Ecuador confirma el asesinato de los dos periodistas y el chófer secuestrados
Lenín Moreno y Juan Manuel Santos, presidentes de Ecuador y Colombia, anuncian un operativo militar en la zona fronteriza contra la disidencia de las FARC, responsable del rapto
A. MARCOS
Guayaquil / Bogotá, El País
Cumplido el plazo de 12 horas para que los responsables del secuestro de tres ecuatorianos en la zona fronteriza con Colombia entregaran pruebas de vida, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha confirmado definitivamente que los tres civiles han sido asesinados. “Nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos y lo único que querían era ganar tiempo”, ha declarado en la rueda de prensa convocada tras la reunión del Consejo de Seguridad del Estado, dos horas después de que finalizase el ultimátum.
Tras confirmar la muerte del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, del redactor Javier Ortega, de 32 años, y del conductor Efraín Segarra, de 60 años, Moreno ha lanzado una serie de acciones orientadas a capturar a los responsables del secuestro y de la ola de violencia que vive la provincia fronteriza de Esmeraldas. Con el apoyo militar de Colombia, Ecuador ha dispuesto ya el despliegue de unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía para perseguir a Walter Arízala, alias El Guacho, líder de la banda Óliver Sinisterra, disidentes de la exguerrilla de las FARC, y a quienes se atribuye el secuestro y la muerte de los dos periodistas y el conductor.
El país vecino había enviado a primera hora de la mañana a Quito al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la policía para que que se incorporaran al Comité de Seguridad. "En los últimos días, por cuestiones humanitarias las operaciones del lado colombiano fueron reducidas. A raíz de la noticia, se reavivan con intensidad en el lado colombiano", ha dicho Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, desde la Cumbre de las Américas en Lima.
Moreno despeja así la incertidumbre que se mantenía desde la tarde del jueves cuando se dio a conocer la existencia de fotografías en las que aparecen los cuerpos de los tres trabajadores del diario El Comercio que permanecían desde hacía 18 días en manos de estos grupos armados que operan en la frontera con Colombia.
La región donde tuvo lugar el secuestro, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, ha sido declarada como “zona de seguridad” para incrementar los controles policiales y militares en las carreteras y se ha “incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista de los más buscados del Ecuador”. Se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca su detención, ha dispuesto el presidente de Ecuador, que creará, además, una jurisdicción especializada en crimen organizado, con sede en la capital Quito, para perseguir con mayor intensidad este tipo de delitos.
Lenín Moreno ha hecho énfasis en que su Gobierno será receptivo con los errores que se detecten en el proceso de negociación, aunque ha asegurado que se ha obrado siempre de buena fe. No se va a “mentir al pueblo ecuatoriano”, ha dicho sobre cómo el secuestro de tres civiles terminó en un trágico desenlace. Por eso, ha pedido al jefe de la Policía Antisecuestros, Polibio Vinueza, que explique ante los medios, día por día, los detalles de la gestión fallida para la liberación del equipo periodístico.
Los periodistas fueron secuestrados el lunes 26 de marzo y apenas dos horas después se recibió por teléfono una fotografía que probaba el secuestro. Desaparecieron al adentrarse en la conflictiva zona de Mataje, al norte del país, para hacer un reportaje sobre el clima de violencia en la provincia fronteriza de Esmeralda, donde las bandas de narcotraficantes se mezclan con los grupos de disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.
Desde un principio, la banda liderada por El Guacho, de nacionalidad ecuatoriana, pidió la liberación de tres miembros de su grupo detenidos por Ecuador. La Policía aseguró que se estaban evaluando todos los mecanismos legales para cumplir con el requerimiento. Incluso, se envió un vídeo, por el canal de comunicación compartido con los secuestradores, en el que aparecía uno de los tres detenidos asegurando que las autoridades ecuatorianas les estaban dando un buen trato y que pronto serían liberados.
La negociación se rompió cuando los secuestradores dejaron de respetar el canal de comunicación telefónica y filtraron a los medios un vídeo de los periodistas como prueba de vida en el que se añadía una petición más: que Ecuador dejara de cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
A esta misma banda se responsabiliza de la ola de violencia que vive el lado ecuatoriano de la frontera norte desde finales de enero. "Estamos viviendo las consecuencias del conflicto de nuestro vecino hermano", ha dicho Moreno. "Estos hechos se produjeron en el Ecuador, pero solo colaborando podremos capturar a este criminal", ha afirmado Santos. "Las FARC ya no existen, esto es una banda criminal".
Ecuador está en conversaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que la organización intermedie en la recuperación de los cadáveres. Santos ha afirmado que se desconoce, por el momento, el paradero concreto de los cuerpos de los tres ciudadanos ecuatorianos.
Cronología de una negociación fallida
SARA ESPAÑA
Origen: el 12 de enero, en Mataje, la Policía Nacional realiza la operación Impacto 13 en la que se detiene a tres miembros del grupo armado que secuestró a los periodistas. Están siendo procesados por tráfico ilícito de armas.
Secuestro: se produce el 26 de marzo alrededor de las 15.30 horas en el pueblo de Mataje, limítrofe con Colombia. A las 17.00, los secuestradores envían una prueba, una fotografía, que demuestra que el equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado.
Comunicación: El 31 de marzo, por disposición del Comité de Crisis, se crea un canal de comunicación exclusivo para tratar el secuestro con los responsables. Se utiliza un número de teléfono nuevo destinado a ese único fin. Desde ese día hasta el 7 de abril, Ecuador mantiene cinco comunicaciones con el grupo de secuestradores desde diferentes números colombianos. En una de ellas, se amenaza al ministro del Interior, César Navas, y advierten de nuevos ataques con bombas. Fruto de los acercamientos con Guacho, el grupo disidente pide al Gobierno de Ecuador que libere a sus tres compañeros detenidos.
Primera filtración: el 2 de abril, una semana después del rapto, los secuestradores envían dos vídeos y una fotografía a un medio colombiano como prueba de vida de los tres civiles raptados. Añaden una nueva petición: que Ecuador deje de cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades ecuatorianas consideran que se ha quebrado el respeto al canal de comunicación y que se hizo para generar zozobra en la población y quebrar la estabilidad de los familiares.
Análisis del escenario legal: El Gobierno estudia las alternativas legales para cumplir con los requerimientos de los secuestradores. Fiscalía y Judicatura revisan los canales legales para encontrar una solución y avanzar en la liberación.
Acercamiento: como muestra de la voluntad de Ecuador de conseguir la liberación de los tres secuestrados, el último día, el 7 de abril, en que se tiene comunicación con el grupo de Guacho se envía un vídeo por WhatsApp en el que aparece uno de los tres miembros del grupo de detenidos. Afirma que las autoridades ecuatorianas les están “ayudando muchísimo” en todo el procedimiento, que pronto serán liberados y que él no ha sido sometido a ninguna presión para enviar ese mensaje.
Mediación de terceros: el 11 de abril, el Gobierno ecuatoriano se reúne con representantes de la Iglesia para que pueda intermediar a favor de la liberación de los secuestrados. El presidente Moreno explicó que uno de los delegados de la Iglesia se encontraba en camino hacia la zona conflictiva de la frontera, dado que había conocido con anterioridad al líder de la banda. Se avisa por mensaje al grupo de Guacho, pero la última lectura del canal de comunicación fue la del 7 de abril.
Guayaquil / Bogotá, El País
Cumplido el plazo de 12 horas para que los responsables del secuestro de tres ecuatorianos en la zona fronteriza con Colombia entregaran pruebas de vida, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha confirmado definitivamente que los tres civiles han sido asesinados. “Nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos y lo único que querían era ganar tiempo”, ha declarado en la rueda de prensa convocada tras la reunión del Consejo de Seguridad del Estado, dos horas después de que finalizase el ultimátum.
Tras confirmar la muerte del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, del redactor Javier Ortega, de 32 años, y del conductor Efraín Segarra, de 60 años, Moreno ha lanzado una serie de acciones orientadas a capturar a los responsables del secuestro y de la ola de violencia que vive la provincia fronteriza de Esmeraldas. Con el apoyo militar de Colombia, Ecuador ha dispuesto ya el despliegue de unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía para perseguir a Walter Arízala, alias El Guacho, líder de la banda Óliver Sinisterra, disidentes de la exguerrilla de las FARC, y a quienes se atribuye el secuestro y la muerte de los dos periodistas y el conductor.
El país vecino había enviado a primera hora de la mañana a Quito al ministro de Defensa, al comandante general de las Fuerzas Militares y al director de la policía para que que se incorporaran al Comité de Seguridad. "En los últimos días, por cuestiones humanitarias las operaciones del lado colombiano fueron reducidas. A raíz de la noticia, se reavivan con intensidad en el lado colombiano", ha dicho Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, desde la Cumbre de las Américas en Lima.
Moreno despeja así la incertidumbre que se mantenía desde la tarde del jueves cuando se dio a conocer la existencia de fotografías en las que aparecen los cuerpos de los tres trabajadores del diario El Comercio que permanecían desde hacía 18 días en manos de estos grupos armados que operan en la frontera con Colombia.
La región donde tuvo lugar el secuestro, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, ha sido declarada como “zona de seguridad” para incrementar los controles policiales y militares en las carreteras y se ha “incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista de los más buscados del Ecuador”. Se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca su detención, ha dispuesto el presidente de Ecuador, que creará, además, una jurisdicción especializada en crimen organizado, con sede en la capital Quito, para perseguir con mayor intensidad este tipo de delitos.
Lenín Moreno ha hecho énfasis en que su Gobierno será receptivo con los errores que se detecten en el proceso de negociación, aunque ha asegurado que se ha obrado siempre de buena fe. No se va a “mentir al pueblo ecuatoriano”, ha dicho sobre cómo el secuestro de tres civiles terminó en un trágico desenlace. Por eso, ha pedido al jefe de la Policía Antisecuestros, Polibio Vinueza, que explique ante los medios, día por día, los detalles de la gestión fallida para la liberación del equipo periodístico.
Los periodistas fueron secuestrados el lunes 26 de marzo y apenas dos horas después se recibió por teléfono una fotografía que probaba el secuestro. Desaparecieron al adentrarse en la conflictiva zona de Mataje, al norte del país, para hacer un reportaje sobre el clima de violencia en la provincia fronteriza de Esmeralda, donde las bandas de narcotraficantes se mezclan con los grupos de disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz.
Desde un principio, la banda liderada por El Guacho, de nacionalidad ecuatoriana, pidió la liberación de tres miembros de su grupo detenidos por Ecuador. La Policía aseguró que se estaban evaluando todos los mecanismos legales para cumplir con el requerimiento. Incluso, se envió un vídeo, por el canal de comunicación compartido con los secuestradores, en el que aparecía uno de los tres detenidos asegurando que las autoridades ecuatorianas les estaban dando un buen trato y que pronto serían liberados.
La negociación se rompió cuando los secuestradores dejaron de respetar el canal de comunicación telefónica y filtraron a los medios un vídeo de los periodistas como prueba de vida en el que se añadía una petición más: que Ecuador dejara de cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
A esta misma banda se responsabiliza de la ola de violencia que vive el lado ecuatoriano de la frontera norte desde finales de enero. "Estamos viviendo las consecuencias del conflicto de nuestro vecino hermano", ha dicho Moreno. "Estos hechos se produjeron en el Ecuador, pero solo colaborando podremos capturar a este criminal", ha afirmado Santos. "Las FARC ya no existen, esto es una banda criminal".
Ecuador está en conversaciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja para que la organización intermedie en la recuperación de los cadáveres. Santos ha afirmado que se desconoce, por el momento, el paradero concreto de los cuerpos de los tres ciudadanos ecuatorianos.
Cronología de una negociación fallida
SARA ESPAÑA
Origen: el 12 de enero, en Mataje, la Policía Nacional realiza la operación Impacto 13 en la que se detiene a tres miembros del grupo armado que secuestró a los periodistas. Están siendo procesados por tráfico ilícito de armas.
Secuestro: se produce el 26 de marzo alrededor de las 15.30 horas en el pueblo de Mataje, limítrofe con Colombia. A las 17.00, los secuestradores envían una prueba, una fotografía, que demuestra que el equipo periodístico de El Comercio fue secuestrado.
Comunicación: El 31 de marzo, por disposición del Comité de Crisis, se crea un canal de comunicación exclusivo para tratar el secuestro con los responsables. Se utiliza un número de teléfono nuevo destinado a ese único fin. Desde ese día hasta el 7 de abril, Ecuador mantiene cinco comunicaciones con el grupo de secuestradores desde diferentes números colombianos. En una de ellas, se amenaza al ministro del Interior, César Navas, y advierten de nuevos ataques con bombas. Fruto de los acercamientos con Guacho, el grupo disidente pide al Gobierno de Ecuador que libere a sus tres compañeros detenidos.
Primera filtración: el 2 de abril, una semana después del rapto, los secuestradores envían dos vídeos y una fotografía a un medio colombiano como prueba de vida de los tres civiles raptados. Añaden una nueva petición: que Ecuador deje de cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades ecuatorianas consideran que se ha quebrado el respeto al canal de comunicación y que se hizo para generar zozobra en la población y quebrar la estabilidad de los familiares.
Análisis del escenario legal: El Gobierno estudia las alternativas legales para cumplir con los requerimientos de los secuestradores. Fiscalía y Judicatura revisan los canales legales para encontrar una solución y avanzar en la liberación.
Acercamiento: como muestra de la voluntad de Ecuador de conseguir la liberación de los tres secuestrados, el último día, el 7 de abril, en que se tiene comunicación con el grupo de Guacho se envía un vídeo por WhatsApp en el que aparece uno de los tres miembros del grupo de detenidos. Afirma que las autoridades ecuatorianas les están “ayudando muchísimo” en todo el procedimiento, que pronto serán liberados y que él no ha sido sometido a ninguna presión para enviar ese mensaje.
Mediación de terceros: el 11 de abril, el Gobierno ecuatoriano se reúne con representantes de la Iglesia para que pueda intermediar a favor de la liberación de los secuestrados. El presidente Moreno explicó que uno de los delegados de la Iglesia se encontraba en camino hacia la zona conflictiva de la frontera, dado que había conocido con anterioridad al líder de la banda. Se avisa por mensaje al grupo de Guacho, pero la última lectura del canal de comunicación fue la del 7 de abril.
