Proceso contra dirigentes de Achacachi no avanza y denuncian ‘juicio político’
El cívico Elsner Larrazábal, quien está detenido en San Pedro desde octubre de 2017, reclamó que la denunciante desapareció y que en cinco meses solo asistió "a una sola audiencia" en el proceso que le siguen por el secuestro de un comunario
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
Los dirigentes de Achacachi, en La Paz siguen presos por el caso del secuestro de un dirigente indígena Poncho Rojo y su proceso no avanza. El presidente del Comité Cívico de esa localidad Elsner Larrazábal denunció que el juicio es “político” y urdido por el Gobierno.
Larrazábal y los exdirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Achacachi Esnor Condori y Pedro Villca, además del poblador Cecilio Roque están en San Pedro por el presunto plagio de Modesto Clares, dirigente campesino de los denominados "Ponchos Rojos" .
“La denuncia está hecha por Wendy Clares, la hija del supuesto secuestrado, quien nunca se presenta a las audiencias y ni siquiera se presenta para nada a ningún trámite para su denuncia. Se perdió del mapa. Solo salí a una sola audiencia en 5 meses, es lamentable como se maneja la justicia ahora”, indicó Larrazábal a La Razón Digital.
Aprehenden al cívico Larrazábal y suman 24 los procesados por el conflicto de Achacachi
Clares -según su familia- fue secuestrado y llevado al punto de bloqueo, pero los movilizados negaron su secuestro y aseguraron que se sumó de manera voluntaria. De hecho, el mismo "poncho rojo" confirmó que respaldaba las protestas vecinales, aunque el Gobierno denunció secuestro.
El conflicto comenzó el 22 de agosto y terminó el 17 de septiembre con una violenta intervención policial que dejó un saldo de más de 45 detenidos, de los que 19 fueron encarcelados en dos momentos y procesados por los delitos de atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y atentado contra medio de transporte, en su mayoría.
“Mi caso es político. Se nos acusa de un delito que nunca cometimos y, es más, nunca estuve presente en el momento del supuesto secuestro. Yo estuve presente en Cochabamba en una reunión Nacional de Comités Cívicos quienes ya certificaron esto”, remarcó Larrazábal.
La Defensoría del Pueblo, al comienzo del conflicto medió en el conflicto, pero a la fecha esas diligencias están ausentes. “Achacachi no confía en el actual Defensor del Pueblo (David Tezanos) por los antecedentes del 15 de febrero y por el 4 de octubre, fecha en que nos convocó para un diálogo, pero lo único que pasó fue nuestra detención”, recordó el cívico tras precisar que su mandato concluye en 2019.
Achacachi, un año sin Policía, Fiscalía y con Alcalde ausente
A través de un comunicado al que accedió este medio, el dirigente denunció que durante el “saqueo” de la urbe en febrero del mismo año, los Ponchos Rojos, con quienes se confrontaron por la permanencia del alcalde Edgar Ramos, “no respetaron ni una funeraria llevándose incluso ataúdes, así como la identificación de serios indicios de corrupción”.
“A partir de ahí comprendimos que el problema de la corrupción y la injustica es un mal que aqueja a todo nuestro país en esta coyuntura política y que como principales protagonistas estaban los acólitos del MAS, siendo que existían más de 60 municipios observados, y si se iba el alcalde de Achacachi los demás iban a caer como fichas de dominó”, añade el documento.
El Gobierno ha deslindando ese tipo de responsabilidades, aseguró que el problema es local y que se hará respetar lo que determinen las investigaciones la Fiscalía que, por su lado, ha denunciado que no existen las condiciones para investigar el conflicto de febrero y de septiembre de 2017.
Los dirigentes de Achacachi, en La Paz siguen presos por el caso del secuestro de un dirigente indígena Poncho Rojo y su proceso no avanza. El presidente del Comité Cívico de esa localidad Elsner Larrazábal denunció que el juicio es “político” y urdido por el Gobierno.
Larrazábal y los exdirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Achacachi Esnor Condori y Pedro Villca, además del poblador Cecilio Roque están en San Pedro por el presunto plagio de Modesto Clares, dirigente campesino de los denominados "Ponchos Rojos" .
“La denuncia está hecha por Wendy Clares, la hija del supuesto secuestrado, quien nunca se presenta a las audiencias y ni siquiera se presenta para nada a ningún trámite para su denuncia. Se perdió del mapa. Solo salí a una sola audiencia en 5 meses, es lamentable como se maneja la justicia ahora”, indicó Larrazábal a La Razón Digital.
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Clares -según su familia- fue secuestrado y llevado al punto de bloqueo, pero los movilizados negaron su secuestro y aseguraron que se sumó de manera voluntaria. De hecho, el mismo "poncho rojo" confirmó que respaldaba las protestas vecinales, aunque el Gobierno denunció secuestro.
El conflicto comenzó el 22 de agosto y terminó el 17 de septiembre con una violenta intervención policial que dejó un saldo de más de 45 detenidos, de los que 19 fueron encarcelados en dos momentos y procesados por los delitos de atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y atentado contra medio de transporte, en su mayoría.
“Mi caso es político. Se nos acusa de un delito que nunca cometimos y, es más, nunca estuve presente en el momento del supuesto secuestro. Yo estuve presente en Cochabamba en una reunión Nacional de Comités Cívicos quienes ya certificaron esto”, remarcó Larrazábal.
La Defensoría del Pueblo, al comienzo del conflicto medió en el conflicto, pero a la fecha esas diligencias están ausentes. “Achacachi no confía en el actual Defensor del Pueblo (David Tezanos) por los antecedentes del 15 de febrero y por el 4 de octubre, fecha en que nos convocó para un diálogo, pero lo único que pasó fue nuestra detención”, recordó el cívico tras precisar que su mandato concluye en 2019.
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A través de un comunicado al que accedió este medio, el dirigente denunció que durante el “saqueo” de la urbe en febrero del mismo año, los Ponchos Rojos, con quienes se confrontaron por la permanencia del alcalde Edgar Ramos, “no respetaron ni una funeraria llevándose incluso ataúdes, así como la identificación de serios indicios de corrupción”.
“A partir de ahí comprendimos que el problema de la corrupción y la injustica es un mal que aqueja a todo nuestro país en esta coyuntura política y que como principales protagonistas estaban los acólitos del MAS, siendo que existían más de 60 municipios observados, y si se iba el alcalde de Achacachi los demás iban a caer como fichas de dominó”, añade el documento.
El Gobierno ha deslindando ese tipo de responsabilidades, aseguró que el problema es local y que se hará respetar lo que determinen las investigaciones la Fiscalía que, por su lado, ha denunciado que no existen las condiciones para investigar el conflicto de febrero y de septiembre de 2017.
