El Gobierno de May debate dividido la transición con la UE
Londres pretende ir desengarzándose progresivamente de la normativa comunitaria para forjar sus propios pactos comerciales con otros países
Patricia Tubella
Londres, El País
Reunido por primera vez para debatir la futura relación comercial del Reino Unido con la UE una vez consumado el divorcio, el dividido Gobierno de Theresa May ha consensuado este martes la consigna de una “divergencia gradual”, que alinearía a los británicos con las reglas de la UE pero sólo en un periodo de transición hasta que se logre un acuerdo bilateral definitivo. A partir de ahí, Londres pretende ir desengarzándose progresivamente de la normativa comunitaria para forjar sus propios pactos comerciales con otros países. En otras palabras, que la apuesta por un arranque en términos suaves de la salida de Europa no descarte la consecución final de un Brexit duro.
El encuentro de apenas hora y media entre la primera ministra británica y los diez miembros clave del bautizado por la prensa como “gabinete de guerra” ha desgranado las posiciones encontradas entre los defensores de concesiones a Bruselas para garantizar el acceso al mercado único y quienes defienden la autonomía política del Reino Unido frente a cualquier otra consideración. Aunque se trate de la City de Londres y de su clamor para que el Gobierno May preserve el “pasaporte europeo” al sector de servicios financieros, esencial en el devenir económico del país .
Ministros que en su día defendieron la permanencia británica en la UE, encabezados por los responsables de Economía, Philip Hamond, y de Interior, Amber Rudd, han planteado en la reunión con May una opción similar -aunque con importantes matices- a la de Noruega, que como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio disfruta de los beneficios económicos del mercado único comunitario. Modificar la libertad de movimientos que incluye el trueque sería el punto tan sensible y difícil a negociar con Bruselas.
En el bando de los brexiters más irascibles, que detentan las importante carteras de Exteriores (Boris Johnson), Comercio (Liam Fox) o Defensa (Gavin Williamson), se favorece un acuerdo clásico de libre comercio como el recientemente cerrado entre la UE y Canadá, centrado en la reducción de aranceles y libre del constreñimiento político que a su entender implican las reglas del mercado único de la UE.
Theresa May parece no haberse decantado definitivamente entre esas sensibilidades tories tan dispares, ella misma alienada con su antecesor, David Cameron, a la hora de pedir el voto a favor de seguir anclados en Europa en el referéndum de hace año y medio, para luego luego reciclarse en la primera ministra que sentenció si ambages que “Bexit significa Brexit”.
El desenlace de la reunión del “gabinete de guerra” ha buscado presentar un frente común británico ante la segunda ronda de negociaciones con Bruselas (sin fecha, aunque se presume que arrancarán en marzo del 2018), una vez superados en una primera fase los puntos calientes de la factura del divorcio: la factura a pagar por el Reino Unido tras el divorcio, la situación de los ciudadanos comunitarios que residen y trabajan en el Reino Unido (y a la inversa, la de los británicos ciudadanos del espacio comunitario) y la frontera con Irlanda.
La cuestión comercial que centra la segunda fase negociadora es tan inherente al ADN británico que al final ha conseguido imponer en el seno del nada monolítico Gobierno británico la batalla unánime por “un acuerdo a la medida (de los intereses del Reino Unido”). La premisa de esa “divergencia gradual” que da por sentado que el Reino Unido y su City de Londres acabarán beneficiándose de lo mejor del mercado único, pero sin concesiones a la libertad de movimientos, colisiona con las recientes puntualizaciones del máximo negociador europeo, Michel Barnier.
“No conozco ningún acuerdo comercial que incluya una apertura de los servicios financieros”, subrayaba Barnier en las horas previas de la reunión del gabinete de May. La respuesta de la primer ministra a través de un portavoz, recordando que su gobierno apuesta por una “ambicioso acuerdo y hecho a medida (de las necesidades del Reino Unido”), auguura una nueva y larga partida de póker entre la Europa unida y el miembro díscolo que ha decidido abanonarla pero que quiere quedarse todos los regalos.
Londres, El País
Reunido por primera vez para debatir la futura relación comercial del Reino Unido con la UE una vez consumado el divorcio, el dividido Gobierno de Theresa May ha consensuado este martes la consigna de una “divergencia gradual”, que alinearía a los británicos con las reglas de la UE pero sólo en un periodo de transición hasta que se logre un acuerdo bilateral definitivo. A partir de ahí, Londres pretende ir desengarzándose progresivamente de la normativa comunitaria para forjar sus propios pactos comerciales con otros países. En otras palabras, que la apuesta por un arranque en términos suaves de la salida de Europa no descarte la consecución final de un Brexit duro.
El encuentro de apenas hora y media entre la primera ministra británica y los diez miembros clave del bautizado por la prensa como “gabinete de guerra” ha desgranado las posiciones encontradas entre los defensores de concesiones a Bruselas para garantizar el acceso al mercado único y quienes defienden la autonomía política del Reino Unido frente a cualquier otra consideración. Aunque se trate de la City de Londres y de su clamor para que el Gobierno May preserve el “pasaporte europeo” al sector de servicios financieros, esencial en el devenir económico del país .
Ministros que en su día defendieron la permanencia británica en la UE, encabezados por los responsables de Economía, Philip Hamond, y de Interior, Amber Rudd, han planteado en la reunión con May una opción similar -aunque con importantes matices- a la de Noruega, que como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio disfruta de los beneficios económicos del mercado único comunitario. Modificar la libertad de movimientos que incluye el trueque sería el punto tan sensible y difícil a negociar con Bruselas.
En el bando de los brexiters más irascibles, que detentan las importante carteras de Exteriores (Boris Johnson), Comercio (Liam Fox) o Defensa (Gavin Williamson), se favorece un acuerdo clásico de libre comercio como el recientemente cerrado entre la UE y Canadá, centrado en la reducción de aranceles y libre del constreñimiento político que a su entender implican las reglas del mercado único de la UE.
Theresa May parece no haberse decantado definitivamente entre esas sensibilidades tories tan dispares, ella misma alienada con su antecesor, David Cameron, a la hora de pedir el voto a favor de seguir anclados en Europa en el referéndum de hace año y medio, para luego luego reciclarse en la primera ministra que sentenció si ambages que “Bexit significa Brexit”.
El desenlace de la reunión del “gabinete de guerra” ha buscado presentar un frente común británico ante la segunda ronda de negociaciones con Bruselas (sin fecha, aunque se presume que arrancarán en marzo del 2018), una vez superados en una primera fase los puntos calientes de la factura del divorcio: la factura a pagar por el Reino Unido tras el divorcio, la situación de los ciudadanos comunitarios que residen y trabajan en el Reino Unido (y a la inversa, la de los británicos ciudadanos del espacio comunitario) y la frontera con Irlanda.
La cuestión comercial que centra la segunda fase negociadora es tan inherente al ADN británico que al final ha conseguido imponer en el seno del nada monolítico Gobierno británico la batalla unánime por “un acuerdo a la medida (de los intereses del Reino Unido”). La premisa de esa “divergencia gradual” que da por sentado que el Reino Unido y su City de Londres acabarán beneficiándose de lo mejor del mercado único, pero sin concesiones a la libertad de movimientos, colisiona con las recientes puntualizaciones del máximo negociador europeo, Michel Barnier.
“No conozco ningún acuerdo comercial que incluya una apertura de los servicios financieros”, subrayaba Barnier en las horas previas de la reunión del gabinete de May. La respuesta de la primer ministra a través de un portavoz, recordando que su gobierno apuesta por una “ambicioso acuerdo y hecho a medida (de las necesidades del Reino Unido”), auguura una nueva y larga partida de póker entre la Europa unida y el miembro díscolo que ha decidido abanonarla pero que quiere quedarse todos los regalos.
