Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt
El general, de 91 años, fue considerado como uno de los militares más sanguinarios de América Latina
José Elías
Guatemala, El País
El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.
Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.
"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).
Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.
Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.
El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.
Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.
De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.
Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.
Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.
El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.
Trayectoria sangrienta
Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.
Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.
Guatemala, El País
El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.
Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.
"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).
Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.
Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.
El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.
Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.
De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.
Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.
Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.
El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.
Trayectoria sangrienta
Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.
Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.
