Achacollo y Aramayo, las desigualdades en los procesados por el caso Fondioc
Los exdirectores Elvira Parra y Marco Aramayo están detenidos preventivamente en centros penitenciarios, desde hace tres años. Otros acusados, como la exministra Julia Ramos, están en libertad.
Beatriz Layme / La Paz
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, detenido preventivamente en San Pedro hace más de tres años, y que afronta 86 procesos por el caso Fondioc, fue trasladado a Santa Cruz, donde será sometido a su audiencia cautelar 25 por un proyecto financiado por la entidad indígena.
En tanto, la exministra Nemesia Achacollo, también procesada en el caso, tiene detención domiciliaria y realiza viajes de forma recurrente. Se la vio en aeropuertos de La Paz y Santa Cruz, según fotografías que publicaron diferentes personalidades.
El caso Aramayo
Héctor Castellón, abogado de Aramayo, dijo que el Ministerio Público concretó el traslado de su cliente a Santa Cruz, pese a que este tiene problemas cardiacos y aneurisma, situación que pone en peligro su vida.
“Este hecho es una violación flagrante a los derechos humanos y constitucionales, porque primero está la vida, la salud de todas las personas”, manifestó Castellón. El jurista expresó que hay certificados médicos que advierten los peligros si Aramayo realiza viajes largos, pero el Instituto de Investigaciones Forenses se negó a homologarlos, es decir validarlos.
El exdirector del Fondioc, a su llegada a Santa Cruz, afirmó que se lo somete a violencia física y psicológica, porque fue él quien denunció que en el caso Fondo Indígena hay tres ministros directamente vinculados con el millonario desfalco, y las transferencias de recursos públicos a cuentas personales de los dirigentes.
“Han pedido la declinatoria de los 153 casos denunciados por la Contraloría y esto implica la apertura de nuevos 153 procesos en mi contra, nuevos casos penales por el mismo hecho y el mismo delito que implicaría que me manden a la cárcel de manera perpetua, con el afán de encubrir a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de este caso”, manifestó.
Aramayo cree que correrá la misma suerte que José María Bakovic, quien fue presidente del entonces Servicio Nacional de Caminos, ahora Administradora Boliviana de Carreteras, y falleció luego de trasladarse a La Paz pese a una prohibición médica, donde asistió a una audiencia de los 70 procesos que había en su contra.
Los viajes de Achacollo
Milko Suaznábar, abogado de Achacollo, explicó que su cliente “tiene la necesidad de viajar”, por vía aérea o terrestre, porque debe presentarse cada lunes y viernes en el Ministerio Público de La Paz, para firmar el registro biométrico.
“Achacollo registró su domicilio de Montero y ella debe ir a la Fiscalía de La Paz a registrarse en el biométrico y si ella se queda en la sede de Gobierno podría incumplir lo que dictó la autoridad jurisdiccional”, explicó Suaznábar, antes de insistir en que su cliente viaja porque debe cumplir con el mandato de la jueza.
Achacollo se benefició con detención domiciliaria el 31 de octubre de 2017, luego de que la jueza segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, bajó la fianza de 200 mil a 50.000 bolivianos, porque la exministra alegó que no tenía recursos para pagar.
El diputado Rafael Quispe, querellante en el caso Fondioc, sostuvo que la Fiscalía otorga beneficios a algunos implicados en el caso. Prueba de ello -afirmó el legislador- es que hasta la fecha no se convocó a los cuatro exministros que fueron parte del Directorio de la entidad indígena. Quispe lamentó que “la investigación no avance”.
Millonario desfalco
Contraloría En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasmas, que fueron financiados con recursos del Fondo Indígena.
Intervención Seis meses después, la interventora en la entidad indígena, Lariza Fuentes, reportó un presunto daño económico de más de 102,2 millones de bolivianos por 743 proyectos, de los cuales 30 eran fantasmas, en el periodo de 2009 a 2014.
Recursos En febrero de 2016, Lariza Fuentes, quien fue interventora y luego liquidadora del Fondo Indígena, informó que logró recuperar al menos 20 millones de bolivianos.En aquella oportunidad, Fuentes recordó que los recursos económicos “retornados” eran parte los 729.132.136 bolivianos que fueron dispuestos para la ejecución de 1.100 proyectos.
Exonerados El diputado y querellante en el caso, Rafael Quispe, informó que la Fiscalía libró de culpa a la excandidata del MAS, Felipa Huanca.
Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, detenido preventivamente en San Pedro hace más de tres años, y que afronta 86 procesos por el caso Fondioc, fue trasladado a Santa Cruz, donde será sometido a su audiencia cautelar 25 por un proyecto financiado por la entidad indígena.
En tanto, la exministra Nemesia Achacollo, también procesada en el caso, tiene detención domiciliaria y realiza viajes de forma recurrente. Se la vio en aeropuertos de La Paz y Santa Cruz, según fotografías que publicaron diferentes personalidades.
El caso Aramayo
Héctor Castellón, abogado de Aramayo, dijo que el Ministerio Público concretó el traslado de su cliente a Santa Cruz, pese a que este tiene problemas cardiacos y aneurisma, situación que pone en peligro su vida.
“Este hecho es una violación flagrante a los derechos humanos y constitucionales, porque primero está la vida, la salud de todas las personas”, manifestó Castellón. El jurista expresó que hay certificados médicos que advierten los peligros si Aramayo realiza viajes largos, pero el Instituto de Investigaciones Forenses se negó a homologarlos, es decir validarlos.
El exdirector del Fondioc, a su llegada a Santa Cruz, afirmó que se lo somete a violencia física y psicológica, porque fue él quien denunció que en el caso Fondo Indígena hay tres ministros directamente vinculados con el millonario desfalco, y las transferencias de recursos públicos a cuentas personales de los dirigentes.
“Han pedido la declinatoria de los 153 casos denunciados por la Contraloría y esto implica la apertura de nuevos 153 procesos en mi contra, nuevos casos penales por el mismo hecho y el mismo delito que implicaría que me manden a la cárcel de manera perpetua, con el afán de encubrir a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de este caso”, manifestó.
Aramayo cree que correrá la misma suerte que José María Bakovic, quien fue presidente del entonces Servicio Nacional de Caminos, ahora Administradora Boliviana de Carreteras, y falleció luego de trasladarse a La Paz pese a una prohibición médica, donde asistió a una audiencia de los 70 procesos que había en su contra.
Los viajes de Achacollo
Milko Suaznábar, abogado de Achacollo, explicó que su cliente “tiene la necesidad de viajar”, por vía aérea o terrestre, porque debe presentarse cada lunes y viernes en el Ministerio Público de La Paz, para firmar el registro biométrico.
“Achacollo registró su domicilio de Montero y ella debe ir a la Fiscalía de La Paz a registrarse en el biométrico y si ella se queda en la sede de Gobierno podría incumplir lo que dictó la autoridad jurisdiccional”, explicó Suaznábar, antes de insistir en que su cliente viaja porque debe cumplir con el mandato de la jueza.
Achacollo se benefició con detención domiciliaria el 31 de octubre de 2017, luego de que la jueza segunda de Instrucción en lo Penal, Wiat Belzu, bajó la fianza de 200 mil a 50.000 bolivianos, porque la exministra alegó que no tenía recursos para pagar.
El diputado Rafael Quispe, querellante en el caso Fondioc, sostuvo que la Fiscalía otorga beneficios a algunos implicados en el caso. Prueba de ello -afirmó el legislador- es que hasta la fecha no se convocó a los cuatro exministros que fueron parte del Directorio de la entidad indígena. Quispe lamentó que “la investigación no avance”.
Millonario desfalco
Contraloría En febrero de 2015, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Herbas, reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos inconclusos y fantasmas, que fueron financiados con recursos del Fondo Indígena.
Intervención Seis meses después, la interventora en la entidad indígena, Lariza Fuentes, reportó un presunto daño económico de más de 102,2 millones de bolivianos por 743 proyectos, de los cuales 30 eran fantasmas, en el periodo de 2009 a 2014.
Recursos En febrero de 2016, Lariza Fuentes, quien fue interventora y luego liquidadora del Fondo Indígena, informó que logró recuperar al menos 20 millones de bolivianos.En aquella oportunidad, Fuentes recordó que los recursos económicos “retornados” eran parte los 729.132.136 bolivianos que fueron dispuestos para la ejecución de 1.100 proyectos.
Exonerados El diputado y querellante en el caso, Rafael Quispe, informó que la Fiscalía libró de culpa a la excandidata del MAS, Felipa Huanca.
