Puigdemont da plantón a la justicia
En caso de que Puigdemont no se presente en la Audiencia Nacional, lo más probable es que la juez instructora acabe emitiendo una orden europea de detención contra él
Claudi Pérez
Gante, El País
Los abogados de Carles Puigdemont anunciaron ayer que el expresident ignorará la citación de la Audiencia Nacional y no viajará hoy a España para declarar ante la juez Carmen Lamela. El Govern destituido difundió horas después un comunicado en el que ratificó que ni Puigdemont ni los cuatro exconsejeros que siguen con él en Bruselas acudirán a declarar y calificaron la causa de “política” y “sin fundamento jurídico”. El expresident viajó el lunes a Bruselas para explorar la posibilidad de pedir asilo, extremo que descarta por el momento, y preparar una estrategia procesal encaminada a obstaculizar la querella de la Fiscalía por rebelión. Cuatro de sus exconsejeros seguirán la misma estrategia, que podría encanallar las elecciones si al final se producen detenciones cerca del 21-D.
"El gato sigue en el árbol”. Hace tiempo que el soberanismo apela a la metafísica de la historia. Sus abogados acudieron ayer a la fabricación de metáforas como la del árbol y el gato para conseguir una explicación literaria de la estrategia jurídica —que es también estrategia política— de Puigdemont. El expresidente catalán llegó el lunes a Bruselas tras un sorprendente viaje del que se sabe poco o nada. Anteayer dio una tumultuosa rueda de prensa cuidadosamente diseñada por su defensa para internacionalizar el caso.
Y se mantiene agazapado en Bruselas, pero ayer mandó a sus heraldos a telegrafiar a la prensa internacional que no acudirá a la Audiencia a declarar por las acusaciones de rebelión, sedición y malversación que pesan sobre él.
“Puigdemont no tiene intención de presentarse el jueves [por hoy] ante la justicia española. Está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español. Así que de momento, por así decirlo, el gato sigue en el árbol”, dijo Paul Bekaert, su abogado belga, a la cadena holandesa NOS. Bekaert tiene un enorme prestigio en círculos jurídicos belgas, entre otras cosas por haber logrado impedir la extradición de etarras como Natividad Jauregi.
Ese parece su plan también esta vez. Bekaert, cuyo despacho se encuentra en Tielt —cerca de Gante, al oeste del país—, propuso que Puigdemont sea interrogado en Bélgica. “Le he sugerido que le hagan las preguntas aquí: es posible legalmente”, dijo a la agencia AP. El equipo de Puigdemont sugiere que podría organizarse una videoconferencia, tal como solicitó Mariano Rajoy cuando fue citado como testigo en el caso Gürtel. El juez denegó esa posibilidad al presidente del Gobierno y es probable que la juez Lamela repita tal negativa con Puigdemont. Da igual: el objetivo confeso de los abogados del expresidente es “esperar y ver”, alargar todo el proceso. Los cuatro exconsejeros que le arropan en Bélgica en lo que han querido presentar como una Generalitat en el exilio —Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret— piden también declarar en Bélgica. Con la misma meta: retrasar los plazos y acercarse al máximo a las elecciones del 21-D con todas las opciones abiertas para la mitad del Govern autoproclamado “legítimo” y huido a Bruselas.
“He llevado muchos casos de españoles-vascos [en referencia a etarras] y ha habido casos en los que prestaron declaración ante la policía local. No hay una ley que diga que alguien puede ser privado de su libertad si no acude a una citación judicial”, sostuvo Bekaert. Si Puigdemont volviera a España “hay muchas probabilidades de que lo detengan”, dijo. “Hemos decidido no presentar una solicitud de asilo”, a la vista de que el Gobierno belga se muestra muy poco receptivo. “Pero lucharemos contra cualquier orden de extradición”, añadió el letrado, que para ello alegará la vulneración de derechos fundamentales.
Ese es ahora el quid de la cuestión: una posible orden de extradición que podría tardar hasta 60 días, prácticamente el mismo tiempo que falta hasta los comicios catalanes de diciembre.
Puigdemont ha preferido no anunciar personalmente esa estrategia. A pesar de la expectación, no ha vuelto a aparecer después de su comparecencia del martes, en la que solo aceptó cinco preguntas. El exmandatario sí hizo una incursión en las redes para recordar que ayer se cumplía un mes desde el 1-O. “Pese a la violencia y las amenazas pasadas y presentes, seguimos trabajando”, escribió. Su equipo envió a última hora de la tarde un comunicado en el que enmarcó las citaciones en un “juicio político sin fundamento jurídico”, por “la desproporción de las penas reclamadas por el fiscal, que equivalen a delitos como el asesinato o el terrorismo”. El Govern aduce que los consejeros y el presidente que siguen en Bruselas “en ningún caso quieren eludir la justicia”. “Recibimos las penas de prisión que nos esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo”, cierra un texto cargado de épica.
En Bruselas, el presidente cesado está arropado por los cuatro exconsejeros y los eurodiputados Ramon Tremosa y Josep Maria Terricabras, y ha mantenido solo contactos informales con los nacionalistas flamencos de la N-VA, con serios problemas en la coalición del Gobierno federal. El expresident “tiene intención de quedarse una temporada en Bruselas, dependiendo de cómo evolucionen las cosas”, apuntó el republicano Terricabras a Efe. Sobre su declaración ante la Audiencia, repitió la fórmula de los abogados: “Puede hacerlo en Bélgica”.
El problema de esa estrategia de demorar el caso, internacionalizar la defensa y convertir a Puigdemont en una especie de mártir judicial es que hay casi una docena de exconsejeros y varios miembros de la Mesa del Parlament que sí van a declarar, y pueden acabar con sus huesos en prisión por riesgo de fuga.
Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa por el grupo Catalunya Sí que es Pot, calificó de “irresponsabilidad” la negativa a presentarse ante la juez. “Esa actitud puede hacer que las personas citadas acaben en prisión preventiva, porque se está demostrando de alguna forma que escaparse es posible”, dijo. “Cuando la justicia te cita debes dar la cara”, reprochó a Puigdemont, en una cita que recuerda a la del vicepresidente belga Kris Peeters: “Cuando declaras la independencia, lo mejor es permanecer junto a tu pueblo”.
Reducir la presión
El Gobierno español optó por aplicar el artículo 155 de la Constitución en una fórmula de baja intensidad, aunque la querella de la Fiscalía apunta a delitos castigados con hasta 30 años de cárcel y fija cuantiosas fianzas. Con su huida a Bélgica, Puigdemont pone ahí el énfasis: es muy improbable que se reconozca internacionalmente la independencia, pero el expresidente espera que vayan surgiendo apoyos para reducir la presión judicial. La imagen internacional de España está lastrada en ocasiones por los tópicos que se encarga de subrayar a la menor oportunidad el exdirigente catalán. Por eso, frente a las críticas de algunos de los citados por la negativa del expresidente a declarar, fuentes jurídicas apuntan que con esa estrategia Puigdemont podría estar protegiendo a quienes acudan a la Audiencia Nacional: si van a prisión, él contraatacaría acusando al Gobierno de encarcelar a políticos por sus ideas.
Judicializado el procés y convertido en una suerte de circo global, de momento lo único realmente destacable es aquello de que “el gato sigue en el árbol”: Puigdemont se queda en Bruselas por un tiempo indefinido. Sus principales relaciones en el país centroeuropeo son chocantes. Dos datos como coda final: sus protectores en Bélgica, la N-VA, limitan con la extrema derecha en asuntos como la migración; sus abogados defendieron con éxito en el pasado a presos etarras.
Gante, El País
Los abogados de Carles Puigdemont anunciaron ayer que el expresident ignorará la citación de la Audiencia Nacional y no viajará hoy a España para declarar ante la juez Carmen Lamela. El Govern destituido difundió horas después un comunicado en el que ratificó que ni Puigdemont ni los cuatro exconsejeros que siguen con él en Bruselas acudirán a declarar y calificaron la causa de “política” y “sin fundamento jurídico”. El expresident viajó el lunes a Bruselas para explorar la posibilidad de pedir asilo, extremo que descarta por el momento, y preparar una estrategia procesal encaminada a obstaculizar la querella de la Fiscalía por rebelión. Cuatro de sus exconsejeros seguirán la misma estrategia, que podría encanallar las elecciones si al final se producen detenciones cerca del 21-D.
"El gato sigue en el árbol”. Hace tiempo que el soberanismo apela a la metafísica de la historia. Sus abogados acudieron ayer a la fabricación de metáforas como la del árbol y el gato para conseguir una explicación literaria de la estrategia jurídica —que es también estrategia política— de Puigdemont. El expresidente catalán llegó el lunes a Bruselas tras un sorprendente viaje del que se sabe poco o nada. Anteayer dio una tumultuosa rueda de prensa cuidadosamente diseñada por su defensa para internacionalizar el caso.
Y se mantiene agazapado en Bruselas, pero ayer mandó a sus heraldos a telegrafiar a la prensa internacional que no acudirá a la Audiencia a declarar por las acusaciones de rebelión, sedición y malversación que pesan sobre él.
“Puigdemont no tiene intención de presentarse el jueves [por hoy] ante la justicia española. Está esperando a ver cuál es la reacción del Estado español. Así que de momento, por así decirlo, el gato sigue en el árbol”, dijo Paul Bekaert, su abogado belga, a la cadena holandesa NOS. Bekaert tiene un enorme prestigio en círculos jurídicos belgas, entre otras cosas por haber logrado impedir la extradición de etarras como Natividad Jauregi.
Ese parece su plan también esta vez. Bekaert, cuyo despacho se encuentra en Tielt —cerca de Gante, al oeste del país—, propuso que Puigdemont sea interrogado en Bélgica. “Le he sugerido que le hagan las preguntas aquí: es posible legalmente”, dijo a la agencia AP. El equipo de Puigdemont sugiere que podría organizarse una videoconferencia, tal como solicitó Mariano Rajoy cuando fue citado como testigo en el caso Gürtel. El juez denegó esa posibilidad al presidente del Gobierno y es probable que la juez Lamela repita tal negativa con Puigdemont. Da igual: el objetivo confeso de los abogados del expresidente es “esperar y ver”, alargar todo el proceso. Los cuatro exconsejeros que le arropan en Bélgica en lo que han querido presentar como una Generalitat en el exilio —Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret— piden también declarar en Bélgica. Con la misma meta: retrasar los plazos y acercarse al máximo a las elecciones del 21-D con todas las opciones abiertas para la mitad del Govern autoproclamado “legítimo” y huido a Bruselas.
“He llevado muchos casos de españoles-vascos [en referencia a etarras] y ha habido casos en los que prestaron declaración ante la policía local. No hay una ley que diga que alguien puede ser privado de su libertad si no acude a una citación judicial”, sostuvo Bekaert. Si Puigdemont volviera a España “hay muchas probabilidades de que lo detengan”, dijo. “Hemos decidido no presentar una solicitud de asilo”, a la vista de que el Gobierno belga se muestra muy poco receptivo. “Pero lucharemos contra cualquier orden de extradición”, añadió el letrado, que para ello alegará la vulneración de derechos fundamentales.
Ese es ahora el quid de la cuestión: una posible orden de extradición que podría tardar hasta 60 días, prácticamente el mismo tiempo que falta hasta los comicios catalanes de diciembre.
Puigdemont ha preferido no anunciar personalmente esa estrategia. A pesar de la expectación, no ha vuelto a aparecer después de su comparecencia del martes, en la que solo aceptó cinco preguntas. El exmandatario sí hizo una incursión en las redes para recordar que ayer se cumplía un mes desde el 1-O. “Pese a la violencia y las amenazas pasadas y presentes, seguimos trabajando”, escribió. Su equipo envió a última hora de la tarde un comunicado en el que enmarcó las citaciones en un “juicio político sin fundamento jurídico”, por “la desproporción de las penas reclamadas por el fiscal, que equivalen a delitos como el asesinato o el terrorismo”. El Govern aduce que los consejeros y el presidente que siguen en Bruselas “en ningún caso quieren eludir la justicia”. “Recibimos las penas de prisión que nos esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo”, cierra un texto cargado de épica.
En Bruselas, el presidente cesado está arropado por los cuatro exconsejeros y los eurodiputados Ramon Tremosa y Josep Maria Terricabras, y ha mantenido solo contactos informales con los nacionalistas flamencos de la N-VA, con serios problemas en la coalición del Gobierno federal. El expresident “tiene intención de quedarse una temporada en Bruselas, dependiendo de cómo evolucionen las cosas”, apuntó el republicano Terricabras a Efe. Sobre su declaración ante la Audiencia, repitió la fórmula de los abogados: “Puede hacerlo en Bélgica”.
El problema de esa estrategia de demorar el caso, internacionalizar la defensa y convertir a Puigdemont en una especie de mártir judicial es que hay casi una docena de exconsejeros y varios miembros de la Mesa del Parlament que sí van a declarar, y pueden acabar con sus huesos en prisión por riesgo de fuga.
Joan Josep Nuet, miembro de la Mesa por el grupo Catalunya Sí que es Pot, calificó de “irresponsabilidad” la negativa a presentarse ante la juez. “Esa actitud puede hacer que las personas citadas acaben en prisión preventiva, porque se está demostrando de alguna forma que escaparse es posible”, dijo. “Cuando la justicia te cita debes dar la cara”, reprochó a Puigdemont, en una cita que recuerda a la del vicepresidente belga Kris Peeters: “Cuando declaras la independencia, lo mejor es permanecer junto a tu pueblo”.
Reducir la presión
El Gobierno español optó por aplicar el artículo 155 de la Constitución en una fórmula de baja intensidad, aunque la querella de la Fiscalía apunta a delitos castigados con hasta 30 años de cárcel y fija cuantiosas fianzas. Con su huida a Bélgica, Puigdemont pone ahí el énfasis: es muy improbable que se reconozca internacionalmente la independencia, pero el expresidente espera que vayan surgiendo apoyos para reducir la presión judicial. La imagen internacional de España está lastrada en ocasiones por los tópicos que se encarga de subrayar a la menor oportunidad el exdirigente catalán. Por eso, frente a las críticas de algunos de los citados por la negativa del expresidente a declarar, fuentes jurídicas apuntan que con esa estrategia Puigdemont podría estar protegiendo a quienes acudan a la Audiencia Nacional: si van a prisión, él contraatacaría acusando al Gobierno de encarcelar a políticos por sus ideas.
Judicializado el procés y convertido en una suerte de circo global, de momento lo único realmente destacable es aquello de que “el gato sigue en el árbol”: Puigdemont se queda en Bruselas por un tiempo indefinido. Sus principales relaciones en el país centroeuropeo son chocantes. Dos datos como coda final: sus protectores en Bélgica, la N-VA, limitan con la extrema derecha en asuntos como la migración; sus abogados defendieron con éxito en el pasado a presos etarras.
