Iglesia Católica dice que el Código Penal está ‘hecho a la medida del poder’ y pide su abrogación
A través de un comunicado de prensa divulgado este martes, la Conferencia Episcopal Boliviana identificó más de una decena de artículos en la polémica norma que, afirman, “atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales”.
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
Como “ambiguo” y gestor de “inseguridad jurídica” calificó la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana de la Iglesia Católica al nuevo Código del Sistema Penal que, además, asegura está “hecho a la medida de los intereses del poder”.
A través de un comunicado de prensa divulgado este martes, el conglomerado de clérigos identificó más de una decena de artículos en la polémica norma que, afirman, “atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales” y representan “un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”.
“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados”, se lee en la nota.
A su juicio, esa iniciativa debe encararse “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.
Colegio de Abogados de Bolivia pide abrogación del Código Penal y dice que no les permitieron revisar la norma
Entre los acápites cuestionados están el 137 y 205 rechazados por los transportistas y los médicos, respectivamente. Ambos artículos están en trámite de derogación por pedido expreso del presidente Evo Morales.
Algunos bloques del transporte mantienen sus protestas, mientras los galenos levantaron su huelga indefinida el lunes a 47 días de activada la medida de presión.
Además, la Iglesia cuestiona los artículos 209, 293 y 294 por considerar que “criminaliza el derecho a la protestas”. Los dos últimos acápites serán revisados por el Legislativo, también a pedido del mandatario.
A ellos se suman los puntos 21 y 106 que “pone entredicho la libertad de expresión y pensamiento”; el 245 y 246 que “introduce un control inaceptable de las redes sociales”; y, sobre todo, el 157 “que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas”.
El Gobierno promulga el Código del Sistema Penal a pesar del rechazo de médicos y activistas contra el aborto
La Conferencia Episcopal lamentó que se haya incorporado ese aspecto “en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país”.
También apunta al artículo 88, parágrafo primero, numeral 11 que se refiere al delito de trata relacionado con el reclutamiento de personas para organizaciones religiosas o de culto “cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa”.
“La lista de artículos cuestionables podría ser mucho más larga, pero los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo”, reseña el comunicado.
Las protestas que buscan la abrogación de la Ley 1005 promulgada el 15 de diciembre de 2017 persisten en varios frentes y regiones del país. Con ese fin, este martes se reforzó la huelga de un grupo de legisladores opositores. El Gobierno denunció que sus detractores solapan un afán de desestabilización.
Como “ambiguo” y gestor de “inseguridad jurídica” calificó la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana de la Iglesia Católica al nuevo Código del Sistema Penal que, además, asegura está “hecho a la medida de los intereses del poder”.
A través de un comunicado de prensa divulgado este martes, el conglomerado de clérigos identificó más de una decena de artículos en la polémica norma que, afirman, “atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales” y representan “un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”.
“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados”, se lee en la nota.
A su juicio, esa iniciativa debe encararse “sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”.
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Entre los acápites cuestionados están el 137 y 205 rechazados por los transportistas y los médicos, respectivamente. Ambos artículos están en trámite de derogación por pedido expreso del presidente Evo Morales.
Algunos bloques del transporte mantienen sus protestas, mientras los galenos levantaron su huelga indefinida el lunes a 47 días de activada la medida de presión.
Además, la Iglesia cuestiona los artículos 209, 293 y 294 por considerar que “criminaliza el derecho a la protestas”. Los dos últimos acápites serán revisados por el Legislativo, también a pedido del mandatario.
A ellos se suman los puntos 21 y 106 que “pone entredicho la libertad de expresión y pensamiento”; el 245 y 246 que “introduce un control inaceptable de las redes sociales”; y, sobre todo, el 157 “que plantea la exclusión del delito del aborto en causales tan genéricas”.
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La Conferencia Episcopal lamentó que se haya incorporado ese aspecto “en total desconocimiento de las miles de firmas entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las numerosas manifestaciones a favor del derecho a la vida en distintas ciudades del país”.
También apunta al artículo 88, parágrafo primero, numeral 11 que se refiere al delito de trata relacionado con el reclutamiento de personas para organizaciones religiosas o de culto “cuya ambigüedad manifiesta atenta claramente contra la libertad religiosa”.
“La lista de artículos cuestionables podría ser mucho más larga, pero los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo”, reseña el comunicado.
Las protestas que buscan la abrogación de la Ley 1005 promulgada el 15 de diciembre de 2017 persisten en varios frentes y regiones del país. Con ese fin, este martes se reforzó la huelga de un grupo de legisladores opositores. El Gobierno denunció que sus detractores solapan un afán de desestabilización.
