Nueve militares detenidos y 24 expulsados del Ejército por una supuesta conspiración en Venezuela
Los oficiales están acusados de traición a la patria, rebelión y de integrar un grupo clandestino dentro de las fuerzas armadas
Alonso Moleiro
Caracas, El País
Al menos nueve oficiales del Ejército venezolano fueron encarcelados en las últimas dos semanas por una supuesta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según informaron este domingo varias ONG dedicadas al monitoreo de actividades militares, entre ellas, Control Ciudadano y Justicia Venezolana. Cuatro de los detenidos son comandantes de alto rango. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha formalizado la expulsión de otros 24 uniformados. Todos ellos están acusados de traición a la patria instigación a la rebelión y el decoro militar por formar parte de un movimiento clandestino denominado Transición a la Dignidad del Pueblo.
El oficial más destacado es Igbert Marín Chaparro, comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Juan Pablo Ayala, que opera en el neurálgico Fuerte Tiuna, en Caracas. En la misma situación, según esas fuentes, el teniente voronel Eric Peña Romero, administrador del hospital militar de Caracas, y un grupo de militares de las zonas andinas, orientales y centrales, del país.
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, una de las más reconocidas del país en asuntos de defensa, emitió un comunicado rechazando la “detención de nueve oficiales medios del Ejército, entre los cuales se encuentran cuatro comandantes de batallones”. "El Gobierno está avanzando en un esquema de detenciones ilegales periódicas, incluso aleatorias, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fórmula para mantener la institución militar sumisa y leal a la revolución”.
Aunque el Ejecutivo de Maduro evidenció tener un absoluto control de la institución militar venezolana durante la crisis de 2017, que produjo la gestación de la Asamblea Constituyente, las especulaciones sobre el malestar ante el violento deterioro de la situación económica, política y social del país llevan crepitando a mediana intensidad, pero de forma creciente, durante las últimas semanas y meses.
Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en las interioridades del Ejército, informó que Marín Chaparro, un oficial de alta calificación, “fue aprehendido el viernes, aproximadamente a las 9am, cuando acudió a la sede de la unidad". De allí, relata, "fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim. La periodista Sebastiana Bárraez, también experta en información castrense, comenta que la tensión interna ha redoblado las solicitudes de baja entre oficiales y tropa, así como se han recrudecido la dureza en las condiciones de prisión del general Raúl Isaías Baduel, disidente, antiguo aliado de Hugo Chávez, acusado de fomentar conspiraciones en las Fuerzas Armadas, y un hombre que ha ejercido una importante influencia en muchos sectores militares.
Baduel permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de inteligencia militar, conocida popularmente como “La Tumba”: un sótano de tres metros por tres, helado de aire acondicionado, controlado únicamente por luz artificial. Sus familiares y sectores opositores han hecho en estos días activismo en las redes para que se le permita la visita familiar y se mejoren sus condiciones de reclusión.
Aunque la participación en la política les está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, la directriz fundamental en el comportamiento actual de las Fuerzas Armadas en Venezuela la constituye la defensa de la revolución bolivariana. Los mandos militares venezolanos hacen en televisión continuos juramentos ante el pensamiento “socialista, antimperialista y profundamente chavista” que debe reinar en la institución y tienen una actitud intransigente hacia cualquier manifestación de signo opuesto en la vida militar.
Luego de derrotar a sus enemigos durante la crisis del año 2002, y obtener la victoria electoral en el Referéndum Revocatorio, en 2004, Hugo Chávez hizo, durante años, silenciosamente, un paciente, ordenado y ambicioso trabajo para reorientar el pensamiento militar venezolano hacia su terreno político. Tal circunstancia ha producido enormes cambios en la identidad de la ahora llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana respecto a los años 90. La doctrina militar bolivariana, apoyada en la interpretación marxista de la historia venezolana, es aplicada con enorme rigurosidad en la Academia Militar, los cuarteles y las universidades militares del país
El chavismo ha consolidado su control político sobre el aparato armado del país con la creación de dos nuevos organismos de seguridad en el año 2009: el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCI, poderosos instrumentos de inteligencia levantados con asesoría cubana.
Pocos días antes, el 28 de febrero, el Gobierno había publicado en la Gaceta Oficial dos decretos presidenciales, 3298 y 3299, en la cual se ordena la degradación y expulsión de un total de 24 oficiales “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. Entre los expulsados hay adversarios de vieja data: además de Baduel, los generales Herbert García Plaza y Antonio Rivero, hoy en el exilio. Las detenciones recientes de estos oficiales le estarían dando continuidad al desmantelamiento de esta presunta trama conspirativa.
Alonso Moleiro
Caracas, El País
Al menos nueve oficiales del Ejército venezolano fueron encarcelados en las últimas dos semanas por una supuesta conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro, según informaron este domingo varias ONG dedicadas al monitoreo de actividades militares, entre ellas, Control Ciudadano y Justicia Venezolana. Cuatro de los detenidos son comandantes de alto rango. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha formalizado la expulsión de otros 24 uniformados. Todos ellos están acusados de traición a la patria instigación a la rebelión y el decoro militar por formar parte de un movimiento clandestino denominado Transición a la Dignidad del Pueblo.
El oficial más destacado es Igbert Marín Chaparro, comandante del Batallón de Ingeniería Motorizada Juan Pablo Ayala, que opera en el neurálgico Fuerte Tiuna, en Caracas. En la misma situación, según esas fuentes, el teniente voronel Eric Peña Romero, administrador del hospital militar de Caracas, y un grupo de militares de las zonas andinas, orientales y centrales, del país.
Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, una de las más reconocidas del país en asuntos de defensa, emitió un comunicado rechazando la “detención de nueve oficiales medios del Ejército, entre los cuales se encuentran cuatro comandantes de batallones”. "El Gobierno está avanzando en un esquema de detenciones ilegales periódicas, incluso aleatorias, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fórmula para mantener la institución militar sumisa y leal a la revolución”.
Aunque el Ejecutivo de Maduro evidenció tener un absoluto control de la institución militar venezolana durante la crisis de 2017, que produjo la gestación de la Asamblea Constituyente, las especulaciones sobre el malestar ante el violento deterioro de la situación económica, política y social del país llevan crepitando a mediana intensidad, pero de forma creciente, durante las últimas semanas y meses.
Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en las interioridades del Ejército, informó que Marín Chaparro, un oficial de alta calificación, “fue aprehendido el viernes, aproximadamente a las 9am, cuando acudió a la sede de la unidad". De allí, relata, "fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim. La periodista Sebastiana Bárraez, también experta en información castrense, comenta que la tensión interna ha redoblado las solicitudes de baja entre oficiales y tropa, así como se han recrudecido la dureza en las condiciones de prisión del general Raúl Isaías Baduel, disidente, antiguo aliado de Hugo Chávez, acusado de fomentar conspiraciones en las Fuerzas Armadas, y un hombre que ha ejercido una importante influencia en muchos sectores militares.
Baduel permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de inteligencia militar, conocida popularmente como “La Tumba”: un sótano de tres metros por tres, helado de aire acondicionado, controlado únicamente por luz artificial. Sus familiares y sectores opositores han hecho en estos días activismo en las redes para que se le permita la visita familiar y se mejoren sus condiciones de reclusión.
Aunque la participación en la política les está expresamente prohibida en la Constitución Nacional, la directriz fundamental en el comportamiento actual de las Fuerzas Armadas en Venezuela la constituye la defensa de la revolución bolivariana. Los mandos militares venezolanos hacen en televisión continuos juramentos ante el pensamiento “socialista, antimperialista y profundamente chavista” que debe reinar en la institución y tienen una actitud intransigente hacia cualquier manifestación de signo opuesto en la vida militar.
Luego de derrotar a sus enemigos durante la crisis del año 2002, y obtener la victoria electoral en el Referéndum Revocatorio, en 2004, Hugo Chávez hizo, durante años, silenciosamente, un paciente, ordenado y ambicioso trabajo para reorientar el pensamiento militar venezolano hacia su terreno político. Tal circunstancia ha producido enormes cambios en la identidad de la ahora llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana respecto a los años 90. La doctrina militar bolivariana, apoyada en la interpretación marxista de la historia venezolana, es aplicada con enorme rigurosidad en la Academia Militar, los cuarteles y las universidades militares del país
El chavismo ha consolidado su control político sobre el aparato armado del país con la creación de dos nuevos organismos de seguridad en el año 2009: el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCI, poderosos instrumentos de inteligencia levantados con asesoría cubana.
Pocos días antes, el 28 de febrero, el Gobierno había publicado en la Gaceta Oficial dos decretos presidenciales, 3298 y 3299, en la cual se ordena la degradación y expulsión de un total de 24 oficiales “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. Entre los expulsados hay adversarios de vieja data: además de Baduel, los generales Herbert García Plaza y Antonio Rivero, hoy en el exilio. Las detenciones recientes de estos oficiales le estarían dando continuidad al desmantelamiento de esta presunta trama conspirativa.