¿Ahora nos quedamos sin Constitución?
RAFAEL-PUENTE
La reciente resolución del Tribunal Constitucional, que declara inaplicables varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para viabilizar la reelección indefinida del presidente Evo Morales —y de cualquier autoridad— en realidad viene a dejarnos sin Constitución. Porque la importancia y valor de nuestra actual Constitución se basa en que fue elaborada por una Asamblea Constituyente totalmente legítima y representativa, y fue aprobada por la sociedad civil, a través de un referendo absolutamente legítimo. Y quedaba clarísimo que cualquier modificación tendría que ser aprobada por un referendo igualmente legítimo. De hecho, cuando se propuso su modificación el 21 de febrero del año pasado, la mayoría de la población expresó su desacuerdo con esa modificación.
Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, que fue elegido para controlar que toda normativa se sujete a la Constitución vigente, se siente autorizado a pasar por encima del texto constitucional (en lugar de defenderlo). Por tanto, en los hechos la Constitución deja de ser tal, deja de ser la ley de leyes, deja de ser una garantía para el funcionamiento de un nuevo modelo de Estado y, en consecuencia, deja de tener sentido. Un hecho doblemente triste cuando se trata de una Constitución que en su momento expertos internacionales calificaron como la más avanzada y atrevida del planeta…
Se trata de un precedente nefasto: resulta que la CPE es relativa y depende de un Tribunal que más bien debería someterse a ella (sin contar con que se trata de un tribunal sumiso y nada representativo, cuyos miembros fueron elegidos por apenas el 6% de los votos ciudadanos).
Y el pretexto que inventaron algunos asambleístas —el llamado Pacto de San José de Costa Rica— es todavía más vergonzoso y nos deja internacionalmente en ridículo, ya que los artículos del mismo en que el tribunal pretende apoyarse no se refieren para nada a los derechos de los gobernantes, sino a los derechos de los ciudadanos. ¡Para colmo dicho Pacto establece que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede haber reelección!
Según el presidente del Instituto de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Perú dicho Pacto no permite la reelección indefinida y, en todo caso, los parlamentarios bolivianos tenían que haber acudido a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos (y no a ese sumiso e ilegítimo Tribunal Constitucional).
Y conste que personalmente no encuentro ningún otro candidato digno de ser elegido el año 2019.
Pero no se trata de eso, de lo que se trata en primer lugar es de ser consecuentes con el texto constitucional vigente y, en segundo lugar, de no caer en el endiosamiento de nadie, y de disminuir el peligro —siempre presente— de intoxicación del poder.
Al respecto podríamos citar a diferentes investigadores que coinciden con el historiador Henry Adams cuando hablaba del poder como “un tipo de tumor que termina matando la empatía de la víctima”; o también a Dacher Keltner, profesor de psicología en la Universidad de Berkley que, después de años de experimentos de campo y de laboratorio, detectó que los sujetos que están bajo la influencia del poder actúan “como si hubieran sufrido un trauma cerebral severo (se vuelven más impulsivos, se dan menos cuenta del riesgo y, crucialmente, menos adeptos a ver las cosas desde el punto de vista de otras personas)”.
Parece que estamos entrando a una etapa crítica e insegura de nuestra historia política, una etapa en la que —tras haber liquidado las consignas del Vivir Bien, de priorizar los derechos de la Madre Tierra, del Estado Plurinacional, Participativo, Transparente, etcétera— ahora pasamos por encima de la soberanía de la Constitución y sentamos las bases para que eso se repita cada vez que al Gobierno le convenga.
Y, precisamente, quienes valoramos los grandes cambios que trajo consigo la llegada de Evo a la Presidencia —y lamentamos las crecientes inconsecuencias que empezaron a manifestarse desde abril del 2010— deseamos que Evo baje a las bases, vuelva a la realidad y se libere de las toxinas del poder (y de las mallas de llunk’erío que lo asfixian). ¡Ajina kachun!
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
La reciente resolución del Tribunal Constitucional, que declara inaplicables varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) para viabilizar la reelección indefinida del presidente Evo Morales —y de cualquier autoridad— en realidad viene a dejarnos sin Constitución. Porque la importancia y valor de nuestra actual Constitución se basa en que fue elaborada por una Asamblea Constituyente totalmente legítima y representativa, y fue aprobada por la sociedad civil, a través de un referendo absolutamente legítimo. Y quedaba clarísimo que cualquier modificación tendría que ser aprobada por un referendo igualmente legítimo. De hecho, cuando se propuso su modificación el 21 de febrero del año pasado, la mayoría de la población expresó su desacuerdo con esa modificación.
Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, que fue elegido para controlar que toda normativa se sujete a la Constitución vigente, se siente autorizado a pasar por encima del texto constitucional (en lugar de defenderlo). Por tanto, en los hechos la Constitución deja de ser tal, deja de ser la ley de leyes, deja de ser una garantía para el funcionamiento de un nuevo modelo de Estado y, en consecuencia, deja de tener sentido. Un hecho doblemente triste cuando se trata de una Constitución que en su momento expertos internacionales calificaron como la más avanzada y atrevida del planeta…
Se trata de un precedente nefasto: resulta que la CPE es relativa y depende de un Tribunal que más bien debería someterse a ella (sin contar con que se trata de un tribunal sumiso y nada representativo, cuyos miembros fueron elegidos por apenas el 6% de los votos ciudadanos).
Y el pretexto que inventaron algunos asambleístas —el llamado Pacto de San José de Costa Rica— es todavía más vergonzoso y nos deja internacionalmente en ridículo, ya que los artículos del mismo en que el tribunal pretende apoyarse no se refieren para nada a los derechos de los gobernantes, sino a los derechos de los ciudadanos. ¡Para colmo dicho Pacto establece que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede haber reelección!
Según el presidente del Instituto de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Perú dicho Pacto no permite la reelección indefinida y, en todo caso, los parlamentarios bolivianos tenían que haber acudido a la Corte Interamericana y a la Comisión de Derechos Humanos (y no a ese sumiso e ilegítimo Tribunal Constitucional).
Y conste que personalmente no encuentro ningún otro candidato digno de ser elegido el año 2019.
Pero no se trata de eso, de lo que se trata en primer lugar es de ser consecuentes con el texto constitucional vigente y, en segundo lugar, de no caer en el endiosamiento de nadie, y de disminuir el peligro —siempre presente— de intoxicación del poder.
Al respecto podríamos citar a diferentes investigadores que coinciden con el historiador Henry Adams cuando hablaba del poder como “un tipo de tumor que termina matando la empatía de la víctima”; o también a Dacher Keltner, profesor de psicología en la Universidad de Berkley que, después de años de experimentos de campo y de laboratorio, detectó que los sujetos que están bajo la influencia del poder actúan “como si hubieran sufrido un trauma cerebral severo (se vuelven más impulsivos, se dan menos cuenta del riesgo y, crucialmente, menos adeptos a ver las cosas desde el punto de vista de otras personas)”.
Parece que estamos entrando a una etapa crítica e insegura de nuestra historia política, una etapa en la que —tras haber liquidado las consignas del Vivir Bien, de priorizar los derechos de la Madre Tierra, del Estado Plurinacional, Participativo, Transparente, etcétera— ahora pasamos por encima de la soberanía de la Constitución y sentamos las bases para que eso se repita cada vez que al Gobierno le convenga.
Y, precisamente, quienes valoramos los grandes cambios que trajo consigo la llegada de Evo a la Presidencia —y lamentamos las crecientes inconsecuencias que empezaron a manifestarse desde abril del 2010— deseamos que Evo baje a las bases, vuelva a la realidad y se libere de las toxinas del poder (y de las mallas de llunk’erío que lo asfixian). ¡Ajina kachun!
Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.