La reconciliación palestina se estrella con la disputa por el poder en Gaza
Hamás aplaza la entrega de la Administración de la Franja a la Autoridad Palestina hasta el 10 de diciembre
Juan Carlos Sanz
Jerusalén, El País
El pacto de reconciliación palestino forjado en El Cairo en octubre se ha visto comprometido por disputas de última hora entre las dos grandes facciones políticas que aspiran a retener el control del poder en Gaza. Hamás, que gobierna de facto en la Franja desde hace una década, acordó en la noche del martes con Fatah, el partido del presidente Mahmud Abbas, aplazar hasta el 10 de diciembre la entrega de la Administración a la Autoridad Palestina, que tenía que haberse hecho efectiva el viernes.
El gesto de buena voluntad del movimiento islamista que supuso hace un mes la cesión de los pasos fronterizos del enclave al Ministerio del Interior no ha tenido continuidad. La apertura de la terminal aduanera de Rafah con Egipto, prevista para el pasado día 15, quedó aplazada por “problemas técnicos”. La decepción empezó a cundir entonces entre los dos millones de habitantes de la Franja, que consideran vital contar con una salida al exterior para poner fin al bloqueo ejercido por Israel. Tampoco la reunión que mantuvieron los partidos una semana más tarde en El Cairo logró despejó las dudas sobre la viabilidad de la transferencia de poder entre Hamás y Fatah en Gaza.
El Gobierno de Egipto, cuya tutela sobre los asuntos del enclave palestino no ha dejado de crecer en los últimos meses, despachó una delegación mediadora a la Franja para intentar que se mantuviese el calendario del acuerdo de reconciliación, pero sus esfuerzos han resultado vanos. La Autoridad Palestina había ordenado el martes que todos sus funcionarios se presentaran en sus respectivos ministerios para organizar el traspaso de funciones. Pero no pudieron acceder a sus puestos.
En Gaza rige un inusual sistema de turnismo y cesantías entre los dos grandes partidos desde que Hamás se hizo con el poder por la fuerza en 2007, un año después de haber ganado las elecciones. El Gobierno de Ramala, sede de las instituciones palestinas en Cisjordania, ordenó entonces que todos los funcionarios dejaran de colaborar con el nuevo Ejecutivo de facto islamista. Más de 40.000 servidores públicos han permanecido en sus casas durante una década mientras seguían cobrando su salario. Los dirigentes islamistas de la Franja, mientras tanto, contrataron a otros tantos empleados para mantener en marcha la maquinaria administrativa durante todo este tiempo.
Fueron precisamente estos últimos funcionarios de Hamás —cuyas retribuciones no han quedado garantizadas en los acuerdos de reconciliación— quienes cerraron el paso a los funcionarios de Fatah las puertas de los ministerios. En un territorio aislado, sumido en la pobreza y con una tasa de desempleo del 44%, los salarios públicos ofrecen una rara oportunidad de supervivencia. Egipto ha aceptado el aplazamiento en la transferencia de poder solicitado por los dos partidos palestinos. Su objetivo es poder negociar un plan masivo de jubilaciones de funcionarios y obtener financiación entre los donantes internacionales que sostienen el funcionamiento de la Autoridad Palestina.
Parece plausible que si Hamás y Fatah no han sido capaces en más de dos meses de diálogo de traspasar apenas un 5% de las competencias en la Franja y de lidiar con la gestión de una Administración duplicada, difícilmente lograrán salvar el escollo del control de la seguridad y de las milicias en Gaza. Los islamistas se resisten a desarmar —como les exige el Gobierno del presidente Abbas, a los más de 25.000 hombres que integran las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado con el que se enfrentaron a Israel en tres guerras entre 2008 y 2014.
En medio de este clima de desavenencias políticas, la aviación y la artillería israelí bombardearon este jueves posiciones de Hamás y de Yihad Islámica en Gaza. Fue en represalia por el disparo de proyectiles de mortero, atribuido a las Brigadas de Al Quds, contra un puesto del Ejército en la frontera. El ala militar de Yihad Islámica pretendía vengar así la muerte de una docena de sus brigadistas en la voladura de un túnel bajo la frontera ejecutada por las fuerzas de Israel.
Jerusalén, El País
El pacto de reconciliación palestino forjado en El Cairo en octubre se ha visto comprometido por disputas de última hora entre las dos grandes facciones políticas que aspiran a retener el control del poder en Gaza. Hamás, que gobierna de facto en la Franja desde hace una década, acordó en la noche del martes con Fatah, el partido del presidente Mahmud Abbas, aplazar hasta el 10 de diciembre la entrega de la Administración a la Autoridad Palestina, que tenía que haberse hecho efectiva el viernes.
El gesto de buena voluntad del movimiento islamista que supuso hace un mes la cesión de los pasos fronterizos del enclave al Ministerio del Interior no ha tenido continuidad. La apertura de la terminal aduanera de Rafah con Egipto, prevista para el pasado día 15, quedó aplazada por “problemas técnicos”. La decepción empezó a cundir entonces entre los dos millones de habitantes de la Franja, que consideran vital contar con una salida al exterior para poner fin al bloqueo ejercido por Israel. Tampoco la reunión que mantuvieron los partidos una semana más tarde en El Cairo logró despejó las dudas sobre la viabilidad de la transferencia de poder entre Hamás y Fatah en Gaza.
El Gobierno de Egipto, cuya tutela sobre los asuntos del enclave palestino no ha dejado de crecer en los últimos meses, despachó una delegación mediadora a la Franja para intentar que se mantuviese el calendario del acuerdo de reconciliación, pero sus esfuerzos han resultado vanos. La Autoridad Palestina había ordenado el martes que todos sus funcionarios se presentaran en sus respectivos ministerios para organizar el traspaso de funciones. Pero no pudieron acceder a sus puestos.
En Gaza rige un inusual sistema de turnismo y cesantías entre los dos grandes partidos desde que Hamás se hizo con el poder por la fuerza en 2007, un año después de haber ganado las elecciones. El Gobierno de Ramala, sede de las instituciones palestinas en Cisjordania, ordenó entonces que todos los funcionarios dejaran de colaborar con el nuevo Ejecutivo de facto islamista. Más de 40.000 servidores públicos han permanecido en sus casas durante una década mientras seguían cobrando su salario. Los dirigentes islamistas de la Franja, mientras tanto, contrataron a otros tantos empleados para mantener en marcha la maquinaria administrativa durante todo este tiempo.
Fueron precisamente estos últimos funcionarios de Hamás —cuyas retribuciones no han quedado garantizadas en los acuerdos de reconciliación— quienes cerraron el paso a los funcionarios de Fatah las puertas de los ministerios. En un territorio aislado, sumido en la pobreza y con una tasa de desempleo del 44%, los salarios públicos ofrecen una rara oportunidad de supervivencia. Egipto ha aceptado el aplazamiento en la transferencia de poder solicitado por los dos partidos palestinos. Su objetivo es poder negociar un plan masivo de jubilaciones de funcionarios y obtener financiación entre los donantes internacionales que sostienen el funcionamiento de la Autoridad Palestina.
Parece plausible que si Hamás y Fatah no han sido capaces en más de dos meses de diálogo de traspasar apenas un 5% de las competencias en la Franja y de lidiar con la gestión de una Administración duplicada, difícilmente lograrán salvar el escollo del control de la seguridad y de las milicias en Gaza. Los islamistas se resisten a desarmar —como les exige el Gobierno del presidente Abbas, a los más de 25.000 hombres que integran las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado con el que se enfrentaron a Israel en tres guerras entre 2008 y 2014.
En medio de este clima de desavenencias políticas, la aviación y la artillería israelí bombardearon este jueves posiciones de Hamás y de Yihad Islámica en Gaza. Fue en represalia por el disparo de proyectiles de mortero, atribuido a las Brigadas de Al Quds, contra un puesto del Ejército en la frontera. El ala militar de Yihad Islámica pretendía vengar así la muerte de una docena de sus brigadistas en la voladura de un túnel bajo la frontera ejecutada por las fuerzas de Israel.
