Los cinco diputados huidos dificultan la mayoría para la investidura de Puigdemont
El presidente del Parlament anuncia este lunes la fecha del debate
Pere Ríos
Barcelona, El País
La investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat se antoja inviable y es muy probable que la anule el Tribunal Constitucional, pero es que, además, los números para llegar a ese escenario no salen sin el voto de alguno de los cinco diputados huidos en Bruselas. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha advertido de que esos cinco parlamentarios electos no pueden delegar el voto, en contra de lo que han solicitado Junts per Catalunya y ERC. La cuestión deberá ser resuelta por la Mesa del Parlament.
Roger Torrent, presidente del Parlament, anunciará hoy la fecha del debate de investidura y dará el nombre de Puigdemont como candidato. Salvo que sea detenido antes de que llegue ese día y pida después su excarcelación, no parece que el expresidente catalán pueda presentar “ante el Pleno” su programa de gobierno”, que es el mecanismo que establece la Ley de la Presidencia de la Generalitat (artículo 4.3). En esa misma línea, el Reglamento del Parlament recoge en el artículo 146.1 que, en la sesión de investidura, “el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno”.
Podría suceder que la Mesa del Parlament entendiera que se puede realizar una investidura telemática —sin la presencia física del candidato en la Cámara— y que algún diputado de Junts per Catalunya leyese el discurso de Puigdemont. Eso generaría con toda seguridad la protesta de la oposición y una bronca parlamentaria que no encajaría con el talante que prometió Torrent en su discurso de investidura como presidente del Parlament el pasado día 17, y abriría la puerta al recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. También chocaría de manera frontal con el informe firmado hace unos días por los ocho letrados de la Cámara autonómica, en el que sostenían que es necesaria la participación “directa y personal” del candidato a la investidura y subrayaban que, de no ser así, no podría cumplir su “función estatutaria y reglamentaria”.
Superado ese considerable obstáculo de procedimiento, el debate de investidura podría continuar. Pero se plantearía entonces un segundo obstáculo: la mayoría parlamentaria necesaria. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) suman 58 diputados presenciales en la Cámara y ocho huidos o encarcelados. Aunque los cuatro diputados de la CUP decidieran apoyar la investidura, el independentismo sumaría 62 diputados físicamente presentes en el Pleno, y la investidura no sería posible ni en primera ni en segunda votación, porque todas las fuerzas no independentistas (Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú-Podem y PP) ya han anunciado que votarán en contra y suman 65 diputados.
A esos 62 escaños sí podría sumarse, no obstante, el voto delegado de los tres diputados electos encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn), a los que el juez Llarena ya permitió esa opción en la sesión de constitución de la Cámara. El secesionismo sumaría así 65 síes, los mismos que noes. Con ese empate la investidura tampoco sería posible. Los votos de los cinco diputados que permanecen fugados en Bruselas se convertirían en determinantes.
Voto delegado
Junts per Catalunya y ERC ya han registrado en el Parlament la petición de voto delegado para Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, una cuestión que deberá resolver la Mesa de la Cámara. Si acepta la delegación del voto, el asunto quedaría resuelto, pero eso implicaría volver a la senda de la desobediencia judicial, porque el juez Llarena deslizó hace días que esa delegación no era admisible: dictó que se tuviera en cuenta el voto de los parlamentarios que están en prisión preventiva para que pudieran delegarlo, pero no el de “otros”, en alusión a los fugados.
El independentismo podría optar por evitar el conflicto judicial y forzar la renuncia de alguno de esos cinco diputados fugados, para que corra la lista, los escaños sean ocupados por otras personas y salgan las cuentas en la investidura de Puigdemont. En primera votación harían falta 68 diputados (mayoría absoluta). Es decir, tres parlamentarios de Bruselas deberían renunciar a su escaño —siempre que la CUP asegure sus cuatro votos—. Hasta ahora, ninguno de ellos se ha mostrado dispuesto a entregar el acta, salvo Lluís Puig.
En segunda votación bastarían 66 votos, una cifra que se lograría con la renuncia de solo un parlamentario huido y su sustitución por otro de la lista, dando por hecho el apoyo de la CUP.
Pero, si los anticapitalistas se abstienen, haría falta que los cinco fugados renunciasen y corrieran las listas en todos los casos, algo impensable porque ese gesto dejaría fuera del Parlament al propio Puigdemont, y para ser investido presidente de la Generalitat es condición imprescindible ser diputado.
Barcelona, El País
La investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat se antoja inviable y es muy probable que la anule el Tribunal Constitucional, pero es que, además, los números para llegar a ese escenario no salen sin el voto de alguno de los cinco diputados huidos en Bruselas. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya ha advertido de que esos cinco parlamentarios electos no pueden delegar el voto, en contra de lo que han solicitado Junts per Catalunya y ERC. La cuestión deberá ser resuelta por la Mesa del Parlament.
Roger Torrent, presidente del Parlament, anunciará hoy la fecha del debate de investidura y dará el nombre de Puigdemont como candidato. Salvo que sea detenido antes de que llegue ese día y pida después su excarcelación, no parece que el expresidente catalán pueda presentar “ante el Pleno” su programa de gobierno”, que es el mecanismo que establece la Ley de la Presidencia de la Generalitat (artículo 4.3). En esa misma línea, el Reglamento del Parlament recoge en el artículo 146.1 que, en la sesión de investidura, “el candidato presenta, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del Pleno”.
Podría suceder que la Mesa del Parlament entendiera que se puede realizar una investidura telemática —sin la presencia física del candidato en la Cámara— y que algún diputado de Junts per Catalunya leyese el discurso de Puigdemont. Eso generaría con toda seguridad la protesta de la oposición y una bronca parlamentaria que no encajaría con el talante que prometió Torrent en su discurso de investidura como presidente del Parlament el pasado día 17, y abriría la puerta al recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional. También chocaría de manera frontal con el informe firmado hace unos días por los ocho letrados de la Cámara autonómica, en el que sostenían que es necesaria la participación “directa y personal” del candidato a la investidura y subrayaban que, de no ser así, no podría cumplir su “función estatutaria y reglamentaria”.
Superado ese considerable obstáculo de procedimiento, el debate de investidura podría continuar. Pero se plantearía entonces un segundo obstáculo: la mayoría parlamentaria necesaria. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) suman 58 diputados presenciales en la Cámara y ocho huidos o encarcelados. Aunque los cuatro diputados de la CUP decidieran apoyar la investidura, el independentismo sumaría 62 diputados físicamente presentes en el Pleno, y la investidura no sería posible ni en primera ni en segunda votación, porque todas las fuerzas no independentistas (Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú-Podem y PP) ya han anunciado que votarán en contra y suman 65 diputados.
A esos 62 escaños sí podría sumarse, no obstante, el voto delegado de los tres diputados electos encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn), a los que el juez Llarena ya permitió esa opción en la sesión de constitución de la Cámara. El secesionismo sumaría así 65 síes, los mismos que noes. Con ese empate la investidura tampoco sería posible. Los votos de los cinco diputados que permanecen fugados en Bruselas se convertirían en determinantes.
Voto delegado
Junts per Catalunya y ERC ya han registrado en el Parlament la petición de voto delegado para Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, una cuestión que deberá resolver la Mesa de la Cámara. Si acepta la delegación del voto, el asunto quedaría resuelto, pero eso implicaría volver a la senda de la desobediencia judicial, porque el juez Llarena deslizó hace días que esa delegación no era admisible: dictó que se tuviera en cuenta el voto de los parlamentarios que están en prisión preventiva para que pudieran delegarlo, pero no el de “otros”, en alusión a los fugados.
El independentismo podría optar por evitar el conflicto judicial y forzar la renuncia de alguno de esos cinco diputados fugados, para que corra la lista, los escaños sean ocupados por otras personas y salgan las cuentas en la investidura de Puigdemont. En primera votación harían falta 68 diputados (mayoría absoluta). Es decir, tres parlamentarios de Bruselas deberían renunciar a su escaño —siempre que la CUP asegure sus cuatro votos—. Hasta ahora, ninguno de ellos se ha mostrado dispuesto a entregar el acta, salvo Lluís Puig.
En segunda votación bastarían 66 votos, una cifra que se lograría con la renuncia de solo un parlamentario huido y su sustitución por otro de la lista, dando por hecho el apoyo de la CUP.
Pero, si los anticapitalistas se abstienen, haría falta que los cinco fugados renunciasen y corrieran las listas en todos los casos, algo impensable porque ese gesto dejaría fuera del Parlament al propio Puigdemont, y para ser investido presidente de la Generalitat es condición imprescindible ser diputado.
