Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa por obra pública
Es la investigación donde está acusada de haber beneficiado a Lázaro Báez. La ex presidenta cree que allí podrá defenderse mejor.
Lucía Salinas
Clarín
Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa donde se la acusó de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”, es decir a Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas. En un breve escrito que presentó ayer su abogado, Carlos Beraldi, no se opuso a ir a juicio y señaló que allí se defenderá "de un trámite tan alejado de la verdad".
La imagen del juicio que se avizora cada vez más cercano, mostrará al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas en esta causa. Todos acusados de ser partícipes de una misma maniobra, con diversas responsabilidades, que tuvo un único fin para los fiscales: "Convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".
Después que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, se procedió a correr vista a las partes para que se opongan o no a que la investigación llegue a dicha instancia.
En un escrito de tres páginas, el abogado de Cristina manifestó que no se oponen, en parte porque "la instancia oral ya se encuentra definida". De todos modos, consideró que el requerimiento de los fiscales y las querellas (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera), "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones", que se hicieron en la causa.
Para los fiscales, se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez". Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Este circuito de contrataciones "irregulares", permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes".
La defensa de la ex presidenta reiteró que se trata de una causa plagada de "arbitrariedades", y eligió la instancia de juicio oral y público para defenderse.
Así, en el escrito al que accedió Clarín, la defensa de Cristina planteó: "Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios que informan el Estado de Derecho".
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (preso desde el 22 de diciembre), Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios), Abel Fatala y a Báez -entre otros-, por "asociación ilícita y defraudación al Estado".
La causa plantea que Cristina junto sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron "parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015", destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Durante la investigación se concluyó que hubo un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.
La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
Otros juicios y causas
La senadora de Unidad Ciudadana tiene otros juicios orales en puerta. La causa donde se investiga las operaciones de compra-venta de dólar futuro, ya fue elevada a juicio oral pero aún el Tribunal Oral Federal 1 no fijó fecha para su inicio. Asimismo, está próxima a ser elevada la causa conocida como Los Sauces SA, donde Cristina fue procesada por asociación ilícita y lavado de dinero junto a sus hijos Máximo y Florencia.
Otro de los expedientes que se encamina hacia el juicio oral es el que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman con la ex presidenta, por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA tras la firma del Memorándum con Irán. El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y las querellas requerirán en los próximos días la elevación a juicio.
Clarín
Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa donde se la acusó de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”, es decir a Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas. En un breve escrito que presentó ayer su abogado, Carlos Beraldi, no se opuso a ir a juicio y señaló que allí se defenderá "de un trámite tan alejado de la verdad".
La imagen del juicio que se avizora cada vez más cercano, mostrará al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas en esta causa. Todos acusados de ser partícipes de una misma maniobra, con diversas responsabilidades, que tuvo un único fin para los fiscales: "Convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz".
Después que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, se procedió a correr vista a las partes para que se opongan o no a que la investigación llegue a dicha instancia.
En un escrito de tres páginas, el abogado de Cristina manifestó que no se oponen, en parte porque "la instancia oral ya se encuentra definida". De todos modos, consideró que el requerimiento de los fiscales y las querellas (Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera), "encierran y consolidan aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones", que se hicieron en la causa.
Para los fiscales, se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez". Fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Este circuito de contrataciones "irregulares", permitió que el patrimonio del "amigo presidencial" creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos "eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes".
La defensa de la ex presidenta reiteró que se trata de una causa plagada de "arbitrariedades", y eligió la instancia de juicio oral y público para defenderse.
Así, en el escrito al que accedió Clarín, la defensa de Cristina planteó: "Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios que informan el Estado de Derecho".
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner (preso desde el 22 de diciembre), Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios), Abel Fatala y a Báez -entre otros-, por "asociación ilícita y defraudación al Estado".
La causa plantea que Cristina junto sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron "parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015", destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Durante la investigación se concluyó que hubo un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.
La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
Otros juicios y causas
La senadora de Unidad Ciudadana tiene otros juicios orales en puerta. La causa donde se investiga las operaciones de compra-venta de dólar futuro, ya fue elevada a juicio oral pero aún el Tribunal Oral Federal 1 no fijó fecha para su inicio. Asimismo, está próxima a ser elevada la causa conocida como Los Sauces SA, donde Cristina fue procesada por asociación ilícita y lavado de dinero junto a sus hijos Máximo y Florencia.
Otro de los expedientes que se encamina hacia el juicio oral es el que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman con la ex presidenta, por presunto encubrimiento del atentado de la AMIA tras la firma del Memorándum con Irán. El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y las querellas requerirán en los próximos días la elevación a juicio.
