Gremios periodísticos se declaran en emergencia ante nueva “ley mordaza”
El proyecto de Ley de Información Responsable es una reedición de la “ley mordaza” impulsada en 1987 por el ADN, señalan dos gremios periodísticos.
Página Siete Digital / La Paz
Dos gremios periodísticos se declararon en estado de emergencia frente a la presentación del proyecto de Ley de Información Responsable presentado por el oficialismo, que busca procesar por la vía penal, civil y administrativa a los ejecutivos de los medios de comunicación por emitir información que dañe el prestigio o credibilidad de las personas.
Para la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el proyecto es una reedición de la “ley mordaza” impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta.
“El anteproyecto ‘Ley de Información Responsable’, presentado por cuatro diputados del partido de gobierno a la Asamblea Plurinacional, pretende controlar la información, regularla y someterla a penalidades, desconociendo totalmente los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta”, señala el pronunciamiento de los gremios periodísticos.
Ambas asociaciones consideran que este proyecto de ley judicializa el trabajo periodístico al proponer que las máximas autoridades ejecutivas asuman responsabilidad penal, civil o administrativa por aquella información que dañe de manera indebida “la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”.
Además ambas entidades cuestionan que el proyecto desconozca “el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística cuando propone que ‘toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna’”.
“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer: 'manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias'”, señala el pronunciamiento.
Dos gremios periodísticos se declararon en estado de emergencia frente a la presentación del proyecto de Ley de Información Responsable presentado por el oficialismo, que busca procesar por la vía penal, civil y administrativa a los ejecutivos de los medios de comunicación por emitir información que dañe el prestigio o credibilidad de las personas.
Para la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), el proyecto es una reedición de la “ley mordaza” impulsada en 1987 por militantes de Acción Democrática Nacionalista con la finalidad de eliminar la Ley de Imprenta.
“El anteproyecto ‘Ley de Información Responsable’, presentado por cuatro diputados del partido de gobierno a la Asamblea Plurinacional, pretende controlar la información, regularla y someterla a penalidades, desconociendo totalmente los tribunales de imprenta y la misma Ley de Imprenta”, señala el pronunciamiento de los gremios periodísticos.
Ambas asociaciones consideran que este proyecto de ley judicializa el trabajo periodístico al proponer que las máximas autoridades ejecutivas asuman responsabilidad penal, civil o administrativa por aquella información que dañe de manera indebida “la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”.
Además ambas entidades cuestionan que el proyecto desconozca “el carácter analítico e interpretativo de la labor periodística cuando propone que ‘toda información producida, obtenida de manera lícita debe ser publicada sin modificación alguna’”.
“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer: 'manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias'”, señala el pronunciamiento.
