Al menos nueve sectores están en contra del nuevo Código de Sistema Penal
La Paz, ANF
Diversos sectores de la población, como los médicos, transportistas, iglesias, magisterio, cívicos, gremiales, algunas universidades públicas, gremios de periodistas y la Central Obrera Boliviana se han declarado en alerta por el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, porque consideran que la norma vulnera sus derechos.
El pasado 23 de noviembre, los médicos fueron los primeros en ingresar en un paro indefinido de actividades, principalmente en contra del artículo 205 del Código, que sanciona la mala práctica profesional. Sin embargo, la semana pasada el presidente Evo Morales anunció su derogación y la medida de presión continúa hasta la fecha.
Luego otros sectores se sumaron a las expresiones de rechazo del nuevo Código Penal, como la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón (a través de la Federación Universitaria Local) y el transporte pesado, que esta mañana inició con el anunciado bloqueo indefinido de carreteras.
Inicialmente, los transportistas se oponían al artículo 137, que establece sanciones en casos de hechos de tránsito, pero después de que Morales también informó que será derogado, ahora su dirigencia pide la abrogación total del Código.
Asimismo, el magisterio urbano se encuentra en movilizaciones e incluso algunos profesores mantienen piquetes de huelga de hambre desde hace varios días. Este sector cuestiona los artículos 293 y 294 por considerar que “penaliza la protesta”. Pero el Presidente informó que ambos artículos serán analizados y posiblemente modificados.
La Iglesia Católica y las congregaciones evangélicas se encuentran susceptibles por el artículo 88 del Código, que establece sanciones por la trata de personas y en uno de sus puntos menciona a “organizaciones religiosas o de culto”.
La asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Susana Inch, explicó a ANF que un Código, que determina sanciones, debe ser absolutamente claro.
Remarcó que el conjunto del nuevo Código está planteando ambigüedades que pueden afectar derechos fundamentales de las personas.
Los gremios de los periodistas se declararon estado de emergen porque creen que mediante la nueva normativa se intenta vulnerar el secreto de fuente y la libre expresión en redes sociales.
Cuestionan los artículos 309, 310 y 311 referidos a la injuria, calumnia y difamación, además del artículo 195, sobre los delitos contra la libertad de expresión y de prensa.
Los gremiales también empezaron este lunes con sus marchas de protesta en contra de los artículos 174 de defraudación tributaria y el 175 de defraudación aduanera.
Ciro Añez, presidente de la Academia Boliviana de Derecho Penal, Económico y Empresarial, señaló que “el gran problema es la falta de calidad institucional y normas ambiguas sujetas a la subjetividad del juzgador y eso lo vuelve peligroso”.
Los cívicos, asimismo, ultiman detalles de otras movilizaciones para esta semana, principalmente en Potosí y Santa Cruz.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Mitma, informó que el próximo miércoles se realizará un paro de 24 de horas a nivel nacional y a partir de esa primera medida, se asumirán nuevas acciones, como un posible paro indefinido.
Además, el pasado fin de semana, se creó en Cochabamba un grupo denominado Coordinadora Departamental contra el Código del Sistema Penal, con la participación de varias plataformas como el Colegio Médico, la Federación de Transporte, la Federación de Comerciantes, la Federación Departamental de Juntas Vecinales, la Federación Departamental de Personas con Discapacidad, la Asociación de Jubilados y Rentistas, la Federación de Regantes, la Federación Universitaria Local de la UMSS, el Control Social y la Asociación de Ingenieros Emérito.
El presidente Evo Morales denunció que hay un intento de desestabilización de su Gobierno con el argumento de la abrogación del nuevo Código de Sistema Penal y anunció que asumirá acciones legales para que se vuelva a restablecer la atención médica en los hospitales del país.
