Costas: José María Leyes es el primer mártir político del 21F
Santa Cruz, ErbolEl gobernador de Santa Cruz y líder de los Demócratas, Rubén Costas, aseguró hoy que el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, es el “primer mártir” y una “autoridad perseguida por el MAS” por haber denunciado internacionalmente una vulneración a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, ante la repostulación del presidente, Evo Morales.
"Casualmente, después de las denuncias internacionales en Europa, en defensa del 21F, ha sido arraigado. Este es otro ejemplo del por qué quieren controlar la justicia. Un juez masista retira irregularmente los derechos políticos de un alcalde legítimo", expresó Costas en una conferencia de prensa desde Santa Cruz.
El domingo en la noche, el juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliaria para Leyes en el caso de la compra irregular de las mochilas escolares.
En este contexto, Costas dijo que la bancada de los Demócratas es la agrupación política opositora más perseguida por el Gobierno "No tenemos sentenciados por corrupción", agregó a tiempo de señalar que “Leyes se sometió a la justicia y esa es la diferencia de los Demócratas con los corruptos”.
Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz aseguró que solo a través de una sentencia ejecutoriada se pude suspender los derechos políticos de una autoridad electa. “La decisión judicial es tan asquerosa que ni siquiera disimula los propósitos políticos (del fallo)”, añadió.
El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Iván Tellería, dijo hoy que ante la inexistencia de una notificación que suspenda a Leyes como alcalde de la ciudad, no se nombrará una autoridad edil interina.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contrataos lesivos al Estado.
El juez, en la audiencia de medidas cautelares, determinó, además de la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo.
