La UE adopta sanciones contra Venezuela para “favorecer” el diálogo
EEUU, AFP
Los cancilleres de la Unión Europea adoptaron este lunes una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra los “responsables de graves violaciones de los derechos humanos”, con el objetivo de “favorecer” el diálogo en Venezuela.
“El Consejo (de la UE) decidió por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, indicó esta institución europea en un comunicado, minutos después del inicio de la reunión de cancilleres en Bruselas.
Las medidas contemplan un “embargo de armas y material relacionado que podría usarse para la represión interna, así como un marco legal para la prohibición de viajar y la congelación de activos” para responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, precisó esta fuente.
Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Pero la instalación de la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía al estudio de sanciones.
“Todo lo que hacemos está orientado a incentivar a la celebración del diálogo entre el gobierno y la oposición”, indicó el canciller español Alfonso Dastis a su llegada al encuentro.
En declaraciones a la AFP, la embajadora venezolana ante la UE, Claudia Salerno, cuestionó el fin de semana el alcance de estas sanciones “etéreas”, ya que Venezuela “no tiene dependencia” de las armas o el material electrónico susceptible de ser utilizado para reprimir internamente.
La UE se suma así a Canadá y Estados Unidos en la adopción de sanciones, si bien las de Washington fueron más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA, en un momento en que el país se encuentra al borde default.
Los cancilleres de la Unión Europea adoptaron este lunes una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre futuras sanciones contra los “responsables de graves violaciones de los derechos humanos”, con el objetivo de “favorecer” el diálogo en Venezuela.
“El Consejo (de la UE) decidió por unanimidad adoptar medidas restrictivas, subrayando su preocupación por la situación en el país”, indicó esta institución europea en un comunicado, minutos después del inicio de la reunión de cancilleres en Bruselas.
Las medidas contemplan un “embargo de armas y material relacionado que podría usarse para la represión interna, así como un marco legal para la prohibición de viajar y la congelación de activos” para responsables de las violaciones de derechos humanos en el país, precisó esta fuente.
Desde el inicio en abril de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos en cuatro meses, varios dirigentes europeos, entre ellos el presidente de la Eurocámara Antonio Tajani, urgieron a la UE a adoptar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Pero la instalación de la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos desde agosto y que tanto la oposición como países de América y Europa desconocen, supuso la gota que colmó el vaso de una UE que abrió la vía al estudio de sanciones.
“Todo lo que hacemos está orientado a incentivar a la celebración del diálogo entre el gobierno y la oposición”, indicó el canciller español Alfonso Dastis a su llegada al encuentro.
En declaraciones a la AFP, la embajadora venezolana ante la UE, Claudia Salerno, cuestionó el fin de semana el alcance de estas sanciones “etéreas”, ya que Venezuela “no tiene dependencia” de las armas o el material electrónico susceptible de ser utilizado para reprimir internamente.
La UE se suma así a Canadá y Estados Unidos en la adopción de sanciones, si bien las de Washington fueron más allá, al prohibir a sus ciudadanos y empresas negociar deuda emitida por el gobierno venezolano y su estatal petrolera PDVSA, en un momento en que el país se encuentra al borde default.