Gobierno desahucia pedido de empresarios y dice que quienes critican 'añoran tiempos neoliberales'
El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, fijó la posición de la administración del presidente Evo Morales sobre el pronunciamiento de un encuentro empresarial que exigió cumplir demandas como revisar el pago del segundo aguinaldo y anular la ley de Empresas Sociales.
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
La dura posición asumida por los empresarios en contra de la política económica y salarial vigente fue cuestionada en similar tono desde el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que la actual administración es de los trabajadores, que los empresarios “no tienen de qué quejarse” y que quienes hacen críticas “añoran tiempos neoliberales”.
Anunció además que se mantendrá la política económica y continuará definiendo la política salarial con los trabajadores, tal como el Ejecutivo lo hizo en los últimos años. Los empresarios habían demandado participar en estas discusiones en un diálogo tripartito.
"Ratificamos la política salarial que el gobierno ha implementado todo este tiempo, una política salarial que ha permitido la expansión de la economía y con esa expansión de la economía permite también que las utilidades empresariales se mantengan en un buen nivel. Los empresarios no pueden quejarse", insistió.
No obstante, dijo que ello no significa que el Gobierno cierre las puertas al diálogo y a la permenente reflexión con el sector empresarial.
Tras participar de la reunión de gabinete y en una breve conferencia de prensa, Rada se refirió a las conclusiones de un encuentro empresarial en Santa Cruz que, entre otros aspectos, acordó exigir al Gobierno abrogar la Ley de Empresas Sociales y revisar el anuncio del doble aguinaldo ante la imposibilidad de pagar ese beneficio.
“No podemos dilatar soluciones que son urgentes pues enfrentamos problemas estructurales y de coyuntura que proyectan sombra sobre el futuro del aparato productivo del país y el bienestar de la población boliviana”, sostiene parte del documento de conclusiones que estuvo precedido, en la inauguración de la cita, por críticas al modelo vigente.
Desde la administración de Evo Morales se respondió en igual tono de crítica y molestia. “Éste, el gobierno del presidente Evo Morales, es un gobierno de los trabajadores, es un gobierno del pueblo, por lo tanto con el pueblo y los trabajadores es que se acuerdan aquellos temas, como en este caso, las políticas salariales”.
Como parte de la celebración del Día del Trabajador, el 1 de mayo, el Ejecutivo oficializó el alza salarial de 5,5% del básico y 3% al mínimo, además promulgó la ley de Empresas Sociales que fijan los procedimientos para que los trabajadores se hagan de firmas declaradas en quiebra. El sector patronal esperaba un incremento no mayor de 3% solo al básico.
“Una política salarial que ha permitido la expansión de la economía y con esa expansión de la economía permite también que las utilidades empresariales se mantengan en un buen nivel. Los empresarios no pueden quejarse, ellos mismos han reconocido que sus utilidades durante el proceso de cambio por la estabilidad y crecimiento económico…sus utilidades se han mantenido en buen nivel por lo tanto no tienen de qué quejarse”, insistió.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) está declarada en emergencia y exige un diálogo con resultados y participación en la definición de políticas productivas, justamente por su incidencia en la economía. Ya presentaron una denuncia ante la OIT por su marginación de las políticas salariales y anunciaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de Empresas Sociales porque ven que afectará su derecho propietario.
Empresarios ponen en cuestión el modelo económico y revisan su relacionamiento con el Gobierno
Rada fue insistente en aclarar que el Gobierno es de los trabajadores y que mantendrá la actual política salarial y de redistribución de los ingresos como parte de la justicia social “respetando la iniciativa privada”.
“Algunas declaraciones, pronunciamiento que se han escuchado no corresponden a la realidad, no corresponden a una realidad en la que precisamente, repito, por la estabilidad económica, por el crecimiento económico, por las medidas redistributivas que se han tomado en favor de los trabajadores, al final también los propios empresarios han resultado beneficiados”, destacó.
Según el Gobierno, el ritmo de crecimiento le permite prever el posible pago del segundo aguinaldo, que se activa con un crecimiento de 4,5% de la economía. A los empresarios les llama la atención que se le haya anunciado con tanto tiempo de anticipación y ven necesario un ajuste en el actual modelo para garantizar el crecimiento sostenido.
La dura posición asumida por los empresarios en contra de la política económica y salarial vigente fue cuestionada en similar tono desde el Gobierno. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, aseguró que la actual administración es de los trabajadores, que los empresarios “no tienen de qué quejarse” y que quienes hacen críticas “añoran tiempos neoliberales”.
Anunció además que se mantendrá la política económica y continuará definiendo la política salarial con los trabajadores, tal como el Ejecutivo lo hizo en los últimos años. Los empresarios habían demandado participar en estas discusiones en un diálogo tripartito.
"Ratificamos la política salarial que el gobierno ha implementado todo este tiempo, una política salarial que ha permitido la expansión de la economía y con esa expansión de la economía permite también que las utilidades empresariales se mantengan en un buen nivel. Los empresarios no pueden quejarse", insistió.
No obstante, dijo que ello no significa que el Gobierno cierre las puertas al diálogo y a la permenente reflexión con el sector empresarial.
Tras participar de la reunión de gabinete y en una breve conferencia de prensa, Rada se refirió a las conclusiones de un encuentro empresarial en Santa Cruz que, entre otros aspectos, acordó exigir al Gobierno abrogar la Ley de Empresas Sociales y revisar el anuncio del doble aguinaldo ante la imposibilidad de pagar ese beneficio.
“No podemos dilatar soluciones que son urgentes pues enfrentamos problemas estructurales y de coyuntura que proyectan sombra sobre el futuro del aparato productivo del país y el bienestar de la población boliviana”, sostiene parte del documento de conclusiones que estuvo precedido, en la inauguración de la cita, por críticas al modelo vigente.
Desde la administración de Evo Morales se respondió en igual tono de crítica y molestia. “Éste, el gobierno del presidente Evo Morales, es un gobierno de los trabajadores, es un gobierno del pueblo, por lo tanto con el pueblo y los trabajadores es que se acuerdan aquellos temas, como en este caso, las políticas salariales”.
Como parte de la celebración del Día del Trabajador, el 1 de mayo, el Ejecutivo oficializó el alza salarial de 5,5% del básico y 3% al mínimo, además promulgó la ley de Empresas Sociales que fijan los procedimientos para que los trabajadores se hagan de firmas declaradas en quiebra. El sector patronal esperaba un incremento no mayor de 3% solo al básico.
“Una política salarial que ha permitido la expansión de la economía y con esa expansión de la economía permite también que las utilidades empresariales se mantengan en un buen nivel. Los empresarios no pueden quejarse, ellos mismos han reconocido que sus utilidades durante el proceso de cambio por la estabilidad y crecimiento económico…sus utilidades se han mantenido en buen nivel por lo tanto no tienen de qué quejarse”, insistió.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) está declarada en emergencia y exige un diálogo con resultados y participación en la definición de políticas productivas, justamente por su incidencia en la economía. Ya presentaron una denuncia ante la OIT por su marginación de las políticas salariales y anunciaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de Empresas Sociales porque ven que afectará su derecho propietario.
Empresarios ponen en cuestión el modelo económico y revisan su relacionamiento con el Gobierno
Rada fue insistente en aclarar que el Gobierno es de los trabajadores y que mantendrá la actual política salarial y de redistribución de los ingresos como parte de la justicia social “respetando la iniciativa privada”.
“Algunas declaraciones, pronunciamiento que se han escuchado no corresponden a la realidad, no corresponden a una realidad en la que precisamente, repito, por la estabilidad económica, por el crecimiento económico, por las medidas redistributivas que se han tomado en favor de los trabajadores, al final también los propios empresarios han resultado beneficiados”, destacó.
Según el Gobierno, el ritmo de crecimiento le permite prever el posible pago del segundo aguinaldo, que se activa con un crecimiento de 4,5% de la economía. A los empresarios les llama la atención que se le haya anunciado con tanto tiempo de anticipación y ven necesario un ajuste en el actual modelo para garantizar el crecimiento sostenido.
