Estados Unidos prohíbe las transacciones con la criptomoneda venezolana

La restricción afecta a ciudadanos norteamericanos y llega un mes después del nacimiento de la divisa virtual petro

Joan Faus
Washington, El País
Estados Unidos limitó este lunes el intento de Venezuela de utilizar su nueva y enigmática criptomoneda para esquivar las asfixiantes sanciones internacionales. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a ciudadanos estadounidenses o que vivan en EE UU efectuar transacciones con cualquier divisa virtual creada por el Gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 9 de enero. En paralelo, el Departamento del Tesoro incorporó a cuatro altos cargos venezolanos, en activo o retirados, a su listado de sancionados por mala gestión económica y corrupción.


Maduro anunció hace un mes la entrada en funcionamiento de la criptomoneda petro, lo que fue recibido con escepticismo por los expertos dada la hiperinflación y el declive monetario venezolano sumado a su bloqueo internacional. En la antesala de su primer día en funcionamiento, Maduro aseguró el pasado 20 de febrero que la criptomoneda había conseguido financiación por valor de 735 millones de dólares. El presidente venezolano dijo que la moneda virtual estaría garantizada por las reservas de petróleo, oro y diamantes, que su precio quedaría relacionado con el del petróleo y que el petro estaría disponible en casas de intercambio electrónico de todo el mundo.

La nueva restricción de EE UU, sin embargo, acaba con esa última posibilidad. A partir de este lunes, ninguna persona estadounidense podrá llevar a cabo “transacciones, provisiones para financiar o cualquier otro acuerdo” con cualquier divisa virtual emitida por o en nombre del Gobierno venezolano. Buena parte de las transacciones financieras internacionales pasan en algún momento por el sistema estadounidense y Washington ha redoblado en los últimos meses su abanico de sanciones a Caracas.

“Maduro diezmó la economía venezolana y propició una crisis humanitaria. En vez de corregir el rumbo para evitar una catástrofe mayor, el régimen de Maduro está tratando de eludir sanciones mediante la moneda virtual petro”, declaró el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en un comunicado. “Urgimos a Maduro a distribuir ayuda humanitaria y dejar de bloquear la necesitada asistencia humanitaria a la gente de Venezuela, y llamamos de nuevo a los militares venezolanos a respetar la Constitución”, agregó Mnuchin, que este lunes abordó la crisis venezolana en la cumbre de ministros de Finanzas del G20, que se celebra en Buenos Aires.

En una conferencia telefónica con periodistas, un alto funcionario estadounidense describió la criptomoneda venezolana como un “intento desesperado del régimen corrupto” de Maduro y advirtió de que invertir en el petro supone “apoyar una dictadura”. También minimizó el impacto de la restricción sobre el pueblo venezolano porque dijo que es “muy improbable” que puedan utilizar la divisa virtual.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, Washington ha endurecido sus sanciones contra altos cargos del chavismo por la deriva autoritaria de Caracas y presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Trump, según subrayó la citada fuente, sigue considerando la posibilidad de imponer un embargo petrolero al país caribeño, pero quiere garantizarse de que no propiciaría efectos negativos para el pueblo venezolano y las economías regionales y estadounidenses.

Los penalizados por Washington, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, tienen sus activos financieros bloqueados en EE UU, están vetados de llevar a cabo transacciones con entidades estadounidenses y tampoco pueden viajar a ese país.

Ese mismo castigo es el que reciben desde este lunes los nuevos cuatro sancionados a los que se acusa de corrupción y mala gestión económica. Son Américo Alex Mata García, director suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Hábitat y Vivienda y que, como coordinador de la campaña electoral de Maduro en 2013, ha sido señalado por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Los otros tres penalizados son Willian Antonio Contreras, jefe del órgano responsable de imponer controles de precios en Venezuela; Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela, y Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social.

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