Procurador afirma que se evaluará la forma de cumplir dictamen de la ONU sobre exlegisladores
La inhabilitación de los exlegisladores constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala la parte conclusiva del comité.
La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz
Una vez conocido el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que concluyó que el Estado boliviano violó los derechos políticos de dos exlegisladores, la Procuraduría evaluará las modalidades de cumplimiento para el resarcimiento económico que fue dispuesto.
“Las modalidades de cumplimiento las vamos a analizar todavía, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer, eso es un primer análisis que nosotros hacemos”, sostuvo el procurador General, Pablo Menacho.
El dictamen del organismo de la ONU, que es como una sentencia, según Rebeca Delgado es sobre la denuncia contra el Estado por vulnerar sus derechos al negarle la posibilidad de terciar a la alcaldía de Cochabamba durante las elecciones en 2015.
El circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2014 prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015 postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Se estableció además que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
Junto a la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue favorecido el exsenador, también del partido en función de gobierno, Eduardo Maldonado, quien quizo ser candidato a la alcaldía de Potosí.
La inhabilitación de los exlegisladores constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala la parte conclusiva del comité, según su sitio web.
Ante este hecho, según el Procurador, el Estado analizará algún tipo recurso para revertir esta situación, sin embargo vio poco probable que pueda cambiar la situación.
Pese a ello, Menacho dijo que el organismo dejó con “absoluta claridad” la independencia tanto del Órgano Electoral Plurinacional como del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus actuaciones. “Ambos dictámenes tanto en el caso de Rebeca Delgado como de Eduardo Maldonado se ha desestimado por completo”, sostuvo.
Una vez conocido el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que concluyó que el Estado boliviano violó los derechos políticos de dos exlegisladores, la Procuraduría evaluará las modalidades de cumplimiento para el resarcimiento económico que fue dispuesto.
“Las modalidades de cumplimiento las vamos a analizar todavía, eso es un proceso que nosotros vamos a hacer, eso es un primer análisis que nosotros hacemos”, sostuvo el procurador General, Pablo Menacho.
El dictamen del organismo de la ONU, que es como una sentencia, según Rebeca Delgado es sobre la denuncia contra el Estado por vulnerar sus derechos al negarle la posibilidad de terciar a la alcaldía de Cochabamba durante las elecciones en 2015.
El circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2014 prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015 postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Se estableció además que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
Junto a la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue favorecido el exsenador, también del partido en función de gobierno, Eduardo Maldonado, quien quizo ser candidato a la alcaldía de Potosí.
La inhabilitación de los exlegisladores constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala la parte conclusiva del comité, según su sitio web.
Ante este hecho, según el Procurador, el Estado analizará algún tipo recurso para revertir esta situación, sin embargo vio poco probable que pueda cambiar la situación.
Pese a ello, Menacho dijo que el organismo dejó con “absoluta claridad” la independencia tanto del Órgano Electoral Plurinacional como del Tribunal Constitucional Plurinacional en sus actuaciones. “Ambos dictámenes tanto en el caso de Rebeca Delgado como de Eduardo Maldonado se ha desestimado por completo”, sostuvo.
