Juez da marcha atrás en su decisión y se inhibe del caso Rositas
Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas.
ANF
Bajo la presión de unos 20 funcionarios de los equipos jurídicos de la Procuraduría General del Estado y de ENDE, el Juez de Garantías Constitucionales Óscar Ortiz determinó dar pie atrás en su reciente decisión de que sean paralizadas las acciones administrativas y jurídicas del proyecto hidroeléctrico Rositas.
El juez Ortiz, de Cochabamba, resolvió el lunes pasado determinar esa paralización de toda acción en Rositas mientras se realice una audiencia que analice el fin del pedido de comunidades indígenas de Santa Cruz que presentaron una “acción popular” contra la construcción de la represa, que inundaría las casas de 500 familias de 12 comunidades.
Pero este miércoles, después de un cuarto intermedio en la audiencia judicial realizada en Cochabamba a la que asistieron aproximadamente 15 funcionarios del departamento legal de la Procuraduría y cinco del de ENDE, el juez Ortiz se retractó de su determinación y se declaró incompetente de seguir tratando el caso. En la audiencia el único abogado de las comunidades, Nelson de la Madrid, expuso sus argumentos.
Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Produciría unos 600 MW, casi la mitad de lo que produce el país.
El abogado de las comunidades indígenas, Nelson de la Madrid, lamentó las presiones ejercidas contra el juez y dijo éste se vio obligado a “borrar con el codo lo que escribió con la mano”.
“Nosotros consideramos que se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas en todo momento; en las acciones administrativas, en las licitaciones, en los contratos, en la designación de personal al área que se determinó desde ENDE, y por eso se presentó la acción”, dijo el abogado.
De la Madrid señaló a ANF en una entrevista telefónica que la Procuraduría admitió que la vulneración del derecho de los pueblos indígenas se cometió con la firma del contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR), una empresa china, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.
El 15 de septiembre de 2016 se adjudicó la construcción a AAR en una obra que será financiada en un 80% por el banco Eximbank de China y el resto con fondos del Estado.
El juez Ortiz decidió inhibirse de seguir conociendo la acción popular “por razón de territorio” y dispuso la remisión de los antecedentes al Juzgado de Turno de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, “siendo el distrito más cercano y el domicilio de los accionantes el departamento donde supuestamente ocurren las vulneraciones a los derechos y garantías”.
Propiedad vulnerada
El vicepresidente de la comunidad Moroco de la provincia Cordillera, Benigno Barrientos, denunció falta de información por parte de ENDE y acoso estatal permanente en la zona de influencia de Rositas.
“No nos informan, se nos acosa, y no conocemos ninguna alternativa. Durante tres años nos han venido acosando, no conocemos el resultado de los informes socioeconómicos y de impacto ambiental. (…). El Ministro de Energía, en vez de defender un proyecto hidroeléctrico debería decirnos ¿dónde hay otras 45 mil hectáreas de tierra para reubicar a los afectados”, cuestionó.
El Gobierno asegura que esta obra es crucial para el desarrollo de Santa Cruz y para poder exportar electricidad a Brasil.
Bajo la presión de unos 20 funcionarios de los equipos jurídicos de la Procuraduría General del Estado y de ENDE, el Juez de Garantías Constitucionales Óscar Ortiz determinó dar pie atrás en su reciente decisión de que sean paralizadas las acciones administrativas y jurídicas del proyecto hidroeléctrico Rositas.
El juez Ortiz, de Cochabamba, resolvió el lunes pasado determinar esa paralización de toda acción en Rositas mientras se realice una audiencia que analice el fin del pedido de comunidades indígenas de Santa Cruz que presentaron una “acción popular” contra la construcción de la represa, que inundaría las casas de 500 familias de 12 comunidades.
Pero este miércoles, después de un cuarto intermedio en la audiencia judicial realizada en Cochabamba a la que asistieron aproximadamente 15 funcionarios del departamento legal de la Procuraduría y cinco del de ENDE, el juez Ortiz se retractó de su determinación y se declaró incompetente de seguir tratando el caso. En la audiencia el único abogado de las comunidades, Nelson de la Madrid, expuso sus argumentos.
Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, de un costo de mil millones de dólares, que inundaría unas 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Produciría unos 600 MW, casi la mitad de lo que produce el país.
El abogado de las comunidades indígenas, Nelson de la Madrid, lamentó las presiones ejercidas contra el juez y dijo éste se vio obligado a “borrar con el codo lo que escribió con la mano”.
“Nosotros consideramos que se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas en todo momento; en las acciones administrativas, en las licitaciones, en los contratos, en la designación de personal al área que se determinó desde ENDE, y por eso se presentó la acción”, dijo el abogado.
De la Madrid señaló a ANF en una entrevista telefónica que la Procuraduría admitió que la vulneración del derecho de los pueblos indígenas se cometió con la firma del contrato entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR), una empresa china, para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.
El 15 de septiembre de 2016 se adjudicó la construcción a AAR en una obra que será financiada en un 80% por el banco Eximbank de China y el resto con fondos del Estado.
El juez Ortiz decidió inhibirse de seguir conociendo la acción popular “por razón de territorio” y dispuso la remisión de los antecedentes al Juzgado de Turno de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, “siendo el distrito más cercano y el domicilio de los accionantes el departamento donde supuestamente ocurren las vulneraciones a los derechos y garantías”.
Propiedad vulnerada
El vicepresidente de la comunidad Moroco de la provincia Cordillera, Benigno Barrientos, denunció falta de información por parte de ENDE y acoso estatal permanente en la zona de influencia de Rositas.
“No nos informan, se nos acosa, y no conocemos ninguna alternativa. Durante tres años nos han venido acosando, no conocemos el resultado de los informes socioeconómicos y de impacto ambiental. (…). El Ministro de Energía, en vez de defender un proyecto hidroeléctrico debería decirnos ¿dónde hay otras 45 mil hectáreas de tierra para reubicar a los afectados”, cuestionó.
El Gobierno asegura que esta obra es crucial para el desarrollo de Santa Cruz y para poder exportar electricidad a Brasil.
