezas de nuestro Salar de Uyuni, deben ser investigadas y tipificadas como delitos" escribió también el historiador.
Según el vocero de la causa marítima, que también ha sido señalado por el caso Camargo-Correa por una comisión legislativa del MAS, hay una estrategia de demolición de su imagen, pero "como he hecho siempre, respondo a la infamia sin rodeos y sin victimismo alguno".
"El Procurador Pablo Menacho ha tomado esta iniciativa en mi contra para evadir su responsabilidad directa y la de sus antecesores en el cargo,en la desastrosa negociación llevada a cabo por la Procuraduría del gobierno del Presidente Morales, que obliga al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la compañía chilena Non MetallicMinerals-Quiborax, empresa que invirtió menos de un millón de dólares cuando explotaba recursos naturales bolivianos".
La Procuradoría acusa al expresidente (2003-2005) de haber promulgado la ley 2564 de 9 de diciembre de 2003 que recuperó la Reserva Fiscal de la totalidad de la Costra Salina del Gran Salar de Uyuni y que había sido reducida arbitrariamente en 1998 por la Ley 1854, conocida también como la Ley Valda.
También acusa a Mesa de haber expulsado mediante el DS 27589 de 23 de junio de 2004 a la empresa chilena Non MetallicMinerals-Quiboraxy recuperado los recursos que explotaba por las siguientes razones, según explica el vocero de la causa marítima, por "negarse a dar información al Servicio de Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional, impidiendo las auditorias dispuestas por Ley", "haber hecho declaraciones fraudulentas de sus exportaciones de ulexita extraída del salar y transportada por ENFE, demostradas por las auditorias de Sergeomin y Comibol, y "la evidencia del daño económico al Estado y la contravención a normas del Código Tributario".
No obstante, indica, que el Procurador del Estado "omite que el DS 28527 de 16 de diciembre de 2005 emitido por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, derogó mi DS por deficiencias jurídicas pero que, con un impecable criterio patriótico, mantuvo la expulsión de la citada compañía expresando textualmente: “las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la Empresa Non MetallicMinerals S.A. y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan Estado”.
Según el Gobierno, el Decreto de Mesa adolecía de muchas irregularidades.
"El Procurador ha afirmado que mi Decreto fue ilegal, término que repitió varias veces en su presentación pública el día 24 de mayo de 2018. Una mentira flagrante que contradice el texto de la Procuraduría que aparece en el Documento Oficial del Laudo Internacional de 16 de septiembre de 2015 en su página 71,que dice textualmente: 'Bolivia argumenta que el Decreto de Revocatoria [mi DS 27589]se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. Tanto el Decreto de Revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones…fueron actos legítimosy adoptados en aplicación del Derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras (del demandante)'".
"Esos argumentos son abundantemente justificados por la Procuraduría de Bolivia en las páginas 71 a 75 del citado Laudo" indica Mesa y considera que "si el Presidente Morales cree que el uso de los Órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas".
