Los testimonios de 112 personas solo han servido para descartar hipótesis
La Fiscalía colectó elementos del lugar y hasta ahora no entrega los informes del IDIF. La zona donde se registraron los atentados se mantiene cerrada. Una comerciante y un albañil aún están hospitalizados
Marco Chuquimia
El Deber
Vallas en las proximidades de las calles Caro, Backovic y avenida del Ejército, latas de cerveza, envases de espuma, máscaras de fantasía y un vehículo destrozado y cubierto con plástico, es el escenario que recuerda los dos bombazos que sacudieron Oruro entre el 10 y 13 de febrero. Ha pasado un mes desde la primera explosión y hasta el momento la Policía no pudo dar con el o los responsables de este hecho, que se cobró la vida de 12 personas y ocasionó heridas en otras 60.
Se colectaron pruebas, se realizaron estudios científicos, se desplazó un numeroso contingente policial de Inteligencia, el presidente ofreció una recompensa para facilitar datos de los responsables y se tomó la declaración de unas 112 personas hasta el momento, y aún nada.
Jhonny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, fue designado como el responsable de esta investigación y hasta ahora solo el trabajo sirvió para descartar las diferentes versiones que surgieron tras los dos sangrientos hechos, relató el oficial.
“Sí, hay resultados, nosotros hemos ido descartando las hipótesis que se manejaron y que se tenían con base en declaraciones testificales de personas que observaron lo ocurrido. Esta información permitió desvirtuar las teorías que había en un primer momento, cuando se sindica a personas que no estaban vinculadas con los dos hechos; en ese sentido sí hubo un avance en el caso”, dijo Aguilera. En la Policía informaron que la Fiscalía a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se llevó muestras de todo el escenario y hasta el momento no se entregó ningún documento de pericia y los investigadores afirmaron que trabajan ‘a ciegas’ porque recolectan datos pero no tienen ningún estudio para fundar las versiones que obtienen.
“Prueba testifical más prueba material, igual evidencia”, así resumió Aguilera a las pistas que siguieron hasta el momento, pero no tienen mayores elementos.
El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, dijo que como el caso es demasiado complejo se dieron 80 días más de plazo para la entrega de los resultados y que en este tiempo se seguirá trabajando en todos los frentes, como lo hacen unos 40 investigadores en el Salón de Banderas del Comando Policial de Oruro, donde en cuatro pizarrones hay fotografías, diagramas, datos, números de teléfono y nombres, pero aún ningún resultado sobre los autores de los bombazos.
Informes
El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en entrevista con EL DEBER señaló que se pidió celeridad en las pesquisas a la Policía y adelantó que hasta el martes solicitará un informe a la Fiscalía y a los investigadores.
Vásquez dijo que ellos, como autoridades del departamento, brindaron toda la cooperación de los recursos que tienen, pero admitió que existe limitaciones de tipo económico. Dijo que la campaña de recolección de dinero para los damnificados llegó a Bs 160.000 y ese dinero ya fue distribuido entre los heridos, según la gravedad de sus lesiones.
La ciudadanía no entiende cómo hasta ahora, un mes después de las explosiones, no se puede avanzar en la investigación. Tampoco comprenden que aún no se tenga a ningún sospechoso detenido y lanzan críticas a las autoridades que incluso publicaron la foto de un supuesto responsable, Marcelo Beltrán, que desvirtuó la acusación en su contra.
Según Aguilera, como esa versión se presentaron varias de los testigos, pero al no encontrar pruebas, las pistas fueron desechadas y recordó que de acuerdo con el informe de Migración, a Oruro llegaron 413.000 personas en los días del Carnaval y es muy difícil saber si los que estaban en el lugar eran visitantes o vecinos de Oruro, “esto complica el caso”.
El lugar
Nadie puede acercarse al lugar de las explosiones. Los vecinos están molestos por esta determinación, ya que los inquilinos que vivían en esas casas y los que tenían negocios, abandonaron el sitio porque no se les permite hacer nada. En las tres vías comprometidas abundan los letreros de alquileres.
La zona, denominada Monarca, está dedicada a la venta de materiales de construcción y en las calles donde se ejecutaron las explosiones, parece un lugar abandonado donde los fierros retorcidos, cajas, latas, botellas, prendas de vestir, frazadas o el único vehículo que queda en el lugar hacen asemejar que hay un basurero en plena avenida.
Las familias de los heridos nunca fueron informados de lo qué pasó ni de cómo va la investigación. “Nos enteramos de lo que pasa por la radio o la televisión; han venido hartos policías a pedirnos declaración, pero nada más”, detalló Germán Fernández.
Cronología de un caso que aún no se resuelve
10 de febrero
A las 18.00 aproximadamente, una explosión sacudía Oruro, que produjo ocho muertos y 40 heridos; la primera tesis fue la explosión de una garrafa de una de las vendedoras ambulantes.
12 de febrero
Las vendedoras del lugar con videos en mano desmentían que no era una garrafa lo que había explotado en la avenida del Ejército esquina Backovic y empezaban una vigilia pese al control de la Policía
13 de febrero
Poco después de las 17.00 una segunda explosión provocaba el caos en Oruro, sucedió una cuadra más allá de la primera, en las calles Backovic y Caro; la segunda explosión mató a cuatro personas.
15 de febrero
Equipos especiales de la Policía viajan a Oruro a investigar las dos explosiones y cierran los informes sobre las causas y los tipos de explosivos que conmocionaron a Oruro.
17 de febrero
La Policía frustra una tercera explosión en la terminal de Oruro que fue acordonada y provocó más caos por la proximidad de las fechas.
El Deber
Vallas en las proximidades de las calles Caro, Backovic y avenida del Ejército, latas de cerveza, envases de espuma, máscaras de fantasía y un vehículo destrozado y cubierto con plástico, es el escenario que recuerda los dos bombazos que sacudieron Oruro entre el 10 y 13 de febrero. Ha pasado un mes desde la primera explosión y hasta el momento la Policía no pudo dar con el o los responsables de este hecho, que se cobró la vida de 12 personas y ocasionó heridas en otras 60.
Se colectaron pruebas, se realizaron estudios científicos, se desplazó un numeroso contingente policial de Inteligencia, el presidente ofreció una recompensa para facilitar datos de los responsables y se tomó la declaración de unas 112 personas hasta el momento, y aún nada.
Jhonny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, fue designado como el responsable de esta investigación y hasta ahora solo el trabajo sirvió para descartar las diferentes versiones que surgieron tras los dos sangrientos hechos, relató el oficial.
“Sí, hay resultados, nosotros hemos ido descartando las hipótesis que se manejaron y que se tenían con base en declaraciones testificales de personas que observaron lo ocurrido. Esta información permitió desvirtuar las teorías que había en un primer momento, cuando se sindica a personas que no estaban vinculadas con los dos hechos; en ese sentido sí hubo un avance en el caso”, dijo Aguilera. En la Policía informaron que la Fiscalía a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se llevó muestras de todo el escenario y hasta el momento no se entregó ningún documento de pericia y los investigadores afirmaron que trabajan ‘a ciegas’ porque recolectan datos pero no tienen ningún estudio para fundar las versiones que obtienen.
“Prueba testifical más prueba material, igual evidencia”, así resumió Aguilera a las pistas que siguieron hasta el momento, pero no tienen mayores elementos.
El fiscal departamental de Oruro, Mario Rocha, dijo que como el caso es demasiado complejo se dieron 80 días más de plazo para la entrega de los resultados y que en este tiempo se seguirá trabajando en todos los frentes, como lo hacen unos 40 investigadores en el Salón de Banderas del Comando Policial de Oruro, donde en cuatro pizarrones hay fotografías, diagramas, datos, números de teléfono y nombres, pero aún ningún resultado sobre los autores de los bombazos.
Informes
El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en entrevista con EL DEBER señaló que se pidió celeridad en las pesquisas a la Policía y adelantó que hasta el martes solicitará un informe a la Fiscalía y a los investigadores.
Vásquez dijo que ellos, como autoridades del departamento, brindaron toda la cooperación de los recursos que tienen, pero admitió que existe limitaciones de tipo económico. Dijo que la campaña de recolección de dinero para los damnificados llegó a Bs 160.000 y ese dinero ya fue distribuido entre los heridos, según la gravedad de sus lesiones.
La ciudadanía no entiende cómo hasta ahora, un mes después de las explosiones, no se puede avanzar en la investigación. Tampoco comprenden que aún no se tenga a ningún sospechoso detenido y lanzan críticas a las autoridades que incluso publicaron la foto de un supuesto responsable, Marcelo Beltrán, que desvirtuó la acusación en su contra.
Según Aguilera, como esa versión se presentaron varias de los testigos, pero al no encontrar pruebas, las pistas fueron desechadas y recordó que de acuerdo con el informe de Migración, a Oruro llegaron 413.000 personas en los días del Carnaval y es muy difícil saber si los que estaban en el lugar eran visitantes o vecinos de Oruro, “esto complica el caso”.
El lugar
Nadie puede acercarse al lugar de las explosiones. Los vecinos están molestos por esta determinación, ya que los inquilinos que vivían en esas casas y los que tenían negocios, abandonaron el sitio porque no se les permite hacer nada. En las tres vías comprometidas abundan los letreros de alquileres.
La zona, denominada Monarca, está dedicada a la venta de materiales de construcción y en las calles donde se ejecutaron las explosiones, parece un lugar abandonado donde los fierros retorcidos, cajas, latas, botellas, prendas de vestir, frazadas o el único vehículo que queda en el lugar hacen asemejar que hay un basurero en plena avenida.
Las familias de los heridos nunca fueron informados de lo qué pasó ni de cómo va la investigación. “Nos enteramos de lo que pasa por la radio o la televisión; han venido hartos policías a pedirnos declaración, pero nada más”, detalló Germán Fernández.
Cronología de un caso que aún no se resuelve
10 de febrero
A las 18.00 aproximadamente, una explosión sacudía Oruro, que produjo ocho muertos y 40 heridos; la primera tesis fue la explosión de una garrafa de una de las vendedoras ambulantes.
12 de febrero
Las vendedoras del lugar con videos en mano desmentían que no era una garrafa lo que había explotado en la avenida del Ejército esquina Backovic y empezaban una vigilia pese al control de la Policía
13 de febrero
Poco después de las 17.00 una segunda explosión provocaba el caos en Oruro, sucedió una cuadra más allá de la primera, en las calles Backovic y Caro; la segunda explosión mató a cuatro personas.
15 de febrero
Equipos especiales de la Policía viajan a Oruro a investigar las dos explosiones y cierran los informes sobre las causas y los tipos de explosivos que conmocionaron a Oruro.
17 de febrero
La Policía frustra una tercera explosión en la terminal de Oruro que fue acordonada y provocó más caos por la proximidad de las fechas.
