Gobierno advierte que la continuidad del conflicto tiene la intención de buscar víctimas
El ministro de la Presidencia, René Martínez, consideró que no debía persistir el conflicto luego que el presidente Evo Morales anunciara la decisión de abrir un período de socialización y de ajustes al Código del Sistema Penal.
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
Para el Gobierno, la persistencia del conflicto por el Código del Sistema Penal pese a la apertura para debatir sobre los artículos cuestionados revela que hay un componente político en la movilización y un interés por escalar en la conflictividad con la intención de buscar víctimas e incluso dar un golpe a la actual administración.
La lectura la hizo el ministro de la Presidencia, René Martínez, quien dijo que no se justifica mantener y agravar los conflictos cuando el propio Presidente anunció ayer la decisión de socializar la norma cuestionada e introducir las reformas necesarias si es que se demuestra que algún artículo afecta a determinados sectores.
El anuncio no aplacó la conflictividad y, por el contrario, hoy Cochabamba cumple un contundente paro cívico, mientras que en Sucre hay bloqueos. Beni convocó a similar medida para este miércoles en demanda de la abrogación del Código pero también de respeto al 21F en alusión al referéndum del 2016 que dijo No a la repostulación de los actuales mandatarios.
“Lo que nos preocupa es que estos escenarios, esta lectura de radicalidades esté invitándonos a la apertura de hechos de violencia que hay en su radicalidad más desesperada la intención de buscar víctimas, ojalá no hayan vidas humanas de por medio porque eso les permitiría hacer una suerte de justificación de sus movilizaciones”, advirtió en una entrevista en la estatal Patria Nueva.
Como no ocurría desde 2008, cuando se convirtieron en factor de organización en lo que el Gobierno llamó intento de golpe cívico-prefectural, los comités cívicos en Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Potosí empezaron a cobrar fuerza y están al frente de la resistencia al Código y en demanda de cumplimiento al resultado del 21F.
Además de la apertura a reformas, el Gobierno también terminó derogando el artículo 137 sobre homicidio culposo en accidente de tránsito que cuestionaba el transporte y el 205 de mala práctica profesional que activó un prolongado paro médico que llevó 47 días. No obstante, el transporte sigue movilizado y los médicos respaldan las protestas.
“Están cabalgando con esta oscuras intenciones de generar conspiración e inclusive llegar con esa radicalidad discursiva a afanes golpista contra nuestra Gobierno”, insistió el ministro y recordó que las autoridades del Legislativo, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, lideran los diálogos para escuchar las observaciones al Código.
Además identificó que tras la movilización están intereses externos articulados por ejemplo el exministro Carlos Sánchez Berzaín, quien huyó a Estados Unidos tras la revuelta social de 2003, la oligarquía chilena, la oposición policía y algunos colectivos ciudadanos en los que operan políticos de oposición.
Para el Gobierno, la persistencia del conflicto por el Código del Sistema Penal pese a la apertura para debatir sobre los artículos cuestionados revela que hay un componente político en la movilización y un interés por escalar en la conflictividad con la intención de buscar víctimas e incluso dar un golpe a la actual administración.
La lectura la hizo el ministro de la Presidencia, René Martínez, quien dijo que no se justifica mantener y agravar los conflictos cuando el propio Presidente anunció ayer la decisión de socializar la norma cuestionada e introducir las reformas necesarias si es que se demuestra que algún artículo afecta a determinados sectores.
El anuncio no aplacó la conflictividad y, por el contrario, hoy Cochabamba cumple un contundente paro cívico, mientras que en Sucre hay bloqueos. Beni convocó a similar medida para este miércoles en demanda de la abrogación del Código pero también de respeto al 21F en alusión al referéndum del 2016 que dijo No a la repostulación de los actuales mandatarios.
“Lo que nos preocupa es que estos escenarios, esta lectura de radicalidades esté invitándonos a la apertura de hechos de violencia que hay en su radicalidad más desesperada la intención de buscar víctimas, ojalá no hayan vidas humanas de por medio porque eso les permitiría hacer una suerte de justificación de sus movilizaciones”, advirtió en una entrevista en la estatal Patria Nueva.
Como no ocurría desde 2008, cuando se convirtieron en factor de organización en lo que el Gobierno llamó intento de golpe cívico-prefectural, los comités cívicos en Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Potosí empezaron a cobrar fuerza y están al frente de la resistencia al Código y en demanda de cumplimiento al resultado del 21F.
Además de la apertura a reformas, el Gobierno también terminó derogando el artículo 137 sobre homicidio culposo en accidente de tránsito que cuestionaba el transporte y el 205 de mala práctica profesional que activó un prolongado paro médico que llevó 47 días. No obstante, el transporte sigue movilizado y los médicos respaldan las protestas.
“Están cabalgando con esta oscuras intenciones de generar conspiración e inclusive llegar con esa radicalidad discursiva a afanes golpista contra nuestra Gobierno”, insistió el ministro y recordó que las autoridades del Legislativo, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, Alberto Gonzales, lideran los diálogos para escuchar las observaciones al Código.
Además identificó que tras la movilización están intereses externos articulados por ejemplo el exministro Carlos Sánchez Berzaín, quien huyó a Estados Unidos tras la revuelta social de 2003, la oligarquía chilena, la oposición policía y algunos colectivos ciudadanos en los que operan políticos de oposición.
