Justicia belga convoca a Puigdemont al 17 de noviembre para examinar su euroorden
Los líderes independentistas consideran que en España no cuentan las garantías necesarias para un proceso justo.
AFP / Bruselas
La justicia belga examinará el 17 de noviembre la euroorden cursada contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno presentes en Bélgica, donde la crisis catalana se cierne sobre el ejecutivo de coalición belga.
La audiencia ante la Cámara del Consejo, dependiente del tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas, se celebrará a las 14H00 (13H00 GMT), indicó a la AFP una fuente de esta jurisdicción, precisando que los cinco políticos catalanes deberían comparecer.
La justicia española, que les acusa de "rebelión", "sedición" y "malversación" a raíz de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, emitió el viernes una orden de detención y entrega, al no personarse a una citación judicial en Madrid.
Los líderes independentistas consideran que en España no cuentan las garantías necesarias para un proceso justo, ya que, en palabras este lunes de Puigdemont en una tribuna en el diario británico Guardian, "los vínculos entre el poder judicial y el gobierno son visibles para todos".
"En Bélgica nos dejan en libertad sin fianza, mientras que en España estaríamos en prisión", tuiteó la consejera de Agricultura destituida Meritxell Serret. Sus ex compañeros Toni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura) también permanecen en Bruselas.
A la espera de decisión sobre euroorden
Ante la orden de busca y captura, los cuatro ex consejeros junto a Puigdemont decidieron el domingo entregarse a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional mientras la justicia belga se pronuncia sobre la petición española de entrega.
La decisión sobre la ejecución de la euroorden podría retrasarse si los abogados de la defensa piden más tiempo para estudiar el caso, si bien podrían aprovechar también la vista para subrayar un eventual riesgo que los investigados correrían en España.
Mientras tanto, Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía, explicó la fiscalía belga.
Sus compañeros de gobierno que comparecieron el jueves en Madrid corrieron una suerte diferente. Ocho fueron encarcelados y otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.
Su ingreso en prisión provisional el jueves generó protestas en esta región de 7,5 millones de habitantes, donde este lunes pequeños grupos de manifestantes independentistas cortaron brevemente carreteras y vías de ferrocarril.
¿'Lista unitaria'?
Preguntado sobre las diferencias entre los procesos judiciales en España y Bélgica, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, se limitó a indicar en Bruselas que "hay legalidades", si bien instó a Puigdemont a cumplir con la "legalidad española".
La destitución del gobierno catalán que organizó un referéndum de independencia el 1 de octubre, suspendido por la justicia, fue una de las medidas adoptadas por el ejecutivo español de Mariano Rajoy, quien además convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Ante esta cita electoral, el partido de Puigdemont (PDeCAT, conservador), que gobernaba en Cataluña a través de una alianza con otras fuerzas como ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), propuso una "lista unitaria", liderada por el presidente destutiudo.
Sus socios de gobierno de ERC se mostraron abiertos este lunes a "un acuerdo de máximo con todos los partidos" ya concurran juntos en una sola coalición o en "bloques coordinados, dentro de los cuales cada uno defienda su espacio", según su portavoz Sergi Sabriá.
Unos 200 alcaldes independentistas catalanes tienen previsto viajar el martes a Bruselas para "explicar" la situación en esta región que representa el 19% del PIB español.
'Demasiado lejos'
Con la marcha de Puigdemont a Bruselas, la crisis en España podría hacer peligrar el gobierno de coalición en Bélgica, entre fuerzas francófonas y nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), y afectar a las relaciones diplomáticas entre dos Estados de la Unión Europea.
El primer ministro belga, el francófono Charles Michel, cuyas declaraciones anteriores sobre Cataluña enfadaron al gobierno español, tiene previsto el miércoles responder a las cuestiones de los diputados sobre la crisis en España, según la agencia Belga.
Su intervención después de un cruce de visiones entre sus ministros de la N-VA y los francófonos. El ministro del Interior, Jan Jambon (flamenco) se preguntó si Madrid no había ido "demasiado lejos", mientras que el canciller Didier Reynders (francófono) urgió a dejar de creer "que se [puede] influir sobre lo que ocurre en España".
"Jambon pertenece a un partido colaboracionista con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial", es "un partido xenófobo, no es un socio recomendable para nadie", fustigó este lunes el portavoz del gobernante Partido Popular (PP, conservador) en la Eurocámara, Esteban González Pons, en la televisión pública española.
El PP "debería callarse", dijo ante la prensa el presidente de la N-VA, Bart de Wever, indicando vínculos entre la formación española y el período de la dictadura de Francisco Franco. "Muchas personas de este régimen son todavía responsables de este partido", agregó.
La justicia belga examinará el 17 de noviembre la euroorden cursada contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno presentes en Bélgica, donde la crisis catalana se cierne sobre el ejecutivo de coalición belga.
La audiencia ante la Cámara del Consejo, dependiente del tribunal de primera instancia neerlandés de Bruselas, se celebrará a las 14H00 (13H00 GMT), indicó a la AFP una fuente de esta jurisdicción, precisando que los cinco políticos catalanes deberían comparecer.
La justicia española, que les acusa de "rebelión", "sedición" y "malversación" a raíz de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre, emitió el viernes una orden de detención y entrega, al no personarse a una citación judicial en Madrid.
Los líderes independentistas consideran que en España no cuentan las garantías necesarias para un proceso justo, ya que, en palabras este lunes de Puigdemont en una tribuna en el diario británico Guardian, "los vínculos entre el poder judicial y el gobierno son visibles para todos".
"En Bélgica nos dejan en libertad sin fianza, mientras que en España estaríamos en prisión", tuiteó la consejera de Agricultura destituida Meritxell Serret. Sus ex compañeros Toni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura) también permanecen en Bruselas.
A la espera de decisión sobre euroorden
Ante la orden de busca y captura, los cuatro ex consejeros junto a Puigdemont decidieron el domingo entregarse a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional mientras la justicia belga se pronuncia sobre la petición española de entrega.
La decisión sobre la ejecución de la euroorden podría retrasarse si los abogados de la defensa piden más tiempo para estudiar el caso, si bien podrían aprovechar también la vista para subrayar un eventual riesgo que los investigados correrían en España.
Mientras tanto, Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía, explicó la fiscalía belga.
Sus compañeros de gobierno que comparecieron el jueves en Madrid corrieron una suerte diferente. Ocho fueron encarcelados y otro, que había dimitido oponiéndose a una declaración unilateral, quedó en libertad bajo fianza.
Su ingreso en prisión provisional el jueves generó protestas en esta región de 7,5 millones de habitantes, donde este lunes pequeños grupos de manifestantes independentistas cortaron brevemente carreteras y vías de ferrocarril.
¿'Lista unitaria'?
Preguntado sobre las diferencias entre los procesos judiciales en España y Bélgica, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, se limitó a indicar en Bruselas que "hay legalidades", si bien instó a Puigdemont a cumplir con la "legalidad española".
La destitución del gobierno catalán que organizó un referéndum de independencia el 1 de octubre, suspendido por la justicia, fue una de las medidas adoptadas por el ejecutivo español de Mariano Rajoy, quien además convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.
Ante esta cita electoral, el partido de Puigdemont (PDeCAT, conservador), que gobernaba en Cataluña a través de una alianza con otras fuerzas como ERC (Izquierda Republicana de Cataluña), propuso una "lista unitaria", liderada por el presidente destutiudo.
Sus socios de gobierno de ERC se mostraron abiertos este lunes a "un acuerdo de máximo con todos los partidos" ya concurran juntos en una sola coalición o en "bloques coordinados, dentro de los cuales cada uno defienda su espacio", según su portavoz Sergi Sabriá.
Unos 200 alcaldes independentistas catalanes tienen previsto viajar el martes a Bruselas para "explicar" la situación en esta región que representa el 19% del PIB español.
'Demasiado lejos'
Con la marcha de Puigdemont a Bruselas, la crisis en España podría hacer peligrar el gobierno de coalición en Bélgica, entre fuerzas francófonas y nacionalistas de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), y afectar a las relaciones diplomáticas entre dos Estados de la Unión Europea.
El primer ministro belga, el francófono Charles Michel, cuyas declaraciones anteriores sobre Cataluña enfadaron al gobierno español, tiene previsto el miércoles responder a las cuestiones de los diputados sobre la crisis en España, según la agencia Belga.
Su intervención después de un cruce de visiones entre sus ministros de la N-VA y los francófonos. El ministro del Interior, Jan Jambon (flamenco) se preguntó si Madrid no había ido "demasiado lejos", mientras que el canciller Didier Reynders (francófono) urgió a dejar de creer "que se [puede] influir sobre lo que ocurre en España".
"Jambon pertenece a un partido colaboracionista con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial", es "un partido xenófobo, no es un socio recomendable para nadie", fustigó este lunes el portavoz del gobernante Partido Popular (PP, conservador) en la Eurocámara, Esteban González Pons, en la televisión pública española.
El PP "debería callarse", dijo ante la prensa el presidente de la N-VA, Bart de Wever, indicando vínculos entre la formación española y el período de la dictadura de Francisco Franco. "Muchas personas de este régimen son todavía responsables de este partido", agregó.
