Ministra advierte que médicos que renuncien no podrán optar a cargos ejecutivos

Las renuncias deben ser al ítem y no a la comisión, dijo la ministra de Salud, Ariana Campero, sobre las renuncias anunciadas por el sector.

Página Siete Digital / La Paz
La ministra de Salud, Ariana Campero, anunció la tarde de hoy que aquellos médicos que renuncien a sus cargos, enmarcados en las protestas que lleva adelante el sector en contra del artículo 205 del Código de Sistema Penal, no podrán optar a cargos ejecutivos a futuro.


La respuesta de la ministra se da ante la renuncia colectiva de varios médicos en la ciudad de El Alto y otras urbes a los cargos de jefes de unidad en centros médicos, luego de que el Gobierno promulgara la ley del Código de Sistema Penal el pasado viernes, en donde está el artículo 205 que, señalan, criminaliza su profesión.

“Vamos a hacer las consultas y los informes respectivos al Ministerio de Económica y Finanzas Públicas para que aquellos que no quieran servir al pueblo y han presentado renuncias a las direcciones respectivas, tomen sus respectivas cartas y en el futuro no se los tome en cuenta para que asuman cargos ejecutivos”, anunció Campero.

Además, indicó que las renuncias que adelantó esta mañana el sector médico deben ser al ítem y no a la comisión en que están asignados los galenos, de no ser así estarían, dijo, enmascarando su renuncia, ya que no sería real.

Para verificar esa situación, la ministra indicó que solicitará al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz un informe sobre las características de las renuncias presentadas por los médicos en las últimas horas y de comprobarse su salida del cargo, exigirá a esta dependencia de la Gobernación a que designe nuevos jefes y directores “con voluntad y compromiso de servicio al pueblo”.

Por otro lado, indicó que desplegó comisiones a diferentes centros médicos para verificar que los trabajadores en salud estén cumpliendo con su horario laboral, de no ser así, mencionó, serán despedidos, dado que la huelga fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo.

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