Bs 47 millones para equipar Palacio de Evo y sólo 2 licitaciones por 2,8 millones
Por DS, las contrataciones por montos menores a Bs 20.000 para el equipamiento del edificio de 29 pisos son directas y no figuran en el Sicoes. Las únicas dos licitaciones públicas son para WiFi.
Leny Chuquimia / La Paz
Un monto de 47.448.796 bolivianos fue presupuestado este año para el equipamiento del nuevo palacio presidencial, según datos del SIGMA y del Presupuesto General del Estado 2018, analizados por el economista Julio Linares. Cuando falta una semana para la entrega provisional de la infraestructura, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) sólo registra dos licitaciones, ambas referentes al WiFi, por 2.889.005 bolivianos.
Legisladores de oposición señalan que los costos de las adquisiciones para equipamiento no se transparentan debido al Decreto Supremo 3494 que autoriza la compra directa, sin publicación de contratos, cuando éstos corresponden a montos menores a 20.000 bolivianos. Advierten que se trata de una inversión “millonaria sin fiscalización”.
“En febrero han aprobado el decreto que autoriza al Ministerio de la Presidencia para hacer las compras de forma directa. Si pensamos en los 29 pisos, el helipuerto, el penthouse del Presidente, el sauna, el gimnasio, las salas de conferencias y otros calculamos una inversión millonaria sin fiscalización”, dijo la diputada del PDC, Norma Piérola.
Millonario equipamiento
Los datos analizados por Linares establecen que este 2018 se incorporaron cuatro nuevos ítems al presupuesto de la Casa Grande del Pueblo, por un monto de 47.448.796 bolivianos. Todos corresponden a equipamiento.
Para los equipos de comunicación del nuevo Palacio de Gobierno se destina un presupuesto de 34.281.544 bolivianos; para los de oficina y muebles, 3.747.654; para los de computación, 1.058.680; y para otros insumos y servicios, 8.360.918 bolivianos.
Hasta la fecha, se lanzaron dos licitaciones públicas por un total de 2.889.005 bolivianos para equipamiento de la Red de Datos y del Centro de Datos. La primera establece un monto de 1.095.165 bolivianos para la red de WiFi y otros componentes y data del 19 de marzo con fecha límite de licitación el 18 de abril. El segundo requerimiento fue lanzado el 7 de septiembre de 2017 y en el Sicoes figura como “contratado”.
Compra directa por norma
El Decreto Supremo al que hace referencia la legisladora de oposición fue publicado el 28 de febrero de 2018. Establece que con el fin de “precautelar la seguridad y funcionamiento de la Casa Grande del Pueblo” y en consideración de su rango de “prioridad nacional” es “necesario” autorizar al Ministerio de la Presidencia la contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento y acondicionamiento de los nuevos predios presidenciales durante la gestión 2018.
En su artículo tercero, establece que para el procedimiento de las adquisición, dicha cartera deberá realizar un reglamento mediante una resolución. Indica que sólo en el caso de las contrataciones mayores a los 20.000 bolivianos se solicitará al proveedor nacional el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Según el DS, la información sobre la compra deberá ser presentada a la Contraloría. El registro en el Sicoes como el RUPE corresponderá sólo cuando la compra de equipamiento sobrepase el monto de 20.000 bolivianos.
La norma añade que la asignación de recursos será aprobada a través de una Resolución biministerial firmada entre los ministerios de la Presidencia y el de Economía y Finanzas Públicas. La disposición de asignación de los 47 millones para equipamiento no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no se sabe si el dinero ya está disponible para las compras.
“Nosotros hemos presentado una petición de informe escrito sobre los montos de inversión que hasta el día de hoy el Ministerio de la Presidencia se niega a entregar”, manifestó Piérola.
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral consideró que con el DS 3494 se podrán cometer excesos. “Ya tenemos un antecedente de las alfombras persas y muebles en el Ministerio de Economía”, dijo.
Página Siete solicitó reiteradamente a la unidad de comunicación del Ministerio de la Presidencia información sobre la asignación de recursos, los montos y el avance en el equipamiento del Palacio de Evo. Hasta la fecha no se obtuvo respuesta.
El senador Yerko Núñez (UD) señaló que esta información también ha sido solicitada por legisladores. “Aún no la tenemos, pero lo referente a los recursos del Estado tienen que ser públicos. El Gobierno no tendría por qué ocultarlos”, sostuvo.
Entrega provisional en abril
Datos técnicos del nuevo palacio, actualizados y publicados hace dos semanas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) -instancia fiscalizadora de la obra- señalan que el plazo para la entrega provisional de la infraestructura por parte de la constructora Tauro es este abril. El equipamiento será posterior.
El diseño TESA del proyecto fue elaborado por el FNDR, FPS y los ministerios de Planificación, Obras Públicas, Economía y Culturas. Contempla el diseño arquitectónico, estructural, instalación eléctrica, hidrosanitaria y cableado estructurado.
Sobre las características del edificio de la plaza Murillo, el último informe del FNDR ratifica que tendrá 29 plantas en una superficie construida de 29.492 metros cuadrados.
Contará con áreas de estacionamiento y servicios, parqueos, área social común, de actos y exposición, auditorio, centro de datos, centro social/comedor, administración/comedor, área de monitoreo, gabinete y salas de trabajo, Casa Militar, oficinas gubernamentales, área de trabajo presidencial, dependencias complementarias y helipuerto.
Según el último reporte, hasta el 9 de abril pasado, las obras tenían un avance del 95% de ejecución; mientras que el avance financiero llegaba al 81%. El monto de inversión del proyecto está estimado en 252,4 millones de bolivianos, que incluye supervisión.
El acápite Construcción del documento del FNDR detalla un presupuesto de 231,6 millones de bolivianos en el contrato inicial, cifra que subió a 241 millones de bolivianos en el contrato modificatorio. Aclara que no es un monto definitivo. La supervisión a cargo de FPS, según contrato vigente, alcanza los 11,4 millones de bolivianos.
En diciembre el periodista Andrés Gómez, en base a planos a los que tuvo acceso, señaló que el piso 24 -donde estará la vivienda presidencial- tendrá un sauna y un gimnasio. Días después el Presidente confirmó el dato y mostró molestia por las críticas de “algunos medios y políticos”. La residencia de San Jorge tiene dos saunas, “¿por qué antes no han protestado?”, cuestionó.
El senador Núñez lamentó que se hagan inversiones millonarias en un proyecto que -a su parecer- sólo beneficiará a la “comodidad” del Presidente: “En Beni los hospitales se están cayendo a pedazos, no hay ítems para especialistas. No entendemos cómo un gobierno que dice defender a los que más necesitan busca lujos”, sostuvo el asambleísta.
La Casa Grande
Según el Gobierno, la Casa Grande del Pueblo fue concebida como el símbolo del nuevo Estado Plurinacional de relación permanente con las organizaciones sociales.
2012 La Ley 313 del 7 de diciembre declara prioridad nacional la construcción del nuevo palacio de gobierno.
2013 Se instruye al FNDR, la creación de una unidad de coordinación para la elaboración del estudio TESA.
2016 Hace dos años debió entregarse la obra, según el contrato firmado en 2015 para el inicio de la construcción.
5 modificaciones se hicieron al proyecto que variaron la inversión. Entre la primera y la última hay 9,9 millones de diferencia.
9 muralistas elegidos por concurso plasmarán sus obras en el edificio. La difusión de la convocatoria costó 291.705 bolivianos.
Un monto de 47.448.796 bolivianos fue presupuestado este año para el equipamiento del nuevo palacio presidencial, según datos del SIGMA y del Presupuesto General del Estado 2018, analizados por el economista Julio Linares. Cuando falta una semana para la entrega provisional de la infraestructura, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) sólo registra dos licitaciones, ambas referentes al WiFi, por 2.889.005 bolivianos.
Legisladores de oposición señalan que los costos de las adquisiciones para equipamiento no se transparentan debido al Decreto Supremo 3494 que autoriza la compra directa, sin publicación de contratos, cuando éstos corresponden a montos menores a 20.000 bolivianos. Advierten que se trata de una inversión “millonaria sin fiscalización”.
“En febrero han aprobado el decreto que autoriza al Ministerio de la Presidencia para hacer las compras de forma directa. Si pensamos en los 29 pisos, el helipuerto, el penthouse del Presidente, el sauna, el gimnasio, las salas de conferencias y otros calculamos una inversión millonaria sin fiscalización”, dijo la diputada del PDC, Norma Piérola.
Millonario equipamiento
Los datos analizados por Linares establecen que este 2018 se incorporaron cuatro nuevos ítems al presupuesto de la Casa Grande del Pueblo, por un monto de 47.448.796 bolivianos. Todos corresponden a equipamiento.
Para los equipos de comunicación del nuevo Palacio de Gobierno se destina un presupuesto de 34.281.544 bolivianos; para los de oficina y muebles, 3.747.654; para los de computación, 1.058.680; y para otros insumos y servicios, 8.360.918 bolivianos.
Hasta la fecha, se lanzaron dos licitaciones públicas por un total de 2.889.005 bolivianos para equipamiento de la Red de Datos y del Centro de Datos. La primera establece un monto de 1.095.165 bolivianos para la red de WiFi y otros componentes y data del 19 de marzo con fecha límite de licitación el 18 de abril. El segundo requerimiento fue lanzado el 7 de septiembre de 2017 y en el Sicoes figura como “contratado”.
Compra directa por norma
El Decreto Supremo al que hace referencia la legisladora de oposición fue publicado el 28 de febrero de 2018. Establece que con el fin de “precautelar la seguridad y funcionamiento de la Casa Grande del Pueblo” y en consideración de su rango de “prioridad nacional” es “necesario” autorizar al Ministerio de la Presidencia la contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento y acondicionamiento de los nuevos predios presidenciales durante la gestión 2018.
En su artículo tercero, establece que para el procedimiento de las adquisición, dicha cartera deberá realizar un reglamento mediante una resolución. Indica que sólo en el caso de las contrataciones mayores a los 20.000 bolivianos se solicitará al proveedor nacional el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Según el DS, la información sobre la compra deberá ser presentada a la Contraloría. El registro en el Sicoes como el RUPE corresponderá sólo cuando la compra de equipamiento sobrepase el monto de 20.000 bolivianos.
La norma añade que la asignación de recursos será aprobada a través de una Resolución biministerial firmada entre los ministerios de la Presidencia y el de Economía y Finanzas Públicas. La disposición de asignación de los 47 millones para equipamiento no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no se sabe si el dinero ya está disponible para las compras.
“Nosotros hemos presentado una petición de informe escrito sobre los montos de inversión que hasta el día de hoy el Ministerio de la Presidencia se niega a entregar”, manifestó Piérola.
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral consideró que con el DS 3494 se podrán cometer excesos. “Ya tenemos un antecedente de las alfombras persas y muebles en el Ministerio de Economía”, dijo.
Página Siete solicitó reiteradamente a la unidad de comunicación del Ministerio de la Presidencia información sobre la asignación de recursos, los montos y el avance en el equipamiento del Palacio de Evo. Hasta la fecha no se obtuvo respuesta.
El senador Yerko Núñez (UD) señaló que esta información también ha sido solicitada por legisladores. “Aún no la tenemos, pero lo referente a los recursos del Estado tienen que ser públicos. El Gobierno no tendría por qué ocultarlos”, sostuvo.
Entrega provisional en abril
Datos técnicos del nuevo palacio, actualizados y publicados hace dos semanas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) -instancia fiscalizadora de la obra- señalan que el plazo para la entrega provisional de la infraestructura por parte de la constructora Tauro es este abril. El equipamiento será posterior.
El diseño TESA del proyecto fue elaborado por el FNDR, FPS y los ministerios de Planificación, Obras Públicas, Economía y Culturas. Contempla el diseño arquitectónico, estructural, instalación eléctrica, hidrosanitaria y cableado estructurado.
Sobre las características del edificio de la plaza Murillo, el último informe del FNDR ratifica que tendrá 29 plantas en una superficie construida de 29.492 metros cuadrados.
Contará con áreas de estacionamiento y servicios, parqueos, área social común, de actos y exposición, auditorio, centro de datos, centro social/comedor, administración/comedor, área de monitoreo, gabinete y salas de trabajo, Casa Militar, oficinas gubernamentales, área de trabajo presidencial, dependencias complementarias y helipuerto.
Según el último reporte, hasta el 9 de abril pasado, las obras tenían un avance del 95% de ejecución; mientras que el avance financiero llegaba al 81%. El monto de inversión del proyecto está estimado en 252,4 millones de bolivianos, que incluye supervisión.
El acápite Construcción del documento del FNDR detalla un presupuesto de 231,6 millones de bolivianos en el contrato inicial, cifra que subió a 241 millones de bolivianos en el contrato modificatorio. Aclara que no es un monto definitivo. La supervisión a cargo de FPS, según contrato vigente, alcanza los 11,4 millones de bolivianos.
En diciembre el periodista Andrés Gómez, en base a planos a los que tuvo acceso, señaló que el piso 24 -donde estará la vivienda presidencial- tendrá un sauna y un gimnasio. Días después el Presidente confirmó el dato y mostró molestia por las críticas de “algunos medios y políticos”. La residencia de San Jorge tiene dos saunas, “¿por qué antes no han protestado?”, cuestionó.
El senador Núñez lamentó que se hagan inversiones millonarias en un proyecto que -a su parecer- sólo beneficiará a la “comodidad” del Presidente: “En Beni los hospitales se están cayendo a pedazos, no hay ítems para especialistas. No entendemos cómo un gobierno que dice defender a los que más necesitan busca lujos”, sostuvo el asambleísta.
La Casa Grande
Según el Gobierno, la Casa Grande del Pueblo fue concebida como el símbolo del nuevo Estado Plurinacional de relación permanente con las organizaciones sociales.
2012 La Ley 313 del 7 de diciembre declara prioridad nacional la construcción del nuevo palacio de gobierno.
2013 Se instruye al FNDR, la creación de una unidad de coordinación para la elaboración del estudio TESA.
2016 Hace dos años debió entregarse la obra, según el contrato firmado en 2015 para el inicio de la construcción.
5 modificaciones se hicieron al proyecto que variaron la inversión. Entre la primera y la última hay 9,9 millones de diferencia.
9 muralistas elegidos por concurso plasmarán sus obras en el edificio. La difusión de la convocatoria costó 291.705 bolivianos.
