ENDE se declara en "indefensión" y se suspende audiencia de acción contra Rositas
El abogado de las comunidades indígenas denunció que la intención desde el Gobierno es evitar analizar el tema de fondo que es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
ANF
En audiencia judicial realizada en la localidad de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se declaró en “indefensión”, frente a la acción popular planteada por dos comunidades indígenas para paralizar la medida precautoria de paralización de acciones administrativas y legales de la hidroeléctrica Rositas.
La información fue proporcionada a ANF por el abogado, Nélson de La Madrid, representante de las comunidades indígenas Tatarenda Nuevo y Yumao, lamentó que ENDE con todo su equipo jurídico y recursos económicos, se haya declarado en “indefensión” porque no asistieron a la audiencia los abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) y del Ministerio de Energía.
“El día de hoy llegó ENDE a la audiencia con un memorial argumentando que se encontraban en indefensión porque la Procuraduría no se presentó y alegaron que el Ministerio de Energía debía estar también presente”, dijo.
El jurista observó que el juez de Garantías Constitucionales de Lagunillas, Guido Castellón, intentó disuadir a los demandantes para que presentaran la acción popular en contra del Ministerio de Energía y no así en contra de ENDE. “Rechazamos contundentemente porque demandamos a la operadora de Rositas”, señaló.
De la Madrid denunció que la intención desde el Gobierno es evitar analizar el tema de fondo que es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y la no consulta pública, libre e informada desde el Estado para ejecutar proyectos de gran impacto.
“Hoy hemos presentado sentencias constitucionales de que la Procuraduría sólo puede actuar en procesos civiles, penales y coactivos fiscales, y en ningún caso en audiencias de defensa constitucional. Claramente hay parcialidad”, aseveró.
Recordó que las comunidades guaraníes presentaron el 28 de marzo una acción popular en la Cochabamba de ENDE, considerando que su sede se encuentra en esta ciudad, pero que lamentablemente el Juez se declaró incompetente luego que dio curso a la acción, y terminó derivando el recurso a Camiri, lugar donde el Juez de Garantías también se declaró incompetente por un tema de territorialidad.
“Nos volveremos a ver en Lagunillas; va a estar ENDE, la Procuraduría y el Ministerio de Energía con sus equipos jurídicos, y los indígenas guaraníes con su abogado, quien habla”, dijo.
Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, que inundaría 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz.
Cuestionó que el contrato firmado hace más de 18 meses entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) -que se incrementó de 1.000 a $us 1.300 millones sin justificación aparente- para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, sin la consulta pública, previa e informada, y sin el consentimiento de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
En audiencia judicial realizada en la localidad de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se declaró en “indefensión”, frente a la acción popular planteada por dos comunidades indígenas para paralizar la medida precautoria de paralización de acciones administrativas y legales de la hidroeléctrica Rositas.
La información fue proporcionada a ANF por el abogado, Nélson de La Madrid, representante de las comunidades indígenas Tatarenda Nuevo y Yumao, lamentó que ENDE con todo su equipo jurídico y recursos económicos, se haya declarado en “indefensión” porque no asistieron a la audiencia los abogados de la Procuraduría General del Estado (PGE) y del Ministerio de Energía.
“El día de hoy llegó ENDE a la audiencia con un memorial argumentando que se encontraban en indefensión porque la Procuraduría no se presentó y alegaron que el Ministerio de Energía debía estar también presente”, dijo.
El jurista observó que el juez de Garantías Constitucionales de Lagunillas, Guido Castellón, intentó disuadir a los demandantes para que presentaran la acción popular en contra del Ministerio de Energía y no así en contra de ENDE. “Rechazamos contundentemente porque demandamos a la operadora de Rositas”, señaló.
De la Madrid denunció que la intención desde el Gobierno es evitar analizar el tema de fondo que es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y la no consulta pública, libre e informada desde el Estado para ejecutar proyectos de gran impacto.
“Hoy hemos presentado sentencias constitucionales de que la Procuraduría sólo puede actuar en procesos civiles, penales y coactivos fiscales, y en ningún caso en audiencias de defensa constitucional. Claramente hay parcialidad”, aseveró.
Recordó que las comunidades guaraníes presentaron el 28 de marzo una acción popular en la Cochabamba de ENDE, considerando que su sede se encuentra en esta ciudad, pero que lamentablemente el Juez se declaró incompetente luego que dio curso a la acción, y terminó derivando el recurso a Camiri, lugar donde el Juez de Garantías también se declaró incompetente por un tema de territorialidad.
“Nos volveremos a ver en Lagunillas; va a estar ENDE, la Procuraduría y el Ministerio de Energía con sus equipos jurídicos, y los indígenas guaraníes con su abogado, quien habla”, dijo.
Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, que inundaría 45 mil hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas y campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz.
Cuestionó que el contrato firmado hace más de 18 meses entre ENDE y la Asociación Accidental Rositas (AAR) -que se incrementó de 1.000 a $us 1.300 millones sin justificación aparente- para la ejecución de la ingeniería, construcción, montaje, suministro, pruebas y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, sin la consulta pública, previa e informada, y sin el consentimiento de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
