La trastienda de la ‘Operación Bruselas’
Un jurista elaboró un documento sobre las mejores opciones para una salida de Puigdemont al extranjero
Óscar López-Fonseca
Madrid, El País
La salida de España de Carles Puigdemont fue algo tan precipitado como estudiado. Todo se decidió en cuestión de poco más de un día, pero también con un informe sobre la mesa en el que se detallaba al expresidente de la Generalitat cuáles eran las mejores opciones para refugiarse en Europa si —como finalmente hizo— decidía abandonar el país. Ese documento fue elaborado por un jurista entre el sábado 28 y el domingo 29 de octubre a petición de uno de los entonces ya consejeros cesados del Govern. En él se proponía como posibles destinos Reino Unido, Alemania, Bélgica y Holanda al considerar el autor del documento a todos estos estados de la Unión Europea como los más favorables a priori para iniciar una batalla legal. El informe también recogía los pros y los contras de cada uno de ellos, según revelan a EL PAÍS fuentes conocedoras de su elaboración y contenido.
El documento señalaba al Reino Unido como el menos favorable sobre el papel. Se destacaba que al no estar incluido en el espacio Schengen —que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países de la UE acogidos al mismo, entre ellos España— obligaría a Puigdemont a identificarse al llegar a la frontera. Además, su condición de isla impedía desplazarse hasta allí por carretera, una de las opciones que se barajó desde el principio para la huida. Sobre Alemania, el informe ponía especial énfasis en la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado 13 de octubre de no extraditar al escritor turco-alemán Dogan Akhanli, al que reclamaba Ankara. El documento apuntaba el riesgo de que el Gobierno de Ángela Merkel pudiera devolver el favor a Madrid acelerando los plazos de una entrega de los políticos catalanes si se refugiaban en el país centroeuropeo.
Por ello, el documento reducía finalmente las opciones más viables a Holanda y Bélgica, a los cuales señalaba como opciones prácticamente similares desde el punto de vista legal dada su tradición de acogida. Sólo apuntaba un detalle que finalmente terminó por decantar la balanza en favor de Bruselas: "razones políticas". El autor del informe no era más explícito, pero sugería la existencia de una comunidad, la flamenca, que había mostrado sus simpatías hacia el movimiento independentista catalán, lo que podía facilitar crear una imagen favorable dentro de Bélgica hacia Puigdemont y los suyos.
Según las fuentes conocedoras del informe jurídico, una copia de este fue entregada el domingo 29 de octubre al entonces ya expresidente y a los que habían sido miembros del Govern hasta la aplicación del artículo 155. Estas fuentes desconocen, sin embargo, si también lo recibió el exconsejero díscolo Santi Vila. Cada uno de ellos, junto a sus abogados, fueron los que finalmente decidieron si acompañaban al expresidente en su huida o permanecían en España a la espera de que la justicia los llamara a declarar como imputados. Ese domingo se conoció que la Fiscalía General del Estado preparaba una querella contra todos ellos por los delitos de rebelión y sedición.
Ese domingo, Puigdemont y cinco de sus exconsejeros —Antonio Comín, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Meritxell Serret y Dolors Bassa— iniciaron el viaje que les llevó por carretera hasta Marsella y, desde allí, en avión hasta Bruselas. El resto decidió en un primer momento quedarse en España, aunque en los días siguientes —y tras la presentación de la querella de la fiscalía contra ellos y la decisión de la juez Lamela de citarles a declarar—, dos de ellos —Clara Ponsatí y Lluís Puig— decidieron unirse al grupo de Bruselas. Otros dos —Forn y Bassa— decidieron en paralelo regresar para personarse en la Audiencia Nacional.
Para entonces, Puigdemont y los suyos ya habían decidido los pasos a dar a partir de ese momento. El martes 31 de octubre, antes de que la juez Lamela hubiera ordenado la citación de todos ellos como imputados, el equipo jurídico belga que les asesoraba desde su llegada —con Paul Bekaert a la cabeza— había mantenido una reunión con la Fiscalía del país europeo para mostrar su disposición a colaborar y coordinar los pasos a dar una vez que la Audiencia Nacional emitiera la más que previsible orden europea de detención.
En aquel encuentro se cuidó hasta el último detalle, incluida la hora y la comisaría en la que finalmente se presentaron Puigdemont y los cinco exconsejeros el pasado domingo. El objetivo, añaden, era evitar que ninguno pasase la noche en un centro policial o que se produjera la imagen del expresidente de la Generalitat junto a un policía. Por ello, se personaron poco después de las nueve de la mañana, para dar tiempo suficiente a que la justicia belga pudiera tomar una decisión sobre ellos esa misma mañana. Por ello, también, fueron a la comisaría de la Rue Royale, en la que una entrada trasera al edificio dificultaba que algún medio pudiera captar imágenes.
También acordaron con la fiscalía belga pedir que el proceso judicial se desarrollase íntegro en neerlandés, una maniobra con la que los abogados aspiran a retrasar el papeleo ante la mayor dificultad que supondrá previsiblemente a las autoridades españolas conseguir las traducciones de los documentos, explican las fuentes consultadas. El objetivo sigue siendo "ganar tiempo", añaden. El próximo asalto judicial será el 17 de noviembre. Ese día está previsto que se celebre la vista ante la Cámara del Consejo de Bruselas para que la justicia belga examine por primera vez la petición de entrega a España del presidente y los consejeros cesados. Su equipo jurídico trabaja en la estrategia a seguir ese día. La Operación Bruselas no ha hecho nada más que empezar.
Madrid, El País
La salida de España de Carles Puigdemont fue algo tan precipitado como estudiado. Todo se decidió en cuestión de poco más de un día, pero también con un informe sobre la mesa en el que se detallaba al expresidente de la Generalitat cuáles eran las mejores opciones para refugiarse en Europa si —como finalmente hizo— decidía abandonar el país. Ese documento fue elaborado por un jurista entre el sábado 28 y el domingo 29 de octubre a petición de uno de los entonces ya consejeros cesados del Govern. En él se proponía como posibles destinos Reino Unido, Alemania, Bélgica y Holanda al considerar el autor del documento a todos estos estados de la Unión Europea como los más favorables a priori para iniciar una batalla legal. El informe también recogía los pros y los contras de cada uno de ellos, según revelan a EL PAÍS fuentes conocedoras de su elaboración y contenido.
El documento señalaba al Reino Unido como el menos favorable sobre el papel. Se destacaba que al no estar incluido en el espacio Schengen —que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países de la UE acogidos al mismo, entre ellos España— obligaría a Puigdemont a identificarse al llegar a la frontera. Además, su condición de isla impedía desplazarse hasta allí por carretera, una de las opciones que se barajó desde el principio para la huida. Sobre Alemania, el informe ponía especial énfasis en la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado 13 de octubre de no extraditar al escritor turco-alemán Dogan Akhanli, al que reclamaba Ankara. El documento apuntaba el riesgo de que el Gobierno de Ángela Merkel pudiera devolver el favor a Madrid acelerando los plazos de una entrega de los políticos catalanes si se refugiaban en el país centroeuropeo.
Por ello, el documento reducía finalmente las opciones más viables a Holanda y Bélgica, a los cuales señalaba como opciones prácticamente similares desde el punto de vista legal dada su tradición de acogida. Sólo apuntaba un detalle que finalmente terminó por decantar la balanza en favor de Bruselas: "razones políticas". El autor del informe no era más explícito, pero sugería la existencia de una comunidad, la flamenca, que había mostrado sus simpatías hacia el movimiento independentista catalán, lo que podía facilitar crear una imagen favorable dentro de Bélgica hacia Puigdemont y los suyos.
Según las fuentes conocedoras del informe jurídico, una copia de este fue entregada el domingo 29 de octubre al entonces ya expresidente y a los que habían sido miembros del Govern hasta la aplicación del artículo 155. Estas fuentes desconocen, sin embargo, si también lo recibió el exconsejero díscolo Santi Vila. Cada uno de ellos, junto a sus abogados, fueron los que finalmente decidieron si acompañaban al expresidente en su huida o permanecían en España a la espera de que la justicia los llamara a declarar como imputados. Ese domingo se conoció que la Fiscalía General del Estado preparaba una querella contra todos ellos por los delitos de rebelión y sedición.
Ese domingo, Puigdemont y cinco de sus exconsejeros —Antonio Comín, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Meritxell Serret y Dolors Bassa— iniciaron el viaje que les llevó por carretera hasta Marsella y, desde allí, en avión hasta Bruselas. El resto decidió en un primer momento quedarse en España, aunque en los días siguientes —y tras la presentación de la querella de la fiscalía contra ellos y la decisión de la juez Lamela de citarles a declarar—, dos de ellos —Clara Ponsatí y Lluís Puig— decidieron unirse al grupo de Bruselas. Otros dos —Forn y Bassa— decidieron en paralelo regresar para personarse en la Audiencia Nacional.
Para entonces, Puigdemont y los suyos ya habían decidido los pasos a dar a partir de ese momento. El martes 31 de octubre, antes de que la juez Lamela hubiera ordenado la citación de todos ellos como imputados, el equipo jurídico belga que les asesoraba desde su llegada —con Paul Bekaert a la cabeza— había mantenido una reunión con la Fiscalía del país europeo para mostrar su disposición a colaborar y coordinar los pasos a dar una vez que la Audiencia Nacional emitiera la más que previsible orden europea de detención.
En aquel encuentro se cuidó hasta el último detalle, incluida la hora y la comisaría en la que finalmente se presentaron Puigdemont y los cinco exconsejeros el pasado domingo. El objetivo, añaden, era evitar que ninguno pasase la noche en un centro policial o que se produjera la imagen del expresidente de la Generalitat junto a un policía. Por ello, se personaron poco después de las nueve de la mañana, para dar tiempo suficiente a que la justicia belga pudiera tomar una decisión sobre ellos esa misma mañana. Por ello, también, fueron a la comisaría de la Rue Royale, en la que una entrada trasera al edificio dificultaba que algún medio pudiera captar imágenes.
También acordaron con la fiscalía belga pedir que el proceso judicial se desarrollase íntegro en neerlandés, una maniobra con la que los abogados aspiran a retrasar el papeleo ante la mayor dificultad que supondrá previsiblemente a las autoridades españolas conseguir las traducciones de los documentos, explican las fuentes consultadas. El objetivo sigue siendo "ganar tiempo", añaden. El próximo asalto judicial será el 17 de noviembre. Ese día está previsto que se celebre la vista ante la Cámara del Consejo de Bruselas para que la justicia belga examine por primera vez la petición de entrega a España del presidente y los consejeros cesados. Su equipo jurídico trabaja en la estrategia a seguir ese día. La Operación Bruselas no ha hecho nada más que empezar.
