El separatismo catalán intenta burlar al Supremo para investir a Turull
Torrent convoca un pleno a las cinco de este jueves para hacer president al candidato de JxCat
Pere Ríos
Àngels Piñol
Madrid / Barcelona, El País
El independentismo maniobró este miércoles para burlar el intento del Tribunal Supremo de complicar la investidura de Jordi Turull. El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó un pleno para las cinco de la tarde de este jueves con el objetivo de hacer president a Turull, uno de los cabecillas del procés. El atajo que buscó el separatismo llegó horas después de que el juez Pablo Llarena anunciase que este viernes procesará a Turull y al resto de los líderes secesionistas investigados. El magistrado se plantea encarcelar a algunos de los procesados que ahora están en libertad, incluido Turull.
La jornada de este miércoles fue frenética en el mundo independentista. A mediodía se conoció la decisión del juez Llarena de abrir una nueva fase contra la cúpula secesionista. Para ello, dictó una providencia en la que anunció que mañana procesará a los principales líderes separatistas. Este anuncio incluía además la convocatoria de una vistilla para revisar las medidas cautelares de seis de los investigados, entre ellos Turull, que se encuentra en libertad bajo fianza desde diciembre pasado.
La posibilidad de que Turull, la tercera opción para presidir la Generalitat planteada por los partidos independentistas, vuelva a la cárcel precipitó todos los movimientos de ERC y Junts per Catalunya.
Durante la tarde, Torrent contactó con los grupos parlamentarios para acelerar al máximo el pleno de investidura. Y a última hora de la noche anunció la convocatoria de la sesión en el Parlament para hoy a las 17.00. La posibilidad de que Turull salga elegido es desde ayer más que firme después de que la CUP mostrase su disposición a votarle como presidente de la Generalitat, poniendo fin así a las resistencias que había mostrado con el anterior aspirante, Jordi Sànchez.
Esta maniobra, en caso de prosperar, puede poner en un brete al Rey, que tendría que firmar su elección como president. También implica una presidencia que puede ser efímera. Si Llarena decide procesarle por rebelión y enviarle a prisión, Turull será previsiblemente suspendido en aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta suspensión será automática una vez que el auto de procesamiento sea firme. En caso de no ser encarcelado, Cataluña tendrá un presidente procesado y que tendrá que afrontar en Madrid un juicio que se prevé largo a partir del próximo otoño. Este juicio desembocará en una sentencia que, si Turull es condenado, le obligará a dejar el cargo, abriendo un nuevo periodo de incertidumbre en la política catalana y española.
Sería la segunda vez que las instituciones del Estado obligarían a cambiar un presidente de la Generalitat. La primera fue cuando el Gobierno tuvo que relevar a Carles Puigdemont en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración ilegal de independencia. Y la segunda, sería por orden judicial.Hasta ahora, precisamente, la justicia ha dado al traste con las dos primeras propuestas de los independentistas para nombrar un presidente de la Generalitat tras las elecciones del 21-D (Puigdemont y Sànchez).
El Gobierno de Mariano Rajoy acusó este miércoles a Torrent de menoscabar la dignidad del Parlament al actuar con falta de transparencia y advirtió que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que el nuevo Govern tome posesión conforme a derecho. Por otra parte, el expresident Puigdemont dijo que Turull será “un gran presidente para revertir los efectos del 155” y que “ninguna maniobra del Estado podrá agrietar su dignidad”.
El auto de procesamiento que comunicará mañana Llarena implica que ha encontrado indicios sólidos contra la mayoría de los 28 investigados por rebelión. El juez no ha dado pistas sobre qué va a hacer en la vistilla de medidas cautelares, pero, si una de las acusaciones pide cárcel para alguno de los seis citados, puede decretarla. Vox ya adelantó ayer que se plantea pedirlo.
Reeditar las advertencias
Los seis investigados a los que se revisará la situación son todos los miembros del Govern de Carles Puigdemont que siguen siendo diputados y salieron de la cárcel tras pagar una fianza (Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva), además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la número dosde ERC, Marta Rovira, ambas también en libertad provisional.
De los investigados que siguen siendo diputados el juez solo ha dejado fuera de la vistilla a dos exmiembros de la Mesa: Lluis Guinó (Junts per Catalunya) y Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot). Este último probablemente no será procesado. En el caso de que el juez rechace mandarles a prisión, lo que sí hará será reeditar las advertencias que ya les hizo en los autos en los que decretó su libertad bajo fianza. En esos escritos, el instructor les concedió la libertad con una condición: si volvían a delinquir o a apostar por la vía unilateral para conseguir la independencia, les mandaría de nuevo a prisión.
Llarena no ha revisado hasta ahora estas medidas, pero en algunos de sus últimas resoluciones ha mostrado recelos hacia la actitud que están manteniendo los partidos independentistas y considera que no hay certeza de que “la voluntad política mayoritaria” en Cataluña sea respetar la ley para lograr la independencia, lo que ha repercutido directamente en el rechazo a dejar en libertad a los investigados que siguen presos.
El auto de procesamiento de mañana incluirá también a Carles Puigdemont y los cinco exdiputados fugados. Los planes del Supremo pasan por dictar inmediatamente orden internacional de detención contra los huidos.
Àngels Piñol
Madrid / Barcelona, El País
El independentismo maniobró este miércoles para burlar el intento del Tribunal Supremo de complicar la investidura de Jordi Turull. El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó un pleno para las cinco de la tarde de este jueves con el objetivo de hacer president a Turull, uno de los cabecillas del procés. El atajo que buscó el separatismo llegó horas después de que el juez Pablo Llarena anunciase que este viernes procesará a Turull y al resto de los líderes secesionistas investigados. El magistrado se plantea encarcelar a algunos de los procesados que ahora están en libertad, incluido Turull.
La jornada de este miércoles fue frenética en el mundo independentista. A mediodía se conoció la decisión del juez Llarena de abrir una nueva fase contra la cúpula secesionista. Para ello, dictó una providencia en la que anunció que mañana procesará a los principales líderes separatistas. Este anuncio incluía además la convocatoria de una vistilla para revisar las medidas cautelares de seis de los investigados, entre ellos Turull, que se encuentra en libertad bajo fianza desde diciembre pasado.
La posibilidad de que Turull, la tercera opción para presidir la Generalitat planteada por los partidos independentistas, vuelva a la cárcel precipitó todos los movimientos de ERC y Junts per Catalunya.
Durante la tarde, Torrent contactó con los grupos parlamentarios para acelerar al máximo el pleno de investidura. Y a última hora de la noche anunció la convocatoria de la sesión en el Parlament para hoy a las 17.00. La posibilidad de que Turull salga elegido es desde ayer más que firme después de que la CUP mostrase su disposición a votarle como presidente de la Generalitat, poniendo fin así a las resistencias que había mostrado con el anterior aspirante, Jordi Sànchez.
Esta maniobra, en caso de prosperar, puede poner en un brete al Rey, que tendría que firmar su elección como president. También implica una presidencia que puede ser efímera. Si Llarena decide procesarle por rebelión y enviarle a prisión, Turull será previsiblemente suspendido en aplicación del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta suspensión será automática una vez que el auto de procesamiento sea firme. En caso de no ser encarcelado, Cataluña tendrá un presidente procesado y que tendrá que afrontar en Madrid un juicio que se prevé largo a partir del próximo otoño. Este juicio desembocará en una sentencia que, si Turull es condenado, le obligará a dejar el cargo, abriendo un nuevo periodo de incertidumbre en la política catalana y española.
Sería la segunda vez que las instituciones del Estado obligarían a cambiar un presidente de la Generalitat. La primera fue cuando el Gobierno tuvo que relevar a Carles Puigdemont en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración ilegal de independencia. Y la segunda, sería por orden judicial.Hasta ahora, precisamente, la justicia ha dado al traste con las dos primeras propuestas de los independentistas para nombrar un presidente de la Generalitat tras las elecciones del 21-D (Puigdemont y Sànchez).
El Gobierno de Mariano Rajoy acusó este miércoles a Torrent de menoscabar la dignidad del Parlament al actuar con falta de transparencia y advirtió que el artículo 155 seguirá en vigor hasta que el nuevo Govern tome posesión conforme a derecho. Por otra parte, el expresident Puigdemont dijo que Turull será “un gran presidente para revertir los efectos del 155” y que “ninguna maniobra del Estado podrá agrietar su dignidad”.
El auto de procesamiento que comunicará mañana Llarena implica que ha encontrado indicios sólidos contra la mayoría de los 28 investigados por rebelión. El juez no ha dado pistas sobre qué va a hacer en la vistilla de medidas cautelares, pero, si una de las acusaciones pide cárcel para alguno de los seis citados, puede decretarla. Vox ya adelantó ayer que se plantea pedirlo.
Reeditar las advertencias
Los seis investigados a los que se revisará la situación son todos los miembros del Govern de Carles Puigdemont que siguen siendo diputados y salieron de la cárcel tras pagar una fianza (Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva), además de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la número dosde ERC, Marta Rovira, ambas también en libertad provisional.
De los investigados que siguen siendo diputados el juez solo ha dejado fuera de la vistilla a dos exmiembros de la Mesa: Lluis Guinó (Junts per Catalunya) y Joan Josep Nuet (Catalunya sí que es Pot). Este último probablemente no será procesado. En el caso de que el juez rechace mandarles a prisión, lo que sí hará será reeditar las advertencias que ya les hizo en los autos en los que decretó su libertad bajo fianza. En esos escritos, el instructor les concedió la libertad con una condición: si volvían a delinquir o a apostar por la vía unilateral para conseguir la independencia, les mandaría de nuevo a prisión.
Llarena no ha revisado hasta ahora estas medidas, pero en algunos de sus últimas resoluciones ha mostrado recelos hacia la actitud que están manteniendo los partidos independentistas y considera que no hay certeza de que “la voluntad política mayoritaria” en Cataluña sea respetar la ley para lograr la independencia, lo que ha repercutido directamente en el rechazo a dejar en libertad a los investigados que siguen presos.
El auto de procesamiento de mañana incluirá también a Carles Puigdemont y los cinco exdiputados fugados. Los planes del Supremo pasan por dictar inmediatamente orden internacional de detención contra los huidos.
