Fallo histórico a favor de Sánchez de Lozada y su ministro Sánchez Berzaín: "Terminó la persecución política"
Un juez de Fort Lauderdale, Estados Unidos, aseguró que no hay evidencias suficientes para responsabilizar al ex presidente de Bolivia y su ministro de Defensa por la muerte de civiles durante las protestas de 2003 en el país sudamericano
Infobae
"El juicio que termina ha sido un acto de persecución política digitado por los regímenes dictatoriales del castrochavismo". Así se pronunció José Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa de Bolivia, luego de que el juez norteamericano de Fort Lauderdale (Florida) James Cohn fallara a su favor y del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada en el juicio en que ambos eran acusados por la muerte de civiles ocurrida en octubre de 2003 en el país sudamericano.
Cohn consideró que los demandantes de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín carecían de evidencia suficiente, desestimando de esa manera la decisión de un jurado que en abril pasado los había declarado responsables por la muerte de civiles en el marco de la crisis originada por las protestas de ese año -conocidas como "guerra del gas"-. Hecho que obligó al ex jefe de Estado boliviano a dejar la presidencia, antes de concluir su mandato.
El magistrado norteamericano fue enfático en su resolución al remarcar que no se ha presentado "evidencia" alguna de que su Gobierno hubiera concebido "un plan para matar civiles".
De esta manera, Cohn anunció que emitirá un fallo en firme consistente con su pronunciamiento de este miércoles. El proceso tuvo lugar en EEUU gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales aunque todas las partes sean extranjeras y el crimen haya sido cometido en el exterior.
En diálogo con Infobae, Sánchez Berzaín sostuvo que la resolución "reivindica a los defensores de la democracia en Bolivia y a las Fuerzas Armadas de la Nación y sus mandos que solo cumplieron con la Constitución y el Estado de Derecho".
"Los generales comandantes son presos políticos del régimen dictatorial de Evo Morales", agregó.
Nueve demandantes aymara argumentaron en un juicio en Fort Lauderdale que el ex presidente y su ministro de Defensa dirigieron una campaña militar violenta que condujo a la muerte de ocho familiares de ellos, en sus esfuerzos por imponer su agenda política.
El pasado 3 de abril, tras un juicio de tres semanas, los diez miembros del jurado declararon responsables a los ex funcionarios de esas ejecuciones extrajudiciales, y se les ordenó entonces pagar a los demandantes aymara diez millones de dólares en concepto de daños.
Pero los abogados de la defensa pidieron al juez que desestimara la decisión del jurado, considerando que la evidencia para tal veredicto era insuficiente. Esa fue la moción que aceptó el juez Cohn este miércoles y que revirtió la decisión del jurado.
"Los demandantes no obtendrán nada de parte de los demandados en este asunto (…) La evidencia que los demandantes presentaron es legalmente insuficiente para sostener el veredicto del jurado a su favor", sentenció el magistrado.
"Hemos demostrado que los responsables son los conspiradores Evo Morales y Felipe Quispe, que actuaron dirigidos y financiados por Cuba y Venezuela, Chávez y Castro", aseguró Sánchez Berzaín.
El abogado y director del Interamerican Institute for Democracy agregó que "Evo Morales y sus cómplices se mantienen en impunidad por los decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa, que traicionó a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín".
La defensa de Sánchez de Lozada, quien dirigió al país en dos períodos (1993-1997 y 2002-2003), emitió un comunicado tras el histórico fallo: "La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles".
"El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes", añadió.
Por su parte, expresó su anhelo de algún día conocer la verdad detrás de las protestas que lo derrocaron: "Compartimos la esperanza de que un día no lejano se sepa y acepte toda la verdad. Creemos que este momento nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido, de orar por los que fueron afectados por la violencia, y comprometernos a que esta tragedia nunca más se repita".
"Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia", concluyó el comunicado.
Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 y se trasladó a Estados Unidos. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa y, en 2006, Morales ganó la presidencia.
"El juicio que termina ha sido un acto de persecución política digitado por los regímenes dictatoriales del castrochavismo". Así se pronunció José Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa de Bolivia, luego de que el juez norteamericano de Fort Lauderdale (Florida) James Cohn fallara a su favor y del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada en el juicio en que ambos eran acusados por la muerte de civiles ocurrida en octubre de 2003 en el país sudamericano.
Cohn consideró que los demandantes de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín carecían de evidencia suficiente, desestimando de esa manera la decisión de un jurado que en abril pasado los había declarado responsables por la muerte de civiles en el marco de la crisis originada por las protestas de ese año -conocidas como "guerra del gas"-. Hecho que obligó al ex jefe de Estado boliviano a dejar la presidencia, antes de concluir su mandato.
El magistrado norteamericano fue enfático en su resolución al remarcar que no se ha presentado "evidencia" alguna de que su Gobierno hubiera concebido "un plan para matar civiles".
De esta manera, Cohn anunció que emitirá un fallo en firme consistente con su pronunciamiento de este miércoles. El proceso tuvo lugar en EEUU gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales aunque todas las partes sean extranjeras y el crimen haya sido cometido en el exterior.
En diálogo con Infobae, Sánchez Berzaín sostuvo que la resolución "reivindica a los defensores de la democracia en Bolivia y a las Fuerzas Armadas de la Nación y sus mandos que solo cumplieron con la Constitución y el Estado de Derecho".
"Los generales comandantes son presos políticos del régimen dictatorial de Evo Morales", agregó.
Nueve demandantes aymara argumentaron en un juicio en Fort Lauderdale que el ex presidente y su ministro de Defensa dirigieron una campaña militar violenta que condujo a la muerte de ocho familiares de ellos, en sus esfuerzos por imponer su agenda política.
El pasado 3 de abril, tras un juicio de tres semanas, los diez miembros del jurado declararon responsables a los ex funcionarios de esas ejecuciones extrajudiciales, y se les ordenó entonces pagar a los demandantes aymara diez millones de dólares en concepto de daños.
Pero los abogados de la defensa pidieron al juez que desestimara la decisión del jurado, considerando que la evidencia para tal veredicto era insuficiente. Esa fue la moción que aceptó el juez Cohn este miércoles y que revirtió la decisión del jurado.
"Los demandantes no obtendrán nada de parte de los demandados en este asunto (…) La evidencia que los demandantes presentaron es legalmente insuficiente para sostener el veredicto del jurado a su favor", sentenció el magistrado.
"Hemos demostrado que los responsables son los conspiradores Evo Morales y Felipe Quispe, que actuaron dirigidos y financiados por Cuba y Venezuela, Chávez y Castro", aseguró Sánchez Berzaín.
El abogado y director del Interamerican Institute for Democracy agregó que "Evo Morales y sus cómplices se mantienen en impunidad por los decretos de amnistía firmados por Carlos Mesa, que traicionó a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín".
La defensa de Sánchez de Lozada, quien dirigió al país en dos períodos (1993-1997 y 2002-2003), emitió un comunicado tras el histórico fallo: "La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles".
"El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes", añadió.
Por su parte, expresó su anhelo de algún día conocer la verdad detrás de las protestas que lo derrocaron: "Compartimos la esperanza de que un día no lejano se sepa y acepte toda la verdad. Creemos que este momento nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido, de orar por los que fueron afectados por la violencia, y comprometernos a que esta tragedia nunca más se repita".
"Esperamos que los resultados de este juicio no solamente recuerden a todos la importancia de la justicia para la democracia, sino que nos permitan recuperar la confianza en las instituciones democráticas. Bolivia necesita y merece retomar el camino de la libertad y la democracia", concluyó el comunicado.
Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre de 2003 y se trasladó a Estados Unidos. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa y, en 2006, Morales ganó la presidencia.
