Golpe del Supremo de EE UU al lobby de las armas en pleno debate sobre su control
El Tribunal refuerza la jurisdiccón de los Estados sobre la compra de armas al rechazar una denuncia contra las restricciones que se aplican en California
Pablo Ximénez de Sandoval
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes entrar a considerar una denuncia de los defensores del derecho ilimitado a llevar armas contra las restricciones impuestas por California. La decisión de no entrar ni siquiera a valorar el caso supone una reafirmación de la jurisdicción de los Estados a la hora de poner límites al derecho constitucional a poseer armas. El juez conservador Clarence Thomas expresó en un voto particular su desacuerdo con la decisión.
El golpe judicial al lobby de las armas, aunque no es un criterio nuevo, llega en un momento especialmente delicado. El pasado miércoles, un hombre de 19 años entró en un instituto de Parkland, Florida, y asesinó a sangre fría a 17 estudiantes y profesores con un rifle de asalto AR-15 comprado legalmente. En medio de la conmoción nacional, los supervivientes han empezado una campaña para señalar a los políticos por su inacción a la hora de aprobar restricciones a la compra de armas.
El caso en cuestión tiene origen en una demanda presentada en 2011 por particulares y organizaciones de defensa de las armas contra una ley de California que impone un periodo de espera de 10 días antes de comprar un arma de fuego. El Estado argumenta que este límite sirve como “periodo de tranquilidad”, para evitar compras de armas en caliente, como medida de prevención ante comportamientos impulsivos. La ley contempla varias excepciones.
El Tribunal Supremo, máximo órgano de interpretación de la Constitución de Estados Unidos, suele ser reticente a entrar en el debate de la definición de los límites a la Segunda Enmienda, que establece el derecho a tener armas. En dos ocasiones anteriores, en 2008 y 2010, declaró inconstitucionales sendas normas de Chicago y de Washington DC por ser demasiado restrictivas de este derecho, de forma que lo eliminaban en la práctica. El Supremo no ha aceptado casos sobre este asunto desde entonces.
En este caso, el Supremo deja en vigor la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (el tribunal federal con sede en San Francisco y con jurisdicción sobre todos los estados del Oeste), que consideró en su sentencia de 2016 que la ley de los 10 días de California no afectaba al derecho constitucional de llevar armas.
El juez Thomas, en su voto particular, criticó duramente a sus compañeros de tribunal. “Si una corte inferior hubiera tratado cualquier otro derecho tan a la ligera, tengo pocas dudas de que esta corte habría intervenido”, escribe. “Pero, como queda en evidencia por nuestra continuada inacción en este asunto, la Segunda Enmienda es un derecho que sale perjudicado por este tribunal”. Thomas añade: “El derecho a tener y llevar armas es aparentemente el huérfano constitucional de esta corte. Y las cortes inferiores parecen haber captado el mensaje”.
Los periodos de espera para comprar armas están en vigor en California, Hawái, Rhode Island, Illinois, Minnesota, Florida, Iowa, Maryland, Nueva Jersey y Washington DC. Los 10 días de California son el periodo más largo después del de Hawái. En California se aplica a todas las compras de armas, incluso si el comprador ya tiene otra o es conocido por el vendedor. El periodo de espera es necesario para dar tiempo a hacer los controles de antecedentes necesarios, asegurarse de que todos los papeles están en regla, evitar compras fraudulentas y compras en caliente.
El año pasado, el Tribunal Supremo también dejó sin tocar otra ley de California que requiere “buenas razones” para otorgar permisos para llevar armas ocultas en público.
Corresponsal en California
Los Ángeles, El País
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes entrar a considerar una denuncia de los defensores del derecho ilimitado a llevar armas contra las restricciones impuestas por California. La decisión de no entrar ni siquiera a valorar el caso supone una reafirmación de la jurisdicción de los Estados a la hora de poner límites al derecho constitucional a poseer armas. El juez conservador Clarence Thomas expresó en un voto particular su desacuerdo con la decisión.
El golpe judicial al lobby de las armas, aunque no es un criterio nuevo, llega en un momento especialmente delicado. El pasado miércoles, un hombre de 19 años entró en un instituto de Parkland, Florida, y asesinó a sangre fría a 17 estudiantes y profesores con un rifle de asalto AR-15 comprado legalmente. En medio de la conmoción nacional, los supervivientes han empezado una campaña para señalar a los políticos por su inacción a la hora de aprobar restricciones a la compra de armas.
El caso en cuestión tiene origen en una demanda presentada en 2011 por particulares y organizaciones de defensa de las armas contra una ley de California que impone un periodo de espera de 10 días antes de comprar un arma de fuego. El Estado argumenta que este límite sirve como “periodo de tranquilidad”, para evitar compras de armas en caliente, como medida de prevención ante comportamientos impulsivos. La ley contempla varias excepciones.
El Tribunal Supremo, máximo órgano de interpretación de la Constitución de Estados Unidos, suele ser reticente a entrar en el debate de la definición de los límites a la Segunda Enmienda, que establece el derecho a tener armas. En dos ocasiones anteriores, en 2008 y 2010, declaró inconstitucionales sendas normas de Chicago y de Washington DC por ser demasiado restrictivas de este derecho, de forma que lo eliminaban en la práctica. El Supremo no ha aceptado casos sobre este asunto desde entonces.
En este caso, el Supremo deja en vigor la sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito (el tribunal federal con sede en San Francisco y con jurisdicción sobre todos los estados del Oeste), que consideró en su sentencia de 2016 que la ley de los 10 días de California no afectaba al derecho constitucional de llevar armas.
El juez Thomas, en su voto particular, criticó duramente a sus compañeros de tribunal. “Si una corte inferior hubiera tratado cualquier otro derecho tan a la ligera, tengo pocas dudas de que esta corte habría intervenido”, escribe. “Pero, como queda en evidencia por nuestra continuada inacción en este asunto, la Segunda Enmienda es un derecho que sale perjudicado por este tribunal”. Thomas añade: “El derecho a tener y llevar armas es aparentemente el huérfano constitucional de esta corte. Y las cortes inferiores parecen haber captado el mensaje”.
Los periodos de espera para comprar armas están en vigor en California, Hawái, Rhode Island, Illinois, Minnesota, Florida, Iowa, Maryland, Nueva Jersey y Washington DC. Los 10 días de California son el periodo más largo después del de Hawái. En California se aplica a todas las compras de armas, incluso si el comprador ya tiene otra o es conocido por el vendedor. El periodo de espera es necesario para dar tiempo a hacer los controles de antecedentes necesarios, asegurarse de que todos los papeles están en regla, evitar compras fraudulentas y compras en caliente.
El año pasado, el Tribunal Supremo también dejó sin tocar otra ley de California que requiere “buenas razones” para otorgar permisos para llevar armas ocultas en público.
