La liberación de Puigdemont abre grietas entre España y Alemania
El ministro español de Exteriores considera "desafortunado" el respaldo de la ministra alemana de Justicia a la decisión judicial de poner en libertad al expresidente catalán
Juan José Mateo
Madrid, El País
El caso de Puigdemont y su último episodio con la excarcelación del expresidente catalán por orden de un juez alemán ha abierto serias grietas entre dos Gobiernos que presumían de muy amigos, el de Mariano Rajoy y el de Angela Merkel. En el Ejecutivo español no se oculta el enorme malestar con esa decisión judicial que trastoca toda su estrategia frente a los prófugos del independentismo, por un lado, y con el inesperado desmarque de la ministra de Justicia de Alemania, la socialdemócrata Katarina Barley, que considera “absolutamente correcta” y “esperada” esa conflictiva decisión judicial.
Desconcierto, primero, por la rápida y sorpresiva resolución judicial de la Audiencia Territorial del land de Schleswig-Holstein, descartando la petición de extradición por un delito de rebelión contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y enfado notable después cuando se conocieron las declaraciones de la ministra ni más ni menos que de Justicia al diario Süddeutsche Zeitung. El Gobierno de Rajoy lleva meses basando su estrategia frente al proceso separatista en movimientos judiciales en España y en toda Europa, ante el aluvión de políticos independentistas catalanes fugados en distintos países que pretendían escapar de los procedimientos judiciales abiertos en territorio nacional. El primer y gran argumento para contrarrestar los intentos de internacionalizar el proceso independentista se centraba en que no habían logrado el apoyo de ningún país, ninguna institución y ningún socio.
Rajoy llegó a esgrimir, el pasado martes en Argel, que Europa no podía limitarse solo a un gran espacio económico y mercantil sino que se fundamentaba en unos valores morales, democráticos y de derecho comunes. Las últimas actuaciones judiciales esta misma semana en Bélgica, Alemania y Escocia, dejando en libertad a varios de esos prófugos independentistas, han supuesto todo un revés a esa única bala jugada por el Ejecutivo de Rajoy.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo el pasado martes una larga charla informal sobre el caso de Carles Puigdemont y sus derivadas judiciales en Europa precisamente con el ministro belga de Justicia, el flamenco pero no nacionalista Koen Geens, durante un aparte del gran foro con el que se celebró en Marrakech (Marruecos) en el primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial, según han confirmado fuentes oficiales. La conversación se desvió rápidamente a los problemas detectados ahora en las Órdenes Europeas de Detención y Entregas, creadas hace 14 años para suplir, simplificar y orillar los procelosos trámites de las antiguas extradiciones en hasta 32 tipos de los delitos más comunes.
Los ministros coincidieron en que las euroórdenes funcionan bien y rápido (muchas en 15 días) para la mayoría de los casos pero no para los más mediáticos y complejos. Y constataron que en esos supuestos, como ahora con el caso de Puigdemont, se les concede excesiva discrecionalidad a los jueces a la hora de revisar un proceso ya instruido e investigado en otro país, como un segundo procedimiento. En suma, que algunas euroórdenes no se están aplicando como se diseñaron, casi para ser ejecutadas de manera automática y directa sin lugar a las interpretaciones. Catalá ya planteó en diciembre la hipótesis de revisar en un Consejo Europeo de Justicia el funcionamiento de las euroórdenes y tuvo que matizar su propuesta. Ahora insiste en la misma idea, lo ha hablado con alguno de sus colegas y se plantea llevar los problemas a la próxima cita.
“Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”, ha opinado el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto de la convención presidida por Mariano Rajoy en Sevilla. “Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”, ha argumentado elevando el nivel de las críticas del PP a Alemania que no puede hacer el Gobierno español. “Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función”, ha asegurado. Y aventura: “La justicia nos dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos los europeos para tener sentido”.
En la tarde del viernes se le preguntó específicamente al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, si no haría falta una labor de pedagogía política e institucional para explicar por toda Europa el momento crítico que se vive en España con respecto a Cataluña, más allá de esperar a ver qué hacen diversos jueces. Dijo que no. Que había que creer en la separación de poderes, en la independencia judicial y que ese era el sentido de la euroorden cuando se creó hace ya 16 años. Fue el argumentario que repitió luego el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y este sábado en Sevilla el titular de Justicia, Rafael Catalá, y todos los que hablaron en público en nombre del Gobierno español.
En privado el malestar con la judicatura alemana era total, el cuestionamiento del funcionamiento actual de las euroórdenes era evidente y se palpaba el desconcierto con respecto al Gabinete de concentración formado por Angela Merkel. En las manifestaciones se intentó compaginar el rechazo a las declaraciones “desafortunadas” de su ministra de Justicia, según recalcó Dastis, con la idea de que “entrar a cimentar decisiones de los jueces” por parte del Ejecutivo alemán “no parece lo más apropiado en estos momentos”.
La ministra Katarina Barley ha llegado a afirmar que la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein era “absolutamente correcta” y ha apuntado incluso que si ahora el Supremo español no justificaba otro delito contra Puigdemont, el expresident pasaría a ser “un hombre libre en un país libre, es decir, en Alemania” y habría que empezar a plantearse “hablar también de los componentes políticos” del caso. Todo un mazazo a las tesis españolas.
La portavoz de Merkel
Para evidenciar que el Gobierno español considera este polémico asunto del caso de Puigdemont solo un contencioso jurídico entre un juez alemán y el Tribunal Supremo español el mandato que se fijó fue decir que no hacía falta establecer contactos políticos bilaterales ni al más alto nivel ni en los siguientes. Rajoy aseguró que no había hablado con Merkel y que no pensaba hacerlo, aunque luego en La Moncloa precisaron que seguramente la llamaría pero solo para darle el pésame por el atropello múltiple en Alemania. Dastis aseguró que no llamaría a su homólogo Heiko Maas y lo mismo ratificó el ministro Catalá con la polémica Barley.
Desde el Gobierno de Merkel, su viceportavoz, Ulrike Demmer, sí precisó en rueda de prensa: “No hay nada nuevo que se pueda decir sobre el tema, se trata de un caso que está en manos de la Justicia y que no afecta a las relaciones entre los dos Gobiernos”. Pero se reafirmó que el equipo de Merkel se mantiene en el concepto de que el conflicto catalán debe resolverse de acuerdo con la Constitución y las leyes españolas.
El ministro Catalá ha apuntado en Sevilla, durante la convención del PP, que su homóloga alemana debería respetar todas las decisiones judiciales del caso, tanto las de los jueces alemanes, las del Supremo español y también las de la Fiscalía germana, que respaldó la petición de extradición y que supone que ahora lo hará de nuevo en su informe final tras conocer la resolución de la Audiencia de Schleswig.
Madrid, El País
El caso de Puigdemont y su último episodio con la excarcelación del expresidente catalán por orden de un juez alemán ha abierto serias grietas entre dos Gobiernos que presumían de muy amigos, el de Mariano Rajoy y el de Angela Merkel. En el Ejecutivo español no se oculta el enorme malestar con esa decisión judicial que trastoca toda su estrategia frente a los prófugos del independentismo, por un lado, y con el inesperado desmarque de la ministra de Justicia de Alemania, la socialdemócrata Katarina Barley, que considera “absolutamente correcta” y “esperada” esa conflictiva decisión judicial.
Desconcierto, primero, por la rápida y sorpresiva resolución judicial de la Audiencia Territorial del land de Schleswig-Holstein, descartando la petición de extradición por un delito de rebelión contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y enfado notable después cuando se conocieron las declaraciones de la ministra ni más ni menos que de Justicia al diario Süddeutsche Zeitung. El Gobierno de Rajoy lleva meses basando su estrategia frente al proceso separatista en movimientos judiciales en España y en toda Europa, ante el aluvión de políticos independentistas catalanes fugados en distintos países que pretendían escapar de los procedimientos judiciales abiertos en territorio nacional. El primer y gran argumento para contrarrestar los intentos de internacionalizar el proceso independentista se centraba en que no habían logrado el apoyo de ningún país, ninguna institución y ningún socio.
Rajoy llegó a esgrimir, el pasado martes en Argel, que Europa no podía limitarse solo a un gran espacio económico y mercantil sino que se fundamentaba en unos valores morales, democráticos y de derecho comunes. Las últimas actuaciones judiciales esta misma semana en Bélgica, Alemania y Escocia, dejando en libertad a varios de esos prófugos independentistas, han supuesto todo un revés a esa única bala jugada por el Ejecutivo de Rajoy.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, mantuvo el pasado martes una larga charla informal sobre el caso de Carles Puigdemont y sus derivadas judiciales en Europa precisamente con el ministro belga de Justicia, el flamenco pero no nacionalista Koen Geens, durante un aparte del gran foro con el que se celebró en Marrakech (Marruecos) en el primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial, según han confirmado fuentes oficiales. La conversación se desvió rápidamente a los problemas detectados ahora en las Órdenes Europeas de Detención y Entregas, creadas hace 14 años para suplir, simplificar y orillar los procelosos trámites de las antiguas extradiciones en hasta 32 tipos de los delitos más comunes.
Los ministros coincidieron en que las euroórdenes funcionan bien y rápido (muchas en 15 días) para la mayoría de los casos pero no para los más mediáticos y complejos. Y constataron que en esos supuestos, como ahora con el caso de Puigdemont, se les concede excesiva discrecionalidad a los jueces a la hora de revisar un proceso ya instruido e investigado en otro país, como un segundo procedimiento. En suma, que algunas euroórdenes no se están aplicando como se diseñaron, casi para ser ejecutadas de manera automática y directa sin lugar a las interpretaciones. Catalá ya planteó en diciembre la hipótesis de revisar en un Consejo Europeo de Justicia el funcionamiento de las euroórdenes y tuvo que matizar su propuesta. Ahora insiste en la misma idea, lo ha hablado con alguno de sus colegas y se plantea llevar los problemas a la próxima cita.
“Si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido”, ha opinado el portavoz europeo del PP, Esteban González Pons, durante un acto de la convención presidida por Mariano Rajoy en Sevilla. “Si alguien intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país en el que intentó dar el golpe de Estado, puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión”, ha argumentado elevando el nivel de las críticas del PP a Alemania que no puede hacer el Gobierno español. “Si la UE sirve para que unos Estados cuestionen a otros, la UE pierde su función”, ha asegurado. Y aventura: “La justicia nos dará la razón, porque nuestra razón es la razón de la existencia de Europa. Europa tiene que protegernos a todos los europeos para tener sentido”.
En la tarde del viernes se le preguntó específicamente al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, si no haría falta una labor de pedagogía política e institucional para explicar por toda Europa el momento crítico que se vive en España con respecto a Cataluña, más allá de esperar a ver qué hacen diversos jueces. Dijo que no. Que había que creer en la separación de poderes, en la independencia judicial y que ese era el sentido de la euroorden cuando se creó hace ya 16 años. Fue el argumentario que repitió luego el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y este sábado en Sevilla el titular de Justicia, Rafael Catalá, y todos los que hablaron en público en nombre del Gobierno español.
En privado el malestar con la judicatura alemana era total, el cuestionamiento del funcionamiento actual de las euroórdenes era evidente y se palpaba el desconcierto con respecto al Gabinete de concentración formado por Angela Merkel. En las manifestaciones se intentó compaginar el rechazo a las declaraciones “desafortunadas” de su ministra de Justicia, según recalcó Dastis, con la idea de que “entrar a cimentar decisiones de los jueces” por parte del Ejecutivo alemán “no parece lo más apropiado en estos momentos”.
La ministra Katarina Barley ha llegado a afirmar que la decisión de los jueces de Schleswig-Holstein era “absolutamente correcta” y ha apuntado incluso que si ahora el Supremo español no justificaba otro delito contra Puigdemont, el expresident pasaría a ser “un hombre libre en un país libre, es decir, en Alemania” y habría que empezar a plantearse “hablar también de los componentes políticos” del caso. Todo un mazazo a las tesis españolas.
La portavoz de Merkel
Para evidenciar que el Gobierno español considera este polémico asunto del caso de Puigdemont solo un contencioso jurídico entre un juez alemán y el Tribunal Supremo español el mandato que se fijó fue decir que no hacía falta establecer contactos políticos bilaterales ni al más alto nivel ni en los siguientes. Rajoy aseguró que no había hablado con Merkel y que no pensaba hacerlo, aunque luego en La Moncloa precisaron que seguramente la llamaría pero solo para darle el pésame por el atropello múltiple en Alemania. Dastis aseguró que no llamaría a su homólogo Heiko Maas y lo mismo ratificó el ministro Catalá con la polémica Barley.
Desde el Gobierno de Merkel, su viceportavoz, Ulrike Demmer, sí precisó en rueda de prensa: “No hay nada nuevo que se pueda decir sobre el tema, se trata de un caso que está en manos de la Justicia y que no afecta a las relaciones entre los dos Gobiernos”. Pero se reafirmó que el equipo de Merkel se mantiene en el concepto de que el conflicto catalán debe resolverse de acuerdo con la Constitución y las leyes españolas.
El ministro Catalá ha apuntado en Sevilla, durante la convención del PP, que su homóloga alemana debería respetar todas las decisiones judiciales del caso, tanto las de los jueces alemanes, las del Supremo español y también las de la Fiscalía germana, que respaldó la petición de extradición y que supone que ahora lo hará de nuevo en su informe final tras conocer la resolución de la Audiencia de Schleswig.
