Reos de la Posta tienen su propia norma que avala cobros ilegales
Con un documento interno los dirigentes de los privados de libertad de la sección más lujosa tienen atribuciones que sobrepasan la Ley de Ejecución Penal.
Página Siete / La Paz
La Policía dejó el control interno de las prisiones en manos de los reclusos. Ellos construyeron pequeñas sociedades, con reglas de conducta que al igual que afuera benefician a los que están arriba, a los que tienen el poder. Por esto el Gobierno habló recientemente de pugnas entre grupos de internos, que incluso están dispuestos a arriesgar la vida con tal de llegar a esa posición.
Los cobros ilegales y las extorsiones en las cárceles son bien conocidas por las autoridades. Desde hace años que se naturalizaron, tanto así que en algunos sitios, como en la sección más lujosa del penal de San Pedro, estas acciones contrarias a las normas, forman parte de su estatuto interno.
“Todos los internos que ingresen a la sección Posta tendrán un plazo improrrogable de cinco días para cancelar su contribución de ingreso, caso contrario deberá ser trasladado a otra sección”, señala el estatuto de la Posta, donde sólo entra quien tiene suficiente dinero para ello.
El mismo documento señala que es atribución del Secretario de Hacienda “hacer efectivo el cobro del derecho de ingreso de los nuevos internos”.
Es prácticamente un privilegio entrar a la Posta, pues si el detenido no tiene suficientes recursos debe ir a Población, donde a la vez hay diferentes secciones para todo bolsillo, desde las más pobres hasta las más pudientes, pero ninguna como la Posta.
Una fuente cercana a esta sección contó que el precio para ingresar ahí es entre 1.000 y 6.000 dólares, depende del delito que se haya cometido. Si son delitos menores son sólo 1.000 dólares. Para los procesados por violación la tarifa es entre 1.500 y 2.000 dólares, para personas ligadas a la política de 1.500 a 4.000, y para los operadores de justicia que fueron imputados por consorcio el costo puede llegar a los 6.000 dólares.
Esto se respalda en el Capítulo XI del estatuto, donde se menciona que los pagos se hacen según “la causa o proceso”.
Además de estos montos que se deben pagar a los dirigentes de la sección, conseguir una celda también tiene precio. El interno la puede comprar, alquilar o conseguir un sitio para pasar la noche. Esto genera también un mercado inmobiliario del cual el directorio también es beneficiado: el comprador de una celda debe pagar 100 dólares al directorio por el “trámite de transferencia”.
Pero no sólo eso, sino que todas aquellas celdas “sin dueño” son administradas exclusivamente por los jefes “con el fin de obtener ingresos en favor de la sección”. Quienes viven en éstas deben pagar sus alquileres por adelantado los primeros días de cada mes, señala el artículo 43 del estatuto, “caso contrario deberá desalojar la misma”.
Intervención de la Defensoría
Quien no cumple con los pagos no puede permanecer en la sección. El directorio es amo y señor de este espacio en la prisión y tiene la atribución de “aceptar o rechazar el ingreso de nuevos internos”. Aquí los policías no tienen ninguna autoridad, pero al parecer conocen este procedimiento para que se acate las determinaciones de los jefes.
A la Defensoría del Pueblo llegaron denuncias sobre estos abusos cometidos no sólo por los reclusos que ostentan el poder, sino también por los uniformados que obtendrían algún beneficio económico.
Una de estas denuncias implica al director del penal de San Pedro, Nelson Mora. Los miembros del directorio de Posta habrían pedido dinero a su nombre e incluso se refiere que el jefe policial abogó para ampliar el plazo en el que el pago debía efectuarse.
Este medio conversó con Mora, quien explicó gentilmente que para brindar una declaración a la prensa necesita una autorización de sus superiores. También se intentó conversar reiteradamente con la directora departamental de Régimen Penitenciario, Delia Illanes, para conocer su posición sobre los cobros realizados en San Pedro, pero no hubo ninguna repuesta.
Al mismo tiempo se buscó conversar con los miembros del directorio de Posta: Roberto Valverde, quien es el delegado de la sección; Vito Valdez, responsable de Seguridad y Disciplina; y Lando Porcel, secretario de Hacienda. Uno de sus ayudantes indicó que ellos estaban ocupados jugando fulbito en Población y que se contactarían con este medio para atender los requerimientos, pero esto tampoco ocurrió.
De todos modos la delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teresa Subieta, confirmó la recepción de la denuncia e indicó que se inició una investigación en el marco de sus competencias.
¿Dentro la norma?
El estatuto de la Posta señala que el dinero recaudado por la directiva (aparentemente miles de dólares) es empleado en “gastos administrativos y mantenimiento de la sección”.
La Ley de Ejecución Penal 2298 reconoce a los delegados en los centros penitenciarios, quienes deben ser elegidos democráticamente; pero no les da atribuciones para realizar los cobros que se realizan, ni para determinar sanciones.
En realidad el artículo 22 de dicha norma señala que el director de la prisión “asignará gratuita y obligatoriamente al interno una celda en la sección que corresponde”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el jueves que se investiga el accionar de grupos de poder en distintas prisiones, a raíz de lo que recientemente ocurrió en Palmasola (Santa Cruz). “En otros casos, El Abra (Cochabamba) y San Pedro hemos pedido informes y no descartamos tomar medidas con base en la evaluación que se pueda hacer en los siguientes días”.
100 dólares es el monto que se debe pagar a los delegados para transferir una celda.
8.000 dólares aproximadamente puede costar una celda en la sección Posta de San Pedro.
La Policía dejó el control interno de las prisiones en manos de los reclusos. Ellos construyeron pequeñas sociedades, con reglas de conducta que al igual que afuera benefician a los que están arriba, a los que tienen el poder. Por esto el Gobierno habló recientemente de pugnas entre grupos de internos, que incluso están dispuestos a arriesgar la vida con tal de llegar a esa posición.
Los cobros ilegales y las extorsiones en las cárceles son bien conocidas por las autoridades. Desde hace años que se naturalizaron, tanto así que en algunos sitios, como en la sección más lujosa del penal de San Pedro, estas acciones contrarias a las normas, forman parte de su estatuto interno.
“Todos los internos que ingresen a la sección Posta tendrán un plazo improrrogable de cinco días para cancelar su contribución de ingreso, caso contrario deberá ser trasladado a otra sección”, señala el estatuto de la Posta, donde sólo entra quien tiene suficiente dinero para ello.
El mismo documento señala que es atribución del Secretario de Hacienda “hacer efectivo el cobro del derecho de ingreso de los nuevos internos”.
Es prácticamente un privilegio entrar a la Posta, pues si el detenido no tiene suficientes recursos debe ir a Población, donde a la vez hay diferentes secciones para todo bolsillo, desde las más pobres hasta las más pudientes, pero ninguna como la Posta.
Una fuente cercana a esta sección contó que el precio para ingresar ahí es entre 1.000 y 6.000 dólares, depende del delito que se haya cometido. Si son delitos menores son sólo 1.000 dólares. Para los procesados por violación la tarifa es entre 1.500 y 2.000 dólares, para personas ligadas a la política de 1.500 a 4.000, y para los operadores de justicia que fueron imputados por consorcio el costo puede llegar a los 6.000 dólares.
Esto se respalda en el Capítulo XI del estatuto, donde se menciona que los pagos se hacen según “la causa o proceso”.
Además de estos montos que se deben pagar a los dirigentes de la sección, conseguir una celda también tiene precio. El interno la puede comprar, alquilar o conseguir un sitio para pasar la noche. Esto genera también un mercado inmobiliario del cual el directorio también es beneficiado: el comprador de una celda debe pagar 100 dólares al directorio por el “trámite de transferencia”.
Pero no sólo eso, sino que todas aquellas celdas “sin dueño” son administradas exclusivamente por los jefes “con el fin de obtener ingresos en favor de la sección”. Quienes viven en éstas deben pagar sus alquileres por adelantado los primeros días de cada mes, señala el artículo 43 del estatuto, “caso contrario deberá desalojar la misma”.
Intervención de la Defensoría
Quien no cumple con los pagos no puede permanecer en la sección. El directorio es amo y señor de este espacio en la prisión y tiene la atribución de “aceptar o rechazar el ingreso de nuevos internos”. Aquí los policías no tienen ninguna autoridad, pero al parecer conocen este procedimiento para que se acate las determinaciones de los jefes.
A la Defensoría del Pueblo llegaron denuncias sobre estos abusos cometidos no sólo por los reclusos que ostentan el poder, sino también por los uniformados que obtendrían algún beneficio económico.
Una de estas denuncias implica al director del penal de San Pedro, Nelson Mora. Los miembros del directorio de Posta habrían pedido dinero a su nombre e incluso se refiere que el jefe policial abogó para ampliar el plazo en el que el pago debía efectuarse.
Este medio conversó con Mora, quien explicó gentilmente que para brindar una declaración a la prensa necesita una autorización de sus superiores. También se intentó conversar reiteradamente con la directora departamental de Régimen Penitenciario, Delia Illanes, para conocer su posición sobre los cobros realizados en San Pedro, pero no hubo ninguna repuesta.
Al mismo tiempo se buscó conversar con los miembros del directorio de Posta: Roberto Valverde, quien es el delegado de la sección; Vito Valdez, responsable de Seguridad y Disciplina; y Lando Porcel, secretario de Hacienda. Uno de sus ayudantes indicó que ellos estaban ocupados jugando fulbito en Población y que se contactarían con este medio para atender los requerimientos, pero esto tampoco ocurrió.
De todos modos la delegada de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Teresa Subieta, confirmó la recepción de la denuncia e indicó que se inició una investigación en el marco de sus competencias.
¿Dentro la norma?
El estatuto de la Posta señala que el dinero recaudado por la directiva (aparentemente miles de dólares) es empleado en “gastos administrativos y mantenimiento de la sección”.
La Ley de Ejecución Penal 2298 reconoce a los delegados en los centros penitenciarios, quienes deben ser elegidos democráticamente; pero no les da atribuciones para realizar los cobros que se realizan, ni para determinar sanciones.
En realidad el artículo 22 de dicha norma señala que el director de la prisión “asignará gratuita y obligatoriamente al interno una celda en la sección que corresponde”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el jueves que se investiga el accionar de grupos de poder en distintas prisiones, a raíz de lo que recientemente ocurrió en Palmasola (Santa Cruz). “En otros casos, El Abra (Cochabamba) y San Pedro hemos pedido informes y no descartamos tomar medidas con base en la evaluación que se pueda hacer en los siguientes días”.
100 dólares es el monto que se debe pagar a los delegados para transferir una celda.
8.000 dólares aproximadamente puede costar una celda en la sección Posta de San Pedro.
