Crece la presión para abrogar el Código Penal; el Gobierno asegura que hay 'absoluta normalidad'
Al menos cuatro departamentos amanecieron con bloqueos que demandan la abrogatoria del Código del Sistema Penal y existen anuncios de protestas para todos los días de esta semana. Pasado el mediodía, el ministro de Gobierno informó que todos los bloqueos fueron levantados y que existe "absoluta normalidad" en todos los departamentos del país.
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
El acuerdo firmado este lunes con los médicos sobre el Código del Sistema Penal no mitigó el panorama de conflictividad que tiene como común denominador la demanda de anulación de esa norma; por el contrario, en las últimas horas fueron activados protestas cívicas en Cochabamba y Potosí, comenzó una huelga de hambre de legisladores de la oposición y de trabajadores fabriles y la Iglesia Católica pidió la revisión de esa normativa por considerar que amenaza la paz social.
No obstante, el Gobierno consideró que estas expresiones de rechazo concentran a pequeños grupos con insuficiente representatividad, cuyas expresiones de protesta no alteraron el normal desenvolvimiento de las actividades en el país. "Han fracaso los dirigentes cívicos de Potosí, se han aplazado los supuestpos dirigentes cívicos de Cochabamba, la situación en el país es de absoluta normalidad", aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.
Hizo una evaluación de los paros en Cochabamba y Potosí y dijo que en el primer caso la medida "solamente movilizó a dirigentes cívicos" que instalaron unos 11 puntos de bloqueo con 400 personas, "que rápidamente fueron despejados por la Policía". Agregó que la convocatoria fue aún menor en Potosí, donde según su reporte hubo únicamente bloqueos esporádicos protagonizados por un total de 500 personas.
No obstante, reportes periodísticos en ambos departamentos dieron cuenta que las capitales amanecieron con bloqueos. En Cochabamba, los dirigentes que impulsaron la medida informaron que lograron instalar 22 de 29 puntos de bloqueo, mientras que el vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, anunció que la protesta unirá en las próximas horas a dirigentes cívicos de otros departamentos.
Comcipo alienta bloque con sus pares regionales contra el Código Penal
Romero informó que hasta el mediodía todos los bloqueos en Cochabamba fueron despejados al igual que en Potosí y en Santa Cruz, donde permanecía una protesta con interrupción de la ruta hacia Beni a la altura de Puente Pailas. "No hay bloqueos de caminos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni. No hay interrupción de las rutras interdepartamentales, inteprovinciales e internacionales", insistió.
Desde el Gobierno se trata infructuosamente de explicar y frenar los conflictos. Justamente en Potosí y Cochabamba la dirigencia cívica encara este martes un paro que cobró fortaleza con el bloqueo en Cochabamba del transporte público y en Chuquisaca del transporte pesado, que ya empezó protestas un día antes en sectores como Puerto Pailas, Santa Cruz.
La ciudad de Cochabamba amaneció con bloqueos por decenas de motorizados del transporte público que se plegó para pedir la anulación del Código, aunque el presidente Evo Morales pidió al Legislativo la anulación del artículo que cuestiona este sector.
Piquete de huelga de representantes de trabajadores fabriles
Para el Gobierno las protestas tienen un tinte político. El presidente Evo Morales advirtió ayer que detrás del conflicto médico se escondían afanes de conspiración.
Además de los paros cívicos en Cochabamba y Potosí, otros sectores se suman al pedido de abrogación del Código Penal. Este miércoles lo harán con un paro de 24 horas la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Choferes de Chuquisaca, el jueves el Comité Cívico de Chuquisaca y el viernes, con una medida similar, el Comité Cívico de Santa Cruz.
En La Paz, legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) se sumaron este martes a la huelga de hambre iniciada ayer por la senadora Carmen Eva Gonzales con el mismo objetivo.
El diputado Wilson Santamaría demandó que se construya una nueva normativa penal y explicó que el hecho de haberse centrado en el artículo sobre el incremento de las causales del aborto durante el debate legislativo del Código hizo que se descuiden otros aspectos o articulados sensibles que hoy motivan protestas de diversos sectores.
Los trabajadores de salud se desmarcaron del acuerdo de los médicos y decidieron ir por el paro general en contra del Código.
Marcha de trabajadores en Salud en La Paz.
En Santa Cruz, los médicos expresaron su desacuerdo con la firma del acuerdo suscrito por los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia y anunciaron que tomarán en la noche una decisión definitiva en un ampliado con sus representantes.
Un grupo de trabajadores fabriles instaló un primer piquete de huelga de hambre. El dirigente Clemente Condori informó en una conferencia de prensa sobre la extrema medida y dijo que el artículo 293 del Código Penal “es una ley mordaza”.
Morales no solo pidió al Legislativo derogar los artículos 137 y 205, sino también revisar los artículos 293 y 294.
El 293 legisla sobre la sedición y determina cárcel para quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alcen públicamente para deponer a algún servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos. Aclara que no es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o derechos fundamentales.
El 294 determina cárcel de hasta cuatro años por atribuirse los derechos del pueblo, pero se aclara que no es parte de esta tipificación cuando la movilización social tengan por “finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional…”.
La Iglesia Católica emitió un pronunciamiento y enumeró una serie de aspectos que amenazan, advirtió, la paz social.
La Iglesia Católica pidió abrogar la ley del Código, como lo hicieron los evangelístas.
“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”, establece parte del pronunciamiento
El acuerdo firmado este lunes con los médicos sobre el Código del Sistema Penal no mitigó el panorama de conflictividad que tiene como común denominador la demanda de anulación de esa norma; por el contrario, en las últimas horas fueron activados protestas cívicas en Cochabamba y Potosí, comenzó una huelga de hambre de legisladores de la oposición y de trabajadores fabriles y la Iglesia Católica pidió la revisión de esa normativa por considerar que amenaza la paz social.
No obstante, el Gobierno consideró que estas expresiones de rechazo concentran a pequeños grupos con insuficiente representatividad, cuyas expresiones de protesta no alteraron el normal desenvolvimiento de las actividades en el país. "Han fracaso los dirigentes cívicos de Potosí, se han aplazado los supuestpos dirigentes cívicos de Cochabamba, la situación en el país es de absoluta normalidad", aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa en Santa Cruz.
Hizo una evaluación de los paros en Cochabamba y Potosí y dijo que en el primer caso la medida "solamente movilizó a dirigentes cívicos" que instalaron unos 11 puntos de bloqueo con 400 personas, "que rápidamente fueron despejados por la Policía". Agregó que la convocatoria fue aún menor en Potosí, donde según su reporte hubo únicamente bloqueos esporádicos protagonizados por un total de 500 personas.
No obstante, reportes periodísticos en ambos departamentos dieron cuenta que las capitales amanecieron con bloqueos. En Cochabamba, los dirigentes que impulsaron la medida informaron que lograron instalar 22 de 29 puntos de bloqueo, mientras que el vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari, anunció que la protesta unirá en las próximas horas a dirigentes cívicos de otros departamentos.
Comcipo alienta bloque con sus pares regionales contra el Código Penal
Romero informó que hasta el mediodía todos los bloqueos en Cochabamba fueron despejados al igual que en Potosí y en Santa Cruz, donde permanecía una protesta con interrupción de la ruta hacia Beni a la altura de Puente Pailas. "No hay bloqueos de caminos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni. No hay interrupción de las rutras interdepartamentales, inteprovinciales e internacionales", insistió.
Desde el Gobierno se trata infructuosamente de explicar y frenar los conflictos. Justamente en Potosí y Cochabamba la dirigencia cívica encara este martes un paro que cobró fortaleza con el bloqueo en Cochabamba del transporte público y en Chuquisaca del transporte pesado, que ya empezó protestas un día antes en sectores como Puerto Pailas, Santa Cruz.
La ciudad de Cochabamba amaneció con bloqueos por decenas de motorizados del transporte público que se plegó para pedir la anulación del Código, aunque el presidente Evo Morales pidió al Legislativo la anulación del artículo que cuestiona este sector.
Piquete de huelga de representantes de trabajadores fabriles
Para el Gobierno las protestas tienen un tinte político. El presidente Evo Morales advirtió ayer que detrás del conflicto médico se escondían afanes de conspiración.
Además de los paros cívicos en Cochabamba y Potosí, otros sectores se suman al pedido de abrogación del Código Penal. Este miércoles lo harán con un paro de 24 horas la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Choferes de Chuquisaca, el jueves el Comité Cívico de Chuquisaca y el viernes, con una medida similar, el Comité Cívico de Santa Cruz.
En La Paz, legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) se sumaron este martes a la huelga de hambre iniciada ayer por la senadora Carmen Eva Gonzales con el mismo objetivo.
El diputado Wilson Santamaría demandó que se construya una nueva normativa penal y explicó que el hecho de haberse centrado en el artículo sobre el incremento de las causales del aborto durante el debate legislativo del Código hizo que se descuiden otros aspectos o articulados sensibles que hoy motivan protestas de diversos sectores.
Los trabajadores de salud se desmarcaron del acuerdo de los médicos y decidieron ir por el paro general en contra del Código.
Marcha de trabajadores en Salud en La Paz.
En Santa Cruz, los médicos expresaron su desacuerdo con la firma del acuerdo suscrito por los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia y anunciaron que tomarán en la noche una decisión definitiva en un ampliado con sus representantes.
Un grupo de trabajadores fabriles instaló un primer piquete de huelga de hambre. El dirigente Clemente Condori informó en una conferencia de prensa sobre la extrema medida y dijo que el artículo 293 del Código Penal “es una ley mordaza”.
Morales no solo pidió al Legislativo derogar los artículos 137 y 205, sino también revisar los artículos 293 y 294.
El 293 legisla sobre la sedición y determina cárcel para quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido, se alcen públicamente para deponer a algún servidor público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos. Aclara que no es punible el alzamiento cuando se reclame por la contravención del orden constitucional o derechos fundamentales.
El 294 determina cárcel de hasta cuatro años por atribuirse los derechos del pueblo, pero se aclara que no es parte de esta tipificación cuando la movilización social tengan por “finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional…”.
La Iglesia Católica emitió un pronunciamiento y enumeró una serie de aspectos que amenazan, advirtió, la paz social.
La Iglesia Católica pidió abrogar la ley del Código, como lo hicieron los evangelístas.
“Esas imposiciones unilaterales amenazan la convivencia pacífica, por eso pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal, se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”, establece parte del pronunciamiento
