Chechenia no quiere testigos

La detención el pasado 9 de enero del jefe de la ONG Memorial refleja el acoso hacia los que denuncian las arbitrariedades de los dirigentes chechenos

Pilar Bonet
Moscú, El País
Ramzán Kadírov, el líder de Chechenia, asegura al presidente ruso, Vladímir Putin, estabilidad y orden en aquel territorio del Cáucaso, que se vio cruelmente azotado por dos guerras tras la desintegración de la URSS. A cambio, las autoridades del Estado hacen la vista gorda frente al hostigamiento y las presiones que sufren quienes no se adaptan a las arbitrariedades de los dirigentes chechenos, los cuales actúan en función de sus intereses y sus propias interpretaciones del islam y las tradiciones locales. En ese contexto se inscribe la detención el pasado 9 de enero de Oiub Titíev, el jefe de la organización no gubernamental Memorial en Grozni, la capital de Chechenia.


En Chechenia, apenas queda huella de los enfrentamientos entre las tropas del Kremlin, por una parte, y los independentistas e islamistas locales, por otra. Con fines “preventivos”, el régimen de Kadírov ha gozado de luz verde para actuar sin contemplaciones contra los sospechosos de socavar el sistema. Y es tal la "eficacia" de los métodos empleados, que la justicia rusa queda paralizada a la hora de investigar las huellas sangrientas del entorno de Kadírov, como en el caso del asesinato del ex vice primer ministro, Borís Nemtsov, en febrero de 2015 en Moscú.

Son los activistas los que se dedican a denunciar los abusos y a romper el silencio en Chechenia, pese a las advertencias. Muchos se siguen jugando la vida en la región porque las autoridades locales no los quieren y se lo hacen saber.

Al jefe de la ONG Memorial, Oiub Titíev, que no fuma y practica deporte diariamente, lo han acusado de poseer 180 gramos de marihuana. Titíev dijo que se trata de cargos inventados y que los policías que lo detuvieron le pusieron la droga en el coche. A través de su abogado, Titíev ha difundido un mensaje escrito de su puño y letra en el que afirma; "Si de algún modo me reconozco culpable de las actividades de las que me acusan, esto significará que me obligaron a reconocerme culpable con medios físicos o con chantaje”. El secretario general y el defensor de derechos humanos del Consejo de Europa se han posicionado a favor de Titíev, cuya familia ha abandonado Chechenia tras recibir amenazas, según el abogado Petr Zaikin.

Pocos días después de la detención de Titíev, en la noche del 17 de enero, el local de Memorial en la vecina República de Ingusetia fue incendiado. El fuego destruyó los ordenadores, los documentos y parte del mobiliario del recinto. Las cámaras de seguridad registraron cómo dos individuos enmascarados entraron por la ventana en las dependencias, utilizando una escalera y con unos bidones en la mano.

Según Svetlana Gánushkina, de la dirección de Memorial, desde Chechenia se intenta “comprometer” a Iunus-Bek Evkúrov, el jefe de Ingusetia, territorio administrativo donde las ONG defensoras de derechos humanos han podido trabajar de modo más libre y seguro que en los dominios de Kadírov. En 2009, el cadáver de Natalia Estemírova, la jefa de la delegación de Memorial en Grozni, que había sido secuestrada en Chechenia, fue hallado en territorio de Ingusetia con seis balazos.

Evkúrov, un militar de formación, es “el único dirigente en la región que mantiene un diálogo real con la sociedad, que sabe escuchar y actúa con sentido común”, señalaba Gánnushkina, que pide a las autoridades federales tomar cartas en el asunto. Solo representantes de las instituciones centrales de Moscú podrían llevar a cabo —en caso de desearlo— una investigación a fondo del incendio de la sede de Memorial, porque una investigación local podría tensar las delicadas relaciones entre las dos repúblicas caucásicas, que formaban una sola unidad administrativa en época soviética.
Kadírov, excluido de redes sociales

A fines de 2017 Kadírov fue excluido de redes sociales como Facebook e Instagram, después de que EE UU lo añadiera a la lista Magnitski, que incluye a cargos rusos a los que se considera implicados en graves transgresiones de derechos humanos. Al jefe de Chechenia se le atribuyen responsabilidades en “ejecuciones extrajudiciales, tortura, u otras violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente contra personas que buscaban exponer actividades ilegales llevadas a cabo por autoridades del Gobierno de la Federación Rusa”. La pérdida de la cuenta en Instagram supuso un golpe duro para el líder checheno, que la utilizaba con asiduidad como instrumento propagandístico entre sus numerosos seguidores.

En diciembre, el jefe del Parlamento, Magomed Daúdov, acusó a los defensores derechos humanos de haber propiciado el cierre de las cuentas de Kadírov. La detención del jefe de Memorial podría ser una venganza por la inclusión de Kadírov en la lista Magnitski.

Por lo menos 27 personas sospechosas de extremismo fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en unas dependencias de la policía de tráfico de Chechenia en enero de 2017, según había revelado el diario Nóvaia Gazeta. La investigación no avanza, en opinión de la periodista Elena Miláshina, especializada en temas de derechos humanos en Chechenia. A las ejecuciones extrajudiciales hay que añadir la persecución de homosexuales, que las autoridades locales niegan.

Gánnushkina calcula que como mínimo 100 personas han tenido que huir de Chechenia por esta causa. Un caso por resolver es el del cantante pop, Zelim Bakáev, que el pasado agosto viajó a Chechenia para asistir a la boda de su hermana y que fue secuestrado, aparentemente por funcionarios de seguridad, que lo arrastraron al interior de un coche. Bakáev, que no ha dado ninguna señal de vida, es considerado como una de las víctimas de la campaña antigay en Chechenia.

En diciembre de 2014 y en junio de 2015 en Grozni fueron incendiadas las oficinas del Comité contra las Torturas, incidentes que fueron registrados por las cámaras de seguridad. En marzo de 2016 en las lindes de Chechenia con Ingusetia fue atacado un autobús con periodistas invitados por el comité contra la Tortura. El autobús fue incendiado, los periodistas golpeados y el jefe del comité, Igor Kaliapin, desalojado violentamente de un hotel en Grozni. Kaliapin es miembro del consejo de derechos humanos adscrito al presidente de Rusia.

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